La quinta edición del Índice de Estado de derecho en México (IEDMX) evidencia la falta de avances substantivos en materia de Estado de derecho en la mayoría de las entidades del país.
- En el ranking mundial 2022 del World Justice Project, México obtuvo una calificación de 0.42, ubicándolo en el lugar 115 de 140 países, mientras que los mejor evaluados, Dinamarca y Noruega, tienen calificaciones de 0.90 y 0.89 respectivamente.
- Hay una brecha enorme para el tema del Estado de derecho, para llegar a un Estado de derecho fortalecido (…) Tiene muchos pendientes y no estamos bien”, dijo Eréndira González Portillo, coordinadora en México del WJP.
Uno de los retos, señala, es el tema de la seguridad, pues México en general tiene altas tasas de homicidio doloso, sin embargo, contrasta con la percepción de las personas.
La calificación promedio general de los 32 estados es de 0.42, en una escala del cero al uno, en donde uno significa una fuerte y eficiente aplicación de las leyes.
En comparación con la edición pasada, los puntajes mostraron cambios marginales, aumentando en 19 estados, descendiendo en tres, y permaneciendo sin cambios en 10.
Los resultados indican que los avances en materia de Estado de derecho son escasos.
- Todos los estados siguen por debajo de la mitad de la calificación idónea y tienen desafíos para alcanzar un Estado de derecho sólido, sobre todo en cuanto a seguridad y justicia penal.
En esta quinta edición del Índice de Estado de derecho en México, los tres estados con mejor puntaje son:
- Querétaro (0.49)
- Guanajuato (0.48)
- Aguascalientes (0.47)
En contraste, Guerrero, Ciudad de México y Quintana Roo ocupan las últimas posiciones con el mismo puntaje (0.36).
En esta edición observaron que existen 6 estados del país que destacan por sus mejoras continuas desde nuestra la primera edición del Índice de Estado de derecho en México, en 2018, y que son:
- Querétaro
- Guanajuato
- Sinaloa
- Baja California Sur
- Tamaulipas
- Sonora
Espacios cívicos, corrupción y seguridad
Por tercera edición consecutiva del IEDMX, continúa la contracción del espacio cívico, marcada por retrocesos en la libertad de expresión y mayores límites al trabajo de las organizaciones de la sociedad civil.
- Al igual que en años anteriores, esta edición del Índice muestra una tendencia al estancamiento en ausencia de corrupción, la cual cayó en siete estados, se mantuvo en los mismos niveles bajos en 10 y tuvo incrementos marginales en 15.
Por otro lado, los indicadores de seguridad se estabilizaron en esta quinta edición. Mejoró la percepción de seguridad en 22 estados, aunque las cifras de homicidios, y de incidencia y prevalencia delictivas siguen en niveles preocupantes.
La justicia con este Gobierno es un pendiente fundamental en México
A 5 años de su triunfo por la presidencia de la República, este 1 de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha caracterizado por la centralización del poder en el titular del Ejecutivo federal, eliminación de contrapesos democráticos, subordinación del Poder Legislativo, amenazas de todo tipo al Judicial pero sobre todo una inseguridad e impunidad donde delinquir en México sale muy barato, porque la probabilidad de que se haga justicia es de apenas 0.9%.
- De acuerdo al reporte de la organización Signos Vitales “El Estado Mexicano a revisión”, integrado por personajes como María Amparo Casar Enrique Cárdenas, Julio Frenk, José Ramón Cossío Salomón Chertorivsky Katia D’Artigues Luis De la Calle, María Elena Morera, Federico Reyes Heroles ,Jorge Suárez Vélez, entre otros, el acceso a la justicia es un pendiente fundamental en el país. Incluso delitos de máxima gravedad presentan niveles de impunidad alarmantes.
Durante el 2021 (último dato disponible en el INEGI), únicamente el 6.8% de los delitos cometidos fueron denunciados.
De hecho hay una cifra negra de 93.2%, es decir, en 93 de cada cien delitos no hubo denuncia o no se inició una carpeta de investigación.
De ese cien por ciento de los delitos denunciados sólo 14 de cada 100 son resueltos. En otras palabras, delinquir en México es muy barato, pues la probabilidad de que se haga justicia es casi nula: apenas 0.9%, de acuerdo cifras del INEGI.
- En el 50.8% de todas las carpetas de investigación que algún ministerio público o fiscalía inició no pasó nada o no se continuó con la investigación.
- Apenas en el 4.8% se puso al presunto delincuente a disposición de un juez y solo en 2.1% de los casos se obtuvo una reparación del daño, según datos del INEGI
Sostiene que entre diciembre de 2018, (cuando López Obrador asumió el poder) y marzo de 2023, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ha reportado la comisión de al menos 8 millones 793 mil 72 delitos, entre los cuales se cuentan 121 mil 636 homicidios dolosos.
Aunado a lo anterior, en 2022 se rebasó la cifra de 100,000 personas desaparecidas.
Según datos oficiales de la Secretaría de Gobernación, más de 30 mil casos de desaparición se han reportado entre 2019 y 2022, es decir la tercera parte de los desaparecidos se ha registrado en este sexenio.
- Si la tendencia se mantiene, el sexenio podría acabar con más de 60 mil registros de personas desaparecidas.
El reporte advierte que no obstante la dimensión de la crisis, no se han observado avances significativos en materia de seguridad y justicia, lo que ha generado un importante déficit en la respuesta y protección de las víctimas pero también en la impunidad.
- Impunidad: Recuerda que el informe “Voces contra la indiferencia” de la organización Artículo 19 revela que, desde enero de 2020 hasta diciembre de 2022, se inscribieron 1,504 personas en el registro local de víctimas en la Ciudad de México, pero solamente 186 han recibido apoyo económico del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de la capital, es decir, alrededor del 12 %.
El reporte advierte que toda la cadena de procuración, administración y aplicación de justicia en el país ha mantenido niveles de impunidad cercanos al cien por ciento, sin importar qué partido o persona gobierne el país.
- Detalla que un dato particularmente alarmante y que refleja el desinterés de ministerios públicos y jueces por hacer valer el Estado de derecho, es que entre 2006 y 2022 se han abierto 15 mil 848 averiguaciones previas y carpetas de investigación por el delito de tortura en México, pero solo se tiene registro de 8 sentencias condenatorias desde 1991
El nivel de confianza en autoridades de seguridad pública, seguridad nacional, procuración e impartición de justicia es apenas del 53% en la población de 18 años y más.
- Devastación: El análisis advierte que el desgaste y devastación que han sufrido las instituciones democráticas en México durante este gobierno ha sentado un precedente que revierte la tendencia de las últimas décadas.
Acusa que contrario a la narrativa que promueve el presidente López Obrador, la erosión institucional será tal, que el gobierno entrante tendrá que trabajar con menos capacidades institucionales y con una concentración de poder, tanto en la presidencia, como en las Fuerzas Armadas. Explica que si bien López Obrador ha buscado por todos los medios reconcentrar el poder, no quiere decir que en todos los casos lo haya logrado.
Si bien durante la primera mitad del sexenio los decretos, acuerdos presidenciales y las modificaciones legales que se llevaron a cabo violando la Constitución se mantuvieron vigentes, a pesar de haber sido controvertidas, en la segunda mitad de este periodo presidencial se han revertido parcial o totalmente algunas de esas reformas y otras empiezan a estudiarse en los órganos de control correspondientes, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ahora es amenazada por el Ejecutivo, su partidos y legisladores de concretar una reforma al Poder Judicial para que los ministros sean elegidos por voto popular en el 2024 en caso de que Morena y sus aliados ganen la mayoría calificada en el Senado y Cámara de Diputados.
El 93 por ciento de los crímenes no son denunciados
La mayoría de los crímenes que se cometen en México no se denuncian; las personas tienen un bajo nivel de confianza en el sistema de justicia. Expertos y académicos estudian esta realidad para proponer posibles herramientas que ayuden desde la sociedad civil a bajar los altos índices de impunidad que existen en el país.
- Para poder conocer la cantidad de delitos que se cometen y no son denunciados ante las autoridades, diversos países comenzaron a realizar “encuestas de victimización” en la década de 1970. En México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía llevó a cabo la primera encuesta en 2011.
- Al total de delitos cometidos no denunciados se le denomina la cifra negra, es decir, aquellos que han quedado invisibles y no se encuentran en los registros de los ministerios. Son datos de vital importancia para la creación de políticas públicas en temas de seguridad.
Los resultados de la última Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía durante 2022, revelaron que del total de los delitos cometidos en 2021, 93.2% no se denunciaron o no se abrió una carpeta de investigación por parte de la autoridad, y solo el 1.1% llegó a una resolución.
- En México se han creado políticas y leyes para combatir delitos. Sin embargo, Irene Tello, directora al momento de la entrevista de Impunidad Cero, una organización civil que se dedica a estudiar la impunidad en México.
- Explica, “tenemos muy buenas leyes, pero estas no se aplican, y cuando hay un delito, la gente o no denuncia o cuando denuncia, las autoridades no dan seguimiento a las carpetas de investigación, y al final terminamos teniendo esta sensación de que cometer un delito en este país puede ocurrir y no hay ninguna consecuencia”.
Es un círculo que no se rompe, entre los delitos que no se castigan y los millones que no se denuncian, creándose así el alto grado de impunidad que se vive en el país, dice Tello.
- Tello explica que la poca credibilidad de la población hacia las instancias de justicia se enfrenta a una cuestión estratégica y de voluntad por parte de las autoridades. “Las señales que envía o no el Estado desde su sistema penal son muy importantes.
- Si tú investigas muy bien un caso y lo resuelves, mandas una señal muy clara de que eso no está permitido y generas confianza en las personas para que se acerquen a denunciar”.
- “Este grado de insatisfacción y amargura, de ver que no importa qué hagas se siente como si a la autoridad no le importas … por supuesto que es desalentador”, explica Ana Fátima López, abogada que ofrece asesoría gratuita a mujeres que han sufrido violencia.
López explica que su relación con el sistema de justicia es tormentosa. “La promuevo mucho, pero con dolor, sabiendo que quizás pasen hasta ocho horas sin que las atiendan en los centros de justicia, pero, si una sale con una orden de protección de las seis mujeres a las que sugerí acudir, sé que ella cuenta con una herramienta que le puede servir a futuro”.
- Ita Bico Cruz, defensora especializada en equidad de género y atención a mujeres que se han visto en situaciones de violencia en la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, un organismo público autónomo, dice que se ha normalizado el que se dude de la información que las personas proporcionan o se les desaliente a denunciar cuando acuden a los Ministerios Públicos.
- “Pareciera que no quisieran que las personas denuncien por los malos tratos que reciben. Cuando a la persona que denuncia se le trata mal o se duda de su información, se le está revictimizando”, dice. Es decir, se le está haciendo revivir una situación traumática en lugar de recibir un acompañamiento sólido y amable que podría facilitar en sí el proceso de investigación, añade.
Incluso para las personas que llegan a denunciar, la información sobre los avances de las investigaciones y procesos de sus casos no se encuentran a su alcance, indica Serrano. “Te dan un número de carpeta de investigación, pero no hay mecanismos para darle seguimiento, para saber cuál es el estatus de la investigación, si hay detenidos, si no hay detenidos. Es muy complicado para las personas poder acceder a toda esta información”, dice.
- “La procuración de justicia es el cuello de botella del combate a la impunidad”, explica Impunidad Cero en su informe de 2021 sobre el Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías, un análisis que la organización realiza anualmente desde 2017.
- El sistema de justicia se compone de dos grandes pilares: procuración (procuradurías o fiscalías) e impartición (jueces y magistrados), aunque también existen otros elementos como mediación y medios alternativos de solución de controversias y otras situaciones.
Los factores que afectan el desempeño de la procuración, según el informe de Impunidad Cero, van desde el número reducido del personal en los Ministerios Públicos por 100,000 habitantes, hasta la forma en que se elige cada fiscal por estado (la fiscalía es la institución que dirige y organiza a los Ministerios Públicos al nivel estatal).
En su mayoría, los fiscales son nombrados por los gobernadores y congresos locales, “abriendo la posibilidad de que el poder ejecutivo pueda intervenir directamente en las decisiones de las fiscalías, las cuales deberían ser organismos autónomos, para evitar cualquier tipo de corrupción e impunidad”, explica Tello./PUNTOporPUNTO
Documento Íntegro en el Enlace:
https://worldjusticeproject.mx/wp-content/uploads/2023/06/IEDMX-2022-2023_Digital.pdf
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