México tuvo la calificación de «limitado» en la medición de la transparencia con la que manejó la gestión de la política fiscal que implementó como respuesta a la crisis del Covid-19, de acuerdo con la encuesta «Gestión de los fondos Covid. La brecha de la rendición de cuentas» realizada por el International Budget Partnership (IPB).
- En el documento se informa que a fines del 2020, los gobiernos habían movilizado 14 billones dólares en respuestas de política fiscal de diferentes tipos. Estos incluyeron medidas de gasto adicionales, programas de desgravación fiscal y préstamos y garantías de préstamos, todos con el objetivo de financiar los servicios de salud necesarios, abordar las pérdidas de ingresos y mantener a flote las economías.
Para esta encuesta se tomaron en cuenta los paquetes fiscales que utilizaron los gobiernos de 120 países desde el inicio de la pandemia hasta el 31 de diciembre del 2020. En el caso de México se tomó el decreto de austeridad para mitigar la crisis, publicado el 23 de abril del 2020.
Entre las acciones de aquel plan divulgado se encontraban la desaparición de 10 subsecretarías, la reducción de hasta 25% del sueldo de los altos funcionarios y no ejercer 75% del presupuesto para servicios generales y materiales, entre otros.
- “Este decreto, que tiene 11 puntos, fue el se evaluó porque fue la única medida que lanzó el gobierno. Fue el único documento que se encontró para responder el cuestionario; hay otras cosas que sacó la Secretaría de Economía, pero a nivel Ejecutivo federal sólo fue este decreto”, explicó Paulina Castaño, investigadora en el Programa de Justicia Fiscal de Fundar.
- El plan de austeridad representó un apoyo fiscal de 0.7% del Producto Interno Bruto y en opinión de Castaño estas medidas no fueron las adecuadas, porque todavía vemos un alto número de contagios, fallecimientos y aún seguimos en crisis económica.
- En México la información que transparentó el gobierno fue parcial, pues, no se tuvo información suficiente de los recursos ni de las herramientas que utilizó para hacer frente a la pandemia, “no se transparentaron de manera adecuada”, comentó.
Por ello, México apareció en la encuesta con el rango de “limitado”, cabe aclarar que no hay calificaciones claras y puntuales, como sí las hay en “La Encuesta de Presupuesto Abierto” que también realiza IBP, explicó.
En este ejercicio se clasificó la transparencia de la información en Sustancial, Adecuada, Algún, Limitado y Mínimo.
Se evaluó si los gobiernos pusieron a disposición del público información presupuestaria integral sobre los paquetes de política fiscal introducidos y cómo se implementaron.
- Paulina Castaño explicó que ésta es una encuesta que califica la transparencia y no la ejecución de los recursos.
- En su opinión adquirir deuda hubiera solucionado muchas cosas inmediatas, sin embargo, “el gobierno implementó mecanismos nada adecuados”.
En la situación actual se pudieron haber redirigido los recursos para atender a la población más necesitada, además de apoyar a los sectores de salud y educación, lo que pudo haber cambiado las cosas, aseguró la entrevistada.
Reprobado en vigilancia de los recursos
IPB también evaluó la vigilancia de los recursos destinados a combatir la pandemia y refiere que los gobiernos están introduciendo medidas de política fiscal a través de diferentes mecanismos eludiendo el proceso normal de aprobación legislativa.
En muchos países salieron de manera inmediata a fiscalizar los recursos que se ejercían para combatir la pandemia; sin embargo, en el caso de México la Auditoría Superior de la Federación (ASF) pasó desapercibida, al igual el papel del poder Legislativo que “no fue el mejor”, aseguró Castaño.
- En este sentido, dijo que, la fiscalización debe de ser constante y se debe apelar a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, además, hay una Comisión de Vigilancia sobre el trabajo que realiza la ASF, entonces, se pudieron poner de acuerdo para trabajar en una fiscalización de los recursos en tiempo real.
- “El Poder Legislativo no hace de manera adecuada su trabajo, no digo que no lo hace por completo, sin embargo, no vemos que tenga un rol activo en el trabajo de fiscalización y vigilancia”.
Por el contrario, el Congreso se dedicó a pasar todos los decretos presidenciales, como la eliminación de los fideicomisos, bajar el sueldo a funcionarios o medidas de austeridad que realmente no tiene un impacto en cuanto a montos importantes. “Aquí me parece que se quedó corto el Legislativo”.
Falta participación ciudadana
Año tras año, México responde la “Encuesta de Presupuesto Abierto” y ahora con la excepción del módulo de Covid, se refleja de nuevo que no hay participación ciudadana en la toma de decisiones del poder.
“No hay mecanismos adecuados, abiertos y accesibles para que la ciudadanía participe para conocer más sobre el ejercicio de los recursos públicos. Esto es algo que ha fallado en el gobierno”.
- En este sentido, Fundar ha tratado de impulsar que los gobiernos (local y federal) generen mecanismos de comunicación en donde se logre captar el interés del ciudadano y de esa forma empezar a vincular a la ciudadanía con los procesos de decisión presupuestaria.
“Hay ejercicios como el rally de datos o el explora datos que también emite la Secretaría de Hacienda y que al final se quedan cortos porque no tienen un impacto directo. Lo que se produce en esos mecanismos de participación ciudadana no son vinculantes en la toma de decisiones”.
México es el país de AL que menos dinero ha gastado durante la pandemia
México siguió el camino de la austeridad fiscal durante la pandemia de covid-19. Un camino que ni siquiera el Fondo Monetario Internacional, FMI, ha recomendado.
A diferencia de lo que hizo al desatarse la crisis financiera de 2008, el FMI esta vez se mostró a favor del endeudamiento de los gobiernos para hacer frente a la recesión, excepto en aquellas economías cuyas arcas fiscales están secas o no tienen ninguna capacidad de conseguir recursos en los mercados financieros.
- «Para detener el declive de la actividad económica y el aumento de la pobreza, México se beneficiaría de un mayor apoyo fiscal temporal a corto plazo», señala un informe del organismo publicado en octubre del año pasado, en el cual recomienda gastar entre 2,5% y 3,5% del Producto Interno Bruto, PIB.
- «México tiene cierto espacio fiscal y disfruta de un cómodo acceso al mercado que podría utilizarse durante estos tiempos difíciles», agrega el documento.
Y en febrero de este año, Alejandro Werner, quien era director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, dijo que un aumento del gasto fiscal «obviamente hubiese beneficiado a la población» y habría evitado que empresas medianas se fueran a la quiebra.
- Sin embargo, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador decidió mantener el cinturón bastante apretado y gastó un 0,7% del producto interno bruto en medidas de estímulo fiscal, la cifra más baja de todos los países latinoamericanos.
- Arturo Herrera, secretario de Hacienda, defendió la política del gobierno hace unas semanas argumentando que, en comparación con otras economías de América Latina, México tendrá una posición macroeconómica y fiscal mucho más fuerte cuando termine la crisis, gracias a la decisión de no contratar deuda adicional y generar buenas expectativas ante los inversores.
Agregó que en los próximos meses, la herramienta fiscal y financiera más importante será la campaña de vacunación, la cual tendrá un efecto positivo en la economía.
Y en enero de este año argumentó que el gobierno no contrató más deuda porque el marco legal del país no se lo permite.
«Había cuestiones legales ligadas, en el caso de México, se tiene una ley muy antigua en la cual se prohíbe el uso de deuda pública para otra cosa que no sea infraestructura pública», dijo Herrera en un foro organizado por la calificadora de riesgo crediticio Fitch Ratings.
En otra ocasión, Herrera dijo que mientras los países desarrollados pagan una tasa de interés cercana a cero por la emisión de deudas, México, en cambio, tiene que pagar un 4,25% por los préstamos.
BBC Mundo contactó a la Secretaría de Hacienda, pero no recibió respuesta.
«Fue un error»
«El nivel de gasto fue bajísimo, fue un error», dice Héctor Villareal, profesor del Tec de Monterrey y director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, CIEP.
- Aunque reconoce que el gobierno creó algunos programas para combatir la pandemia, Villareal sostiene en diálogo con BBC Mundo que muchas medidas fueron financiadas con ajustes en otros rubros de las finanzas públicas.
- Funcionarios del gobierno han argumentado que fue necesario tener un criterio fiscal prudencial en caso de que la crisis se prolongara por más tiempo.
Con una deuda pública cercana al 60% del PIB, mucho menor que la de Argentina y Brasil, la decisión fue, aparentemente, no correr riesgos.
«En teoría tenemos un gobierno de centro izquierda, pero que en términos de deuda se comporta como un gobierno conservador», apunta Villareal.
«Combatir la pobreza y la desigualdad»
Aunque la economía cayó un 8,2% el año pasado y la pobreza se disparó a más de la mitad de la población, hay expertos que han destacado las decisiones tomadas por el gobierno.
- «La política de México frente a la pandemia ha sido importante porque uno de los objetivos de este gobierno ha sido combatir la pobreza y desigualdad», dijo en marzo Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal.
«Antes de la pandemia el gobierno empezó a preocuparse por los pobres, se adelantaron y se expandieron las transferencias monetarias», agregó.
Proteger las finanzas públicas
José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, IDIC, considera que «la respuesta fue limitada» en los apoyos fiscales.
- «No hubo movimiento en las tasas impositivas o en transferencia de subsidios, o mecanismos que facilitaran el financiamiento en el sector privado». Aunque reconoce que hubo programas de transferencias directas a micronegocios, le dice a BBC Mundo que «no se aplicó un programa contracíclico en materia fiscal».
«Si bien el gobierno tiene un profundo sentido social, en materia fiscal en realidad es un gobierno muy ortodoxo y más tendiente hacia lo liberal», dice el investigador.
Según De la Cruz, estaba claro que, por su dimensión, la crisis iba a generar un costo importante y por eso la mayoría de los países trató de suavizar el impacto.
En el caso de México, argumenta, la decisión fue evitar que las finanzas públicas terminaran pagando el costo de la crisis. «La mayor parte del costo social y económico terminó siendo pagado por la sociedad», apunta.
Argumenta que un millón de empresas tuvieron que cerrar y al menos dos millones de personas no han logrado recuperar sus empleos, una situación que desde su perspectiva, podría haberse mitigado.
«El costo político»
En eso coincide Rodolfo de la Torre, director de Desarrollo Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, CEEY.
De la Torre cuenta que uno de los argumentos del gobierno para evitar el aumento del nivel de deuda fue que en rescates financieros previos los beneficios fueron aprovechados por la clase empresarial y no por los más vulnerables. «Me parece que ese argumento es muy débil».
Para De la Torre, aunque en el pasado pudo haber desviaciones de los recursos fiscales, «también es cierto que esos recursos apoyaron al conjunto de la economía y evitaron un colapso mayor». Pero, a su juicio, hay una razón más de fondo que explica por qué las ayudas fiscales fueron las más bajas de América Latina.
«Habría existido un gran costo político si el gobierno, después de endeudarse, hubiese tenido que realizar una reforma fiscal profunda para pagar las deudas», advierte. Como esas reformas o ajustes, suelen provocar un descontento generalizado, agrega, optó por evitar ese costo político.
- El experto cree que el gobierno hizo un balance y determinó que el costo político actual, de no haber aumentado las ayudas fiscales, tiene un costo político más disperso en un gran número de personas, generalmente poco organizadas.
«Es un costo que estaría parcialmente justificado por un factor externo, que en este caso sería la pandemia y sus secuelas».
- Si el objetivo era mejorar el bienestar de la población y aumentar las posibilidades de una recuperación económica, agrega, «había que endeudarse, gastar, y después hacer una reforma fiscal, incurriendo en un costo político».
- Pese a la gran recesión que experimentó el país en 2020, las proyecciones del gobierno y de organismos internacionales señalan que este año se producirá un rebote y el crecimiento estará cercano al 5%.
Mientras la vacunación avance y no se produzca una nueva ola de contagios, los expertos creen que este año debería marcar una clara recuperación, siguiendo la tendencia global.
Lo que no se va a recuperar muy rápidamente son las secuelas sociales de la pandemia que, al igual que en el resto de los países de la región, requerirán varios años antes de regresar a los niveles de bienestar previos./Agencias-PUNTOporPUNTO
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