Entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el gobierno mexicano fue el que menos recursos movilizó para fortalecer la oferta de servicios de salud y brindar ayuda a hogares y empresas para superar la crisis desencadenada por la pandemia de Covid-19.
- El gasto adicional al presupuesto de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador para afrontar la emergencia económica fue inferior a 2% del producto interno bruto (PIB) hasta marzo de 2021, el índice más bajo entre los 36 países que integran el organismo internacional.
La información aparece en el reporte «Panorama de las administraciones públicas 2021», publicado este viernes. El documento examina cuestiones como la capacidad del gobierno
para responder con flexibilidad e innovación a la crisis desencadenada por los confinamientos.
- De acuerdo con el documento, todos los países de la OCDE han adoptado medidas fiscales dirigidas a mitigar las secuelas económicas y de salud provocadas por la crisis, pero la naturaleza y la escala del apoyo “varió ampliamente”.
- Sostiene que, en países como Alemania, Italia y Japón, el apoyo presupuestal se canalizó principalmente a través de ayudas de liquidez empresarial, inyección de capital, préstamos, compras de activos y garantías.
El apoyo fiscal implementado o planificado entre los países de la OCDE asciende a alrededor de 16.4% del PIB a través de gastos adicionales, y hasta el 10.5% del PIB en medidas financieras o de liquidez, como son las contribuciones de capital, los préstamos y las compras de activos.
- La confianza en el gobierno mexicano (50%) se encuentra en niveles similares a los de la media de la OCDE (51%), sin embargo, es muy inferior respecto al servicio civil, de 17% en comparación con la media de 49%.
- El 15% de los mexicanos dice confiar en el Congreso de la Unión, mientras que el estándar es de 34%. Igual de acentuada es la insatisfacción en los servicios públicos, pues 38% de los mexicanos afirma estar satisfecho con la policía, por debajo de 78% en la OCDE.
En tanto, 48% aprueba al sistema de salud y a la educación, frente a una media de 71% y 68%, respectivamente. Uno de tres mexicanos expresa satisfacción con el sistema judicial, lejano del 57% a nivel del “club de los países ricos”.
La OCDE recomendó a los gobiernos aprender a gastar mejor, es decir que deben revisar el gasto público para aumentar la eficiencia, mejorar la calidad de los servicios públicos y
garantizar que las prioridades coincidan con las necesidades de la ciudadanía.
Además. el organismo con sede en París considera fundamental combatir la desinformación. Advierte que existe el riesgo de que la pandemia aumente el distanciamiento de la ciudadanía con los procesos democráticos tradicionales.
“Aunque el problema de la desinformación es anterior al surgimiento de Covid-19, la difusión masiva de información engañosa y errónea desde el inicio de la pandemia ha
obstaculizado la implementación de políticas y medidas de salud, aumentando la desconfianza hacia las vacunas y frustrando los esfuerzos para frenar la pandemia”, destacó la OCDE.
- El reporte sostiene que un componente esencial para frenar la ola de desinformación sobre salud es la cooperación entre autoridades y las partes interesadas, desde empresas privadas a instituciones académicas.
- Al menos hasta 2019, ningún actor había sido consultado por el gobierno y la Secretaría de Salud sobre el tema de la lucha contra la desinformación, incluyendo medios de comunicación, instituciones universitarias, instituciones tecnológicas y organizaciones intergubernamentales.
El estudio sostiene que “México tiene la inversión pública más baja entre los países de la OCDE”. Sostiene que fue de 1.3% del PIB en 2019, por debajo del promedio de 3.4%.
“Se trata de una disminución de 0.7 puntos porcentuales con respecto a 2007, cuando la inversión pública de México fue del 2.0% del PIB”.
- Por otro lado, el país ha experimentado una reducción en la cobertura de salud al pasar de 93% en 2014 a 88% en 2018, fenómeno que ha ido en línea con la disminución del gasto en salud como proporción del PIB.
- “En México, dada la cobertura limitada de la atención médica, una gran proporción del gasto en salud proviene del bolsillo de los ciudadanos”, mostró el reporte. Como nota positiva, la OCDE resalta que México es una de las dos naciones que ha logrado la igualdad de género en el legislativo, junto con Nueva Zelanda, pues 48% de los integrantes del Congreso son mujeres, lo que representó 11% más respecto a 2012.
En países como Colombia, Hungría, Japón y Turquía, la proporción es inferior a 20%.
La reasignación de recursos deteriora los servicios de salud pública
La falta de medicamentos y la deficiente atención en los hospitales y clínicas del sector público que han padecido los mexicanos en los últimos meses tiene su origen en las reasignaciones y detenciones de gasto en salud por parte del gobierno federal, revelan cifras de la secretaría de Hacienda.
Sonia Valencia, quien tiene 63 años y es diabética, enfrenta la escasez de la insulina que necesita para el tratamiento de su enfermedad: «No había insulina en la clínica, no la hay desde hace tres meses; me arreglo aún con dosis que me dio mi hermana”, aseguró.
- “Yo tengo tres casos: mi mamá no ha tenido medicamento desde hace nueve meses, necesita Levadopa para Parkinson. Mi papá, antes de que falleciera tenía seis meses de no tener medicamento para Parkinson. Uno de mis mejores amigos no ha tenido medicamento para VIH, ni citas de seguimiento desde que empezó la pandemia. Todos afiliados al IMSS”, compartió por su parte Eréndira Reyes.
Sofía, quien tiene 4 años y es hija de madre soltera, tuvo que suspender su tratamiento en el Instituto Nacional de Pediatría (INP) porque necesita darse de alta en el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). Ella está inscrita en el Seguro Popular, pero como el gobierno federal lo desapareció, debe hacer y aprobar los trámites nuevamente para continuar con su rehabilitación.
Millones de casos
Los casos en el país se multiplican. Entre 2019 y 2020, las recetas médicas no surtidas efectivamente se triplicaron en el IMSS, pasando de 5 a 15.9 millones. En ese mismo lapso, el ISSSTE redujo considerablemente el número de sus recetas emitidas, de 36.6 millones a 28.2 millones, refiere el Informe de Transparencia en Salud 2019-2020, de los colectivos Nostrxs y Cero Desabasto.
- Este último colectivo, encargado de llevar un registro de recetas no surtidas en el país, recibió 775 reportes de enero a abril de este año, provenientes de 30 estados del país. De este registro, el 43% se concentra en clínicas del IMSS; el 28% en farmacias y clínicas del ISSSTE, y el 21% en el Insabi. Los medicamentos para el control de la diabetes concentran el 19% de los reportes, seguidos por medicamentos para cáncer con 16% y 10% para enfermedades reaumatológicas.
¿Qué hay detrás?
El sector público enfrenta cada año menos espacio fiscal para hacer ajustes a sus presupuestos de acuerdo a las verdaderas necesidades de salud y sociales de la población y su crecimiento.
- Tiene gastos ineludibles que crecen año con año como son las pensiones, las transferencias a los estados, y el pago del servicio de la deuda. Los ingresos públicos por impuestos y petroleros han mostrado desaceleraciones desde finales de 2019, lo que obliga a hacer reasignaciones a los gastos, y en los que se muestra que la salud no es una prioridad, comentó en entrevista Judith Méndez, investigadora del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
- Por ejemplo, el gasto público per cápita en el IMSS pasó de 4,638 pesos en 2016 a 4,500 pesos en 2021. Incluso en el Insabi, antes Seguro Popular, pasó de 3,732 a 2,911 pesos, en el mismo lapso de tiempo. Todo en pesos a valor de 2021, muestra el análisis Del Seguro Popular al INSABI: Mayor población con menor atención del CIEP.
También está la necesidad creciente de recursos para los programas sociales bandera de la actual administración federal, los cuales ante la menor llegada de ingresos públicos y sobre-ejercicios han descobijado a otros programas de salud, detalló Tamón Takahashi, director general del centro de investigación AGV Analytics.
Menos programas
El nuevo esquema de gasto deshabilita a otros programas presupuestarios como el de Salud materna, sexual y reproductiva; el de Prevención y control de sobrepeso, obesidad y diabetes, y el de Vacunación, refiere el informe Números del Erario, gasto en Salud, primer trimestre 2021 de México Evalúa.
“Lo inquietante es que no podemos saber cómo a partir de él se está distribuyendo el gasto para cada tipo de padecimiento o necesidad”, detalla el documento.
Cabe destacar, que el primer trimestre del año se caracterizó por una disminución del gasto federal en salud: los 128,400 millones de pesos (mdp) acumulados fueron 6.4% menores al gasto previsto (eso equivale a 8,800 mdp que se tenía previsto gastar y que no se ejercieron); son incluso menores en 2.5% (-3,500 mdp) al gasto observado en 2020.
Cortan 82% los recursos para la salud mental
Entre 2020 y 2021, el Gobierno federal redujo 81.6 por ciento los recursos destinados a los estados para atender la salud mental de la población. En el extremo, hay 12 entidades que este año no cuentan con recursos de la Federación para hacer frente a trastornos como depresión, ansiedad y esquizofrenia, entre otros.
- El Sol de México analizó la información vertida en 288 convenios de ministración de subsidios destinados a acciones de salud pública que fueron firmados entre la Secretaría de Salud federal (SSa) y los gobiernos de los estados, entre 2013 y 2021.
- Los recursos presupuestarios considerados incluyen aquellos que se transfirieron a las entidades federativas vía subsidios del ramo 12 de salud, a través de aportaciones federales del ramo 33 y por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que antes era el Seguro Popular.
- Los recursos a salud mental en los estados fueron aumentando durante todo el sexenio de Enrique Peña Nieto, pasando de 210.3 millones de pesos en 2013 a 402.9 millones en 2018. Para el año 2019, el primero de la administración de Andrés Manuel López Obrador, esta bolsa alcanzó su monto máximo de 456.7 millones de pesos.
Aunque se trataba del primer año del nuevo gobierno, el gasto federal de 2019 aún llevaba la inercia de la administración anterior. Fue cuando la Cuatroté tuvo el control total de los nuevos presupuestos que los recursos para hacer frente a las enfermedades mentales en los estados se desplomaron.
En 2020 el gasto cayó a 283 millones de pesos debido a las reducciones de las transferencias del ramo 33 y de los apoyos del recién creado Insabi (mucho menores a los que fluían vía el Seguro Popular). Y para este año, los estados apenas tienen asignados 52 millones únicamente por el ramo 33, desapareciendo por completo los subsidios del ramo 12 y los apoyos del Insabi. De un año a otro, los estados se quedaron sin casi 82 por ciento de los recursos con los que contaban para salud mental.
- La caída drástica se traduce en que este año hay doce estados que no tienen asignado un solo peso para este fin. Estos son Aguascalientes, Baja California, Campeche, Coahuila, Colima, Chihuahua, Chiapas, Ciudad de México, Hidalgo, Sonora, Tabasco y Zacatecas.
Y en otros estados, las cantidades dirigidas para atender trastornos mentales son ridículas. Es el caso de Yucatán, que cuenta con 40 mil pesos, o Baja California Sur, que tiene asignados 63 mil.
Gasto central sin cambios
Además de los recursos destinados a los estados, el Gobierno federal designa una partida de su presupuesto a la salud mental, que operan el Secretariado Técnico del Consejo de Salud Mental, el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz y los Servicios de Atención Psiquiátrica, todos dependientes de la SSa.
Sin embargo, el presupuesto a estas tres entidades en su conjunto también se redujo dos por ciento entre 2020 y 2021, pasando de mil 651 a mil 618 millones de pesos. Este gasto apenas representa el uno por ciento de todo el presupuesto federal destinado a salud./Agencias-PUNTOporPUNTO
Documento íntegro:
Goverment%20at%20Glance%202021_OCDE
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