A través de su Tercer Informe Sobre Integridad en el Proceso Electoral 2023-2024, organizaciones sociales, académicos y sector empresarial alertaron que es necesario que las autoridades competentes investiguen y sancionen cualquier violación a la normativa electoral, especialmente aquellas que involucren el uso indebido de recursos públicos, la comisión de violencia política o la intervención del crimen organizado en las elecciones.
- Y es que luego de analizar el desarrollo de la etapa de intercampañas, comprendida entre el 19 de enero y el 29 de febrero de 2024, los actores integrantes del Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral (ANIE) identificaron, entre otras cosas, que a pesar de las múltiples denuncias y sanciones impuestas por las autoridades electorales persiste un involucramiento directo y sistemático del presidente Andrés Manuel López Obrador en el proceso electoral.
- En este sentido, documentaron que en al menos 30 ocasiones el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha determinado que las conductas del presidente violan la normativa electoral vigente, al tiempo que señalaron que el uso de las conferencias matutinas del presidente como plataforma para promover a la candidata oficialista “genera un clima de incertidumbre y desconfianza que afecta la legitimidad y la equidad de las elecciones”.
Otros de los temas de alerta en el que insisten las organizaciones se enfoca en la persistencia de diversos tipos de violencia que ponen en riesgo directo a los actores políticos, pues indicaron que a pesar de los esfuerzos realizados por las autoridades para implementar medidas de protección, la violencia política, social y del crimen ha afectado a actores de todos los partidos y ha cobrado la vida de al menos 24 aspirantes o precandidatos a cargos de elección popular, de acuerdo con Laboratorio Electoral.
“La intervención del crimen organizado en las elecciones locales, particularmente en estados con alta incidencia delictiva, ha alcanzado niveles alarmantes… Es imperativo que las autoridades fortalezcan los mecanismos de prevención, investigación y sanción de la violencia política, y que se establezcan protocolos más efectivos para garantizar la integridad física de quienes participan en el proceso electoral”, subrayaron.
Asimismo, identificaron un uso indebido de los procedimientos especiales sancionadores por parte de actores políticos para silenciar el debate libre en redes sociales y medios de comunicación.
- Sobre este tema dijeron que durante el periodo de intercampañas, “hemos observado un aumento en el número de denuncias presentadas por candidatos y partidos en contra de periodistas, líderes de opinión y ciudadanía que expresan críticas o cuestionamientos a través de plataformas digitales”.
Y es que alertaron que bajo el argumento de supuestas violaciones a la normativa electoral o acusaciones de violencia política de género, estos actores han buscado utilizar los mecanismos legales para limitar la libertad de expresión y disuadir la participación en el debate público.
Frenar intervención de AMLO, un reto para las autoridades electorales
Tanto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) como el Instituto Nacional Electoral (INE) han hecho diversos llamados al Ejecutivo para que se conduzca dentro del marco de la ley en cuanto a los procesos electorales se refiere, sin embargo, el titular del Ejecutivo hizo caso omiso durante las precampañas y las intercampañas y se mantuvo emitiendo declaraciones sobre el proceso, razón por las que tan solo el PRD, ha presentado 43 quejas, 12 de las cuales han quedado firmes por las autoridades electorales:
Las sentencias en las que se le ha dado la razón al sol azteca en contra de AMLO, tienen que ver por uso indebido de recursos públicos, promoción personalizada, difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido, vulneración al principio de imparcialidad y neutralidad en la contienda, así como uso indebido de programas sociales.
Además, se ha acreditado el incumplimiento de medidas cautelares, por lo que se aprobó una medida de tipo inhibitorio y se le ordenó abstenerse bajo cualquier modalidad o formato, de realizar manifestaciones, emitir comentarios, opiniones o señalamientos sobre temas electorales.
Ello, ya sea de forma positiva o negativa, cuidando que su actuar se encuentre ajustado a los principios constitucionales de imparcialidad y neutralidad.
Incluso, en la sentencia en su contra se le apercibió que, en caso de incumplimiento, se le impondrá una multa económica como medida de apremio.
Durante las etapas de precampaña e intercampaña, el presidente no sólo no hizo caso, sino que criticó las quejas y procesos en contra de su activismo como una medida de censira.
El tono cambió con la entrada de las campañas; el propio presidente solicitó a los periodistas que van a la mañanera que le ayuden y no le pregunten del proceso electoral:
«Entre todas y todos ayudamos, les pido eso, cooperación para que si hay un tema que no debemos de tocar nosotros mismos nos autolimitemos, si nos parece. Ya ustedes me dicen si puedo o no puedo, para que no se de ningún motivo y para que no violemos la normatividad», dijo el presidente en su mañanera del viernes 1 de marzo, justo el día en que comenzaron las campañas federales.
Un freno a las autoridades
A pesar de las quejas y denuncias en su contra, el presidente logró librar que se le armara un expediente sobre sus actuaciones; apenas este 28 de febrero, la Sala Superior del Tribunal Electoral desechó la creación de un cuaderno auxiliar que incluiría casos firmes sobre la injerencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en la elección federal en marcha y que serviría de base o insumo de la calificación de la elección presidencial.
En su lugar, avaló una propuesta descafeinada: un catálogo de infracciones sobre las irregularidades cometidas por todos los servidores públicos durante electoral en marcha.
La propuesta original la había generado la magistrada Janine Otálora para crear el cuaderno auxiliar, y tenía como base el hecho de que ni el presidente Andrés Manuel López Obrador, ni los gobernadores pueden ser sancionados directamente por la Sala Superior, sin embargo, ésta fue desechada por sus pares al considerar que la calificación se hará con base en las sentencias.
“Mi propuesta de abrir un cuaderno de antecedentes, un cuaderno auxiliar vinculado con el dictamen de la calificación presidencial, en la cual se vayan registrando todas las sentencias, todas las resoluciones emitidas por diversos órganos y autoridades, en los que se acreditó de manera definitiva que cualquier titular de un poder ejecutivo violó un principio fundamental en nuestra democracia que es el de la equidad”, dijo Otálora en su momento.
Su compañero magistrado Reyes Rodríguez consideró que el cuaderno auxiliar podría tener “un valor público”, dado que facilitaría el acceso a las sentencias en las que se ha encontrado una vulneración a los principios de equidad, imparcialidad y neutralidad en la elección presidencial, que la Sala Superior tomará en cuenta durante la calificación de la elección presidencial.
El magistrado Felipe de la Mata, quien junto con Fuentes y la magistrada presidenta Mónica Soto, han votado en el mismo sentido en las últimas sesiones, tras la renuncia del su par Reyes Rodríguez, por “falta de confianza”, desestimó la creación de un cuaderno auxiliar.
“Estamos ahorita en torno a la metodología para crear un instrumento útil. Pero yo veo, lo digo con sinceridad, que uno (el cuaderno auxiliar) y otro (el catálogo) nos lleva hacia el mismo sentido, y que no pasa nada si le ponemos cuaderno de antecedentes y se cosen a un expediente, o si es un catálogo, tiene la misma información que tendría el cuaderno de antecedentes y se encuentra en una computadora a la que tiene acceso todo el mundo.
“Yo en ese contexto y sentido, lo digo también con mucha sinceridad, me parece que lo razonable es adoptar sólo uno (el catálogo), que al final del día va a tener información suficiente”.
Denuncia vs. AMLO
El debate para la creación de ese catálogo tuvo como origen la resolución de la Sala Especializada que determinó que el presidente López Obrador incurrió en diversas infracciones en su mensaje del Quinto Aniversario del Triunfo del Pueblo realizado el 1 de julio del 2023.
- En su resolución, tras la queja que presentó la senadora panista Kenia López Rabadán, la Sala Especializada concluyó que el mandatario federal incurrió en promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos y vulneró los principios de equidad y neutralidad de la contienda, durante el evento realizado en el Zócalo capitalino.
No obstante, determinó que no incurrió en actos anticipados de precampaña y campaña, dado que el mandatario no hizo llamados al voto a favor o en contra de algún candidato o partido político.
«Vamos muy bien, de seguir así va a ganar México»
López Obrador calificó positivamente el segundo debate presidencial. «Estamos bien y de nuevas», dijo este lunes, sin embargo, aprovechó el tema para hablar de las campañas contra su gobierno y defender nuevamente a sus hijos.
«No hubo groserías, algunas cosas ahí menores. Pero muy bien, vamos muy bien. Estamos a un mes de las elecciones más importantes en cuanto a los cargos a elegir y todo está en santa paz», refirió al ser cuestionado durante su conferencia matutina.
Reconoció que hay diferencias las cuales deben expresarse, pero también que hay «exageraciones y calumnias», refiriéndose a las campañas de «narcopresidente» y las acusaciones contra sus hijos de estar presuntamente inmiscuidos en actos de corrupción. «Los emplazo a presentar denuncias».
- Ambos temas fueron usados en el debate de este domingo por parte de la candidata Xóchitl Gálvez, que llamó a Claudia Sheinbaum como «narcocandidata» y le cuestionó si investigaría a los hijos del presidente. La morenista se limitó a pedir que, si había pruebas contra ellos, que presentaran las denuncias.
- López Obrador, por su parte, defendió esta mañana que «no somos corruptos y sí puedo hablar de mis hijos, porque los conozco, no son corruptos. Si tiene pruebas que las presenten». Además, aseguró que él no acudiría a la fiscalía para pedir ayuda. «No le voy a hablar al fiscal para decirle: ‘oigan, ahí se los encargo’. No», dijo.
También aseguró que estas «calumnias» no están teniendo impacto entre la población porque están logrando «enfrentar a la mafia del poder en México» y la gente está muy politizada.
Finalizó volviendo a hablar sobre el debate: «Vamos muy bien, vi el debate ayer y me gustó mucho, mucho, mucho. Vamos muy bien. Si seguimos así, va a ganar México.
México se encamina hacia su elección más violenta
La violencia electoral avanza sin freno en México. Noé Ramos Ferretiz, candidato a la presidencia municipal de Ciudad Mante (Tamaulipas), realizaba un recorrido de campaña el pasado viernes, cuando fue interceptado y apuñalado varias veces.
El político del Partido Acción Nacional (PAN) murió en medio del acto proselitista en la colonia Azucarera, ante la conmoción de sus simpatizantes e imágenes sobrecogedoras de carteles de propaganda manchados de sangre. El principal sospechoso huyó sin dejar rastro, a plena luz del día. Sería detenido un par de días más tarde. Horas después del crimen en Mante fue hallado el cuerpo de Alberto Antonio García, aspirante de Morena a la alcaldía de San José Independencia (Oaxaca). Su esposa, la presidenta municipal de esta localidad de menos de 5.000 habitantes, fue liberada viva tras estar secuestrada durante dos días.
- Los homicidios de Ramos Ferretiz y de García han sido los dos últimos casos registrados durante el proceso electoral, en el que ya se contabilizan 30 aspirantes asesinados, de acuerdo con datos del think tank Laboratorio Electoral.
En 2021, al menos 30 contendientes fueron asesinados, según datos de la consultora. En el proceso de 2018, hubo 24. A falta de más de 40 días hasta la cita con las urnas del próximo 2 de junio, estas votaciones están cerca de convertirse en las más violentas de los últimos años. “El fenómeno de la violencia electoral ha ido creciendo en el país y cada vez se extiende más, no es solo una cuestión de cifras, sino también de expansión territorial: hay más focos rojos, más puntos con mayor incidencia de la violencia, más ataques”, afirma Arturo Espinosa Silis, director de Laboratorio Electoral.
“No creo que haya que esperar a que se supere el número de víctimas mortales, este proceso electoral ha sido más violento cuando se miran otras aristas, como los atentados y las amenazas”, agrega Daniela Arias, la coordinadora de la organización.
En los últimos 10 meses, la espiral de violencia que envuelve esta contienda y que ha dejado un saldo de más de 170 agresiones, entre ellas 29 atentados, 11 secuestros, 77 amenazas y por lo menos otros 27 asesinatos de actores relacionados con las elecciones, entre familiares de funcionarios, militantes, dirigentes y políticos que no buscaban un cargo en estos comicios, según el último corte actualizado hasta el 19 de abril. La inseguridad se extiende más rápido de lo que registran las estadísticas. Apenas este martes, un grupo armado trató de asesinar a Arturo Lara, candidato a alcalde de Movimiento Ciudadano en Amanalco, Estado de México. El PRI también anunció que su aspirante a presidente municipal en Zacapu (Michoacán), Lorenzo Martínez, se bajó de la contienda por amenazas.
La violencia letal contra personas que buscaban cargos de elección popular ha alcanzado 13 de los 32 Estados del país y se concentra en el centro y sur del territorio. “Los focos rojos están en Michoacán, Guerrero y Chiapas”, señala Espinosa Silis. Siete de los 30 asesinatos de aspirantes han sucedido en territorio guerrerense. Cuatro más se registraron en Michoacán y otros tres en Chiapas. Oaxaca, El Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Puebla y Veracruz han tenido dos casos. Ciudad de México, Colima, Morelos y Tamaulipas, uno.
Se habla de aspirantes porque en la mayoría de los casos ni siquiera se había oficializado su registro como candidatos y porque las campañas políticas locales no habían arrancado en muchas entidades. Arias explica que la precampaña y la intercampaña ―la pausa antes de que comience la recta final de la contienda― suelen ser periodos en los que se agudiza la violencia política.
- La lógica es que grupos del crimen organizado buscan ejercer un control político en los territorios que dominan. Son las organizaciones criminales quienes autorizan quién puede competir y gobernar, en un esfuerzo por mover los hilos de las autoridades locales. “Es una forma de presionar y condicionar las decisiones de los partidos políticos”, comenta.
Manuel Pérez Aguirre, uno de los autores del informe Urnas y Tumbas publicado por el Colegio de México (Colmex), coincide en que los periodos de definición de las candidaturas suelen ser los más violentos. “Hay una temporalidad muy marcada, febrero y marzo suelen ser meses muy violentos, porque es cuando se define quiénes serán los candidatos”, señala.
- Los investigadores del Colmex partieron de la hipótesis de la injerencia del narco para analizar la violencia en las elecciones de 2021 y, aunque se corroboró en parte, se dieron cuenta también de que el crimen organizado no es el único actor relevante detrás de los asesinatos. También están implicados los propios políticos, que buscan llegar a las candidaturas y a los cargos “a balazos”.
Pero cuando los grupos criminales logran infiltrar los gobiernos locales y buscan mantener ese control en varios procesos electorales, el análisis cae en un área gris y las líneas que dividen al Estado del crimen organizado se vuelven borrosas y difusas. “En muchos casos, no se podía establecer como tal una separación entre el alcalde que probablemente fue el perpretador y el grupo criminal”, explica Pérez Aguirre.
Los homicidios no son los únicos actos de intimidación. Michoacán es el Estado donde se registran más amenazas, donde 34 aspirantes se han bajado de la contienda tras ser amedrentados por la delincuencia. Ese fenómeno ha afectado a 7 de los 11 partidos con registro en esa entidad. “No tienes permiso, esas son las palabras que ellos utilizan”, contaba a este diario Antonio Plaza, líder de Michoacán Primero, una formación local que compite por primera vez en esta elección.
- Morelos es el segundo con más candidatos bajo amenaza con 14, seguido de Chiapas con 13. Arias señala que, a pesar de que las propias fuerzas políticas son las que informan de que han sido intimidadas, estos actos muchas veces no se traducen en denuncias formales, lo que impide que las autoridades actúen e investiguen los hechos. En muchos casos, las amenazas no se hacen públicas y los propios políticos se limitan y bajan el perfil por miedo.
Chiapas y Guerrero también son las entidades donde más contendientes han sido secuestrados, con tres casos. Guanajuato y Sinaloa, territorios azotados por la violencia en los últimos años, también han registrado al menos un secuestro, al igual que Oaxaca, Puebla e Hidalgo.
La recopilación de Laboratorio Electoral también da cuenta de atentados en Guerrero (6), Morelos (5), Ciudad de México (4) y en otros ocho Estados, desde Tamaulipas y Nuevo León hasta el tradicionalmente tranquilo Campeche. Las víctimas son abrumadoramente del contexto local: aspirantes a presidencias municipales y diputaciones estatales.
“Lo que estamos viendo es que hay zonas del país donde hay una total ausencia del Estado, ni las fuerzas de seguridad ni los Gobiernos locales pueden actuar”, asegura Espinosa Silis. “No hay forma de meterle una gran cantidad de recursos a todas y cada una de las policías de los 2.500 municipios”, agrega Pérez Aguirre, que también ve en el orden municipal el eslabón más débil del Estado mexicano.
AMLO afirma que no existe intervención de grupos criminales en las Elecciones
El presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que no existe participación del crimen organizado en el actual proceso electoral, como lo indicó la candidata presidencial opositora, Xóchitl Gálvez.
“Las autoridades electorales están haciendo su trabajo; tan es así que los candidatos que solicitan protección a través del INE, se les está dando protección. Siempre que hay una elección, se utiliza lo de la violencia o lo del miedo, siempre, es más, aquí comenzaron con eso”, dijo AMLO.
- En una entrevista para un medio de comunicación, la candidata de la Coalición Fuerza y Corazón por México, comentó que el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no se dan cuenta de la gravedad que tiene la intervención en el actual proceso electoral.
- Según la plataforma Votar entre Balas, entre septiembre de 2023 y el 13 de abril de 2024, se han registrado un total de 48 distintos ataques contra aspirantes, candidatos o precandidatos a un puesto de elección popular, en el periodo de tiempo antes mencionado.
De este total, los asesinatos son el crimen que más se ha presentado con un registro de 24 personas ultimadas; le siguen, con nueve casos, los atentados; los secuestros con seis, y las amenazas y ataques armados con cuatro casos cada uno, respectivamente./PUNTOporPUNTO
Documento Íntegro en el Enlace:
https://www.anie.mx/presentacion-del-2do-informe-de-integridad-del-procesoelectoral-2023-2024-2/
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