A tres años de su creación, la Guardia Nacional enfrenta una serie de acusaciones y quejas por organizaciones civiles, derechos humanos y partidos políticos de oposición por el poder que ha ganado para realizar tareas de todo tipo en el país.
- En el Senado de la República se presentó el “Segundo Informe del Observatorio de la Guardia Nacional y la Militarización en México”, por el Instituto Belisario Domínguez, en el que se reveló que el cuerpo militar del gobierno pasó de tener 43 tareas a nivel nacional a realizar 246 deberes por órdenes directas del gobierno federal.
La directora de Causa en Común, María Elena Morera acusó que la Guardia Nacional no se está formando como policía civil, sino todo lo contrario: se le han dado millones de pesos para capacitar a un cuerpo militar, lo que viola lo acordado en la Constitución.
- La activista precisó que el cuerpo de seguridad —que nació en 2019— ha ganado terreno en las labores que realiza a nivel nacional y en consecuencia también se ha traducido en un incremento feroz en el presupuesto anual que se le asigna por la Federación.
- En el informe se precisa que la Guardia Nacional se le ha encomendado la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, sucursales del Banco de Bienestar, el Tren Maya; la distribución de vacunas e insumos por la pandemia de Covid-19; así como la operación de aduanas, puertos y marina mercante.
Incluso, la operación de la Agencia Federal de Aviación Civil, el traslado de dinero de programas sociales y reparto de libros de texto gratuito, entre algunas por mencionar.
Este cuerpo militarizado resalta por el presupuesto millonario que se les ha dado; no obstante, cuenta con un número importante de violaciones humanos. Se puede decir que es la columna vertebral de un proyecto político y no funciona como una institución del Estado, acusó la activista.
De acuerdo el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), las Fuerzas Armadas recibieron para este 2022 casi 200 mil millones de pesos, el segundo mayor monto de gasto después de las pensiones de adultos mayores y 80% más de los que se asignó para 2020.
Militarización de México se afianzará en 2022
La Guardia Nacional mexicana desde su formación jurídica está rodeada de polémica por funcionar como una herramienta para la militarización, situación que podría afianzarse todavía más en 2022 en un país donde las masacres y la violencia no cesan, según expertos.
“La Guardia Nacional (GN) fue creada con el consenso de todas las fuerzas políticas. Para llegar a ese consenso el Gobierno federal tuvo que rectificar su propuesta inicial de hacer una corporación netamente castrense”, dijo a EFE el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Santiago Aguirre.
- Para el doctor Javier Oliva Posada, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), este cuerpo policial “nace con un respaldo político y jurídico muy importante a diferencia de otras instituciones de seguridad pública. que suelen nacer siempre con mucha polémica”.
Aguirre aseguró que incluso su organización vio la creación con esperanza, pero pronto los contenidos iniciales del plan “se fueron diluyendo” y la Guardia Nacional tomó muy pronto un camino mucho más cercano a lo militar que a lo civil. Tanto que está encabezada por un militar, el general Luis Rodríguez Bucio, en lugar de un civil, como se prometió inicialmente.
- Para el doctor Javier Oliva Posada, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), este cuerpo policial “nace con un respaldo político y jurídico muy importante a diferencia de otras instituciones de seguridad pública. que suelen nacer siempre con mucha polémica”.
- Aguirre aseguró que incluso su organización vio la creación con esperanza, pero pronto los contenidos iniciales del plan “se fueron diluyendo” y la Guardia Nacional tomó muy pronto un camino mucho más cercano a lo militar que a lo civil. Tanto que está encabezada por un militar, el general Luis Rodríguez Bucio, en lugar de un civil, como se prometió inicialmente.
Las reformas constitucionales necesarias para crear la Guardia Nacional fueron apoyadas por unanimidad, pero la imagen que se dio de la corporación era otra.
- Y los cambios han ido caminando hacia la militarización llegando al culmen en mayo pasado, cuando a través de un decreto, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2024.
- Además, la Guardia Nacional pasaría a formar parte en su totalidad de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), algo que organizaciones civiles han criticado porque, dicen, significaría la militarización de la seguridad pública.
- La oportunidad del contrapesoSobre esto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene pendiente la discusión de un recurso de inconstitucionalidad, decisión en la que, consideró Aguirre, el Supremo mexicano puede jugar “un papel relevante de contrapeso”.
Oliva explicó que, aunque otras corporaciones como la Guardia Civil española o los Carabiniere italianos tienen origen militar y funciones policiales «una tradición en las democracias contemporáneas», esta decisión presidencial puede cambiar tajantemente el rumbo de la Guardia Nacional.
“El primer recurso de un soldado es accionar su arma para liquidar y el último recurso del policía es el arma”, expresó.
- El pasado 17 de febrero el Gobierno de México anunció que el número de homicidios dolosos en México registró una reducción anual del 14,2 %, al pasar de 2.635 en febrero de 2021 a 2.260 el mes pasado, 375 casos menos.
La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, afirmó que en los últimos nueve meses hubo una tendencia sostenida a la baja de los homicidios intencionados o dolosos.
La contención en el pico de violencia
Sin embargo, medios de comunicación de México y de todo el mundo recogieron en sus portadas en los últimos meses masacres y tiroteos que dejan en evidencia la situación de descontrol de la violencia en la que se encuentran múltiples zonas del país.
“Los datos oficiales señalan que hay contención en algunos de los delitos, sobre todo en homicidio doloso con arma de fuego. Y sí está contenido, pero en su pico más alto”, señaló Oliva.
- Con él coincidió Aguirre, quien consideró además que empieza a darse en México una discusión sobre la “solvencia técnica” respecto a las cifras que presenta el gobierno y los segmentos que cortan para hacer comparaciones.
- “Estamos teniendo años con más de 35,000 homicidios, no hay reducción que celebrar”, sentenció.
“La Guardia Nacional fue creada con el consenso de todas las fuerzas políticas. Para llegar a ese consenso el Gobierno federal tuvo que rectificar su propuesta inicial …». Santiago Aguirre, director del Centro Prodh
- Ante esta situación, ambos expertos coincidieron en que 2022 será un año decisivo en el que podría afianzarse la militarización de la seguridad pública en el país si se continúa en el camino establecido por el presidente y se confirma la transferencia de la GN a la Sedena.
“Estamos más bien escépticos y preocupados y consideramos que si se confirma esta reforma esto marcaría un punto de no retorno que sería difícil de cambiar en el futuro”, consideró el director del Centro Prodh.
Sin certificación
Por si fuera poco, el informe revela que aún cuando la Ley de la Guardia Nacional establece la obligación de que sus elementos cuenten con la Certificación Único Policial, es decir, con un examen aprobado de conocimientos, desempeño y control de confianza en materia policial, hasta noviembre de 2021 más de 89 mil de sus elementos no contaban con esta certificación.
- En tanto, la GN pasó de tener 56 mil elementos en agosto de 2019 a 113 mil elementos en diciembre de 2021, más los 30 mil que la corporación aún planea agregar.
- De estos 113 mil elementos de la Guardia, 73 mil son procedentes de la Sedena, 17 mil de la Secretaría de la Marina y 23 mil de la extinta Policía Federal.
- Los incrementos corresponden casi exclusivamente a transferencias militares y no a reclutamientos civiles, precisó la organización Causa en Común.
Mientras que en materia de sanciones, la Guardia Nacional precisa que se impusieron siete mil 586 correctivos disciplinarios y sanciones a diversos elementos de la Institución.
Al respecto, el senador Emilio Icaza afirmó que la administración federal oficializa la mentira, pues pretende crear una reforma a la Guardia Nacional e ingresarla a las Fuerzas Armadas.
En tanto, Claudia Ruiz Massieu, senadora por el partido Revolucionario Institucional (PRI), precisó que existe una escalada de violencia en todo el país durante los últimos años, por lo que llamó a dejar del lado afinidades políticas y crear una estrategia de seguridad real.
- Jorge Javier Romero, profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), campus Xochimilco se pronunció en contra del mega presupuesto que se da a las Fuerzas Armadas, pues es equivalente a los que reciben la UNAM y el IPN.
- Se brinda este dinero sin demostrar resultado en cuanto a disminución de incidencia delictiva.— Advirtió el académico.
Corte de caja
De acuerdo con el Informe Anual de Actividades 2021, la dependencia federal reporta que se detuvieron a ocho mil 258 personas en 2021 y se aseguraron siete mil 658 vehículos que fueron usados para cometer algún delito.
En página 32 del informe, la Guardia Nacional enlistó a 320 cucarachas en la misma categoría de “Aseguramientos” junto a 557 mil 216 pastillas de fentanilo, 110 mil 200 kilos de maderas protegidas, 15 mil 433 cigarros de contrabando, 27 figuras arqueológicas ilegalmente extraídas y tres lanzagranadas.
Tareas que realiza la Guardia Nacional, menos vigilar por la Seguridad:
- Construcción de infraestructura
- Traslado de vacunas
- Aeropuertos
- Traslado de dinero de apoyos federales
- Control de Birmex
- Control de la agencia de aviación civil.
85 mil mdp para control militar
Hace dos años que en Culiacán el Cártel de Sinaloa doblegó a las Fuerzas Armadas, para liberar al narcotraficante Ovidio Guzmán. “El Culiacanazo”, como es conocido el 17 de octubre de 2019, supuso un cambio en la percepción de inseguridad de la ciudadanía y, según las fuentes consultadas, un episodio que mostró que el verdadero control de este territorio le pertenece al grupo criminal.
“A partir de ese momento los grupos delincuenciales crecieron y se perdió el Estado de derecho”, valora Ernesto Martínez, un reportero que cubre seguridad para una radiodifusora local y que transmitió en vivo el enfrentamiento. Pero ni este fracaso ni que el presidente Andrés Manuel López Obrador tuviera que decidir entre liberar a uno de los criminales más perseguidos del país o atestiguar el posible asesinato de más de 200 personas, ha frenado la política de militarización del Estado, de su capital y, en general, del país.
- Antes del “Culiacanazo”, Sinaloa era un lugar donde las autoridades estatales y federales llevaban años forjando una profunda militarización. La muestra más simbólica sucedió el 28 de noviembre de 2018: 3 mil 79 militares, 15 aeronaves, 74 perros policía y más de 70 vehículos de combate desfilaron por las calles de Culiacán.
- Después del “Culiacanazo”, el poder del Ejército ha aumentado. A su presencia en la seguridad pública, desde patrullajes a cargos en el gobierno, sus miembros se han sumado a otras tareas como el control de puertos o la concesión de obra pública.
Sinaloa, conocido como el estado que vio nacer el narcotráfico a gran escala en México, es hoy el ejemplo de un país cada vez más militarizado, sin importar los resultados. Desde el comienzo de la llamada “guerra contra el narcotráfico”, a finales del 2006, los homicidios se han triplicado a nivel nacional, según datos oficiales y, al mismo tiempo, 127 funciones y cerca de 85 mil millones de pesos en presupuestos -más bienes inmuebles- han pasado del poder civil al control militar, según el Inventario Nacional de lo Militarizado; una radiografía de los procesos de militarización en México, documento apoyado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
- “Actualmente, las actividades que involucran el despliegue extendido del Ejército abarcan la construcción de infraestructura pública y privada; la distribución de gasolina, libros de texto para la educación básica y fertilizantes.
- La vigilancia de las fronteras norte y sur; la detención e inspección de personas migrantes; el control de puertos y aduanas; e, incluso, la participación de los titulares del Ejército y la Marina en el Consejo de Ciencia y Tecnología”, se lee en el inventario.
- Las Fuerzas Armadas, además, cuentan con una Guardia Nacional que eliminó a la Policía Federal y que permanece militarizada en sus elementos y sus mandos, a pesar que López Obrador prometió su carácter civil.
- El Presidente también les ha encargado a los soldados la construcción y administración de tres tramos del Tren Maya y del Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles” de Santa Lucía, además de ponerlos al frente de los aeropuertos de Chetumal, Palenque y Tulum.
- Si bien la militarización masiva comenzó con el expresidente Calderón (PAN) y continuó con Enrique Peña Nieto (PRI), el proceso de militarización -el traslado de actividades y recursos económicos de civiles a militares- se ha agudizado con López Obrador.
- El Ejército está cada vez más presente en la vida de los mexicanos, pero no ha dejado de serlo en algo fundamental: la opacidad con la que opera un cuerpo de seguridad nacional. Por ejemplo, no acata las resoluciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
- “Los militares están entrenados para eliminar a un enemigo”, dice Catalina Pérez Correa, coautora del Inventario Nacional de lo Militarizado, sobre las violaciones a los derechos humanos derivadas de la intervención de militares en funciones civiles.
“El poder del Ejército es tal que es muy difícil decir que hay una subordinación de lo militar al poder civil”, advierte la académica. El poder castrense ha sobrepasado a partidos e ideologías políticas, para ser una política transexenal.
Militares por tierra, mar y aire
Desde la segunda mitad del siglo pasado las Fuerzas Armadas mexicanas han tenido presencia en los caminos del país. Según el “Inventario Nacional de lo Militarizado. Una radiografía de los procesos de militarización en México”, documento apoyado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), los militares fueron un actor clave en el mantenimiento del orden autoritario antes de la transición a la democracia: reprimiendo movimientos rurales y urbanos, y como negociadores formales e informales de las protecciones particulares en los niveles locales.
Pero el uso de las Fuerzas Armadas de manera masiva ha sido un mecanismo utilizado desde 2006, cuando el expresidente Felipe Calderón declaró el inicio de la batalla contra las drogas.
- El inventario registra 127 funciones y cerca de 85,000 millones de pesos (unos 4,000 millones de dólares) en presupuestos —más bienes inmuebles— que instituciones federales han delegado a las Fuerzas Armadas a través de convenios en el periodo 2007-2021.
“Actualmente, las actividades que involucran el despliegue extendido del Ejército abarcan la construcción de infraestructura pública y privada; la distribución de gasolina, libros de texto para la educación básica y fertilizantes; la vigilancia de las fronteras norte y sur; la detención e inspección de personas migrantes; el control de puertos y aduanas; e, incluso, la participación de los titulares del Ejército y la Marina en el Consejo de Ciencia y Tecnología”, se lee en el documento.
- Las Fuerzas Armadas en México tienen la autorización para realizar detenciones, incautar bienes, preservar el lugar de los hechos delictivos e inspeccionar la entrada y salida de personas del país.
Cuentan con una Guardia Nacional que eliminó a la Policía Federal y que permanece militarizada en sus elementos y sus mandos, a pesar de que se prometió de carácter civil. A la Secretaría de Marina se le dio el encargo de la administración de puertos. Y se colocó a un militar como el titular de la Agencia Federal de Aviación Civil.
- Además, durante la pandemia el Ejército se encargó de distribuir, custodiar y aplicar la vacuna contra la Covid-19, así como resguardar decenas de instalaciones, entre ellas hospitales y almacenes, para proteger a los profesionales de la salud de posibles agresiones.
- La Secretaría de la Defensa Nacional lanzó convocatorias para contratar especialistas de la salud, médicos y enfermeras, una función que, de origen, corresponde a la Secretaría de Salud.
- López Obrador también les ha encargado a los soldados la construcción y administración de tres tramos del Tren Maya y del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles de Santa Lucía, y los ha puesto al frente de los aeropuertos de Chetumal, Palenque y Tulum.
- Si bien el proceso de militarización masivo inició en 2006 con el expresidente Felipe Calderón (PAN) y continuó con Enrique Peña Nieto (PRI), el reforzamiento de la militarización del país se vive con el presidente Andrés Manuel López Obrador (Morena): es decir, el traslado de actividades y recursos económicos de civiles a militares. El poder castrense ha sobrepasado a partidos e ideologías políticas.
- “Los militares están entrenados para eliminar a un enemigo”, dice Catalina Pérez Correa, coautora del “Inventario Nacional de lo Militarizado”, sobre las violaciones a los derechos humanos derivadas de la intervención de militares en funciones civiles.
“Los soldados están haciendo lo que les toca hacer, quienes están mal son los civiles por ponerlos en esa posición”.
El Ejército está cada vez más presente en la vida cotidiana de los mexicanos, pero no ha dejado de ser Ejército en algo fundamental: la opacidad de un cuerpo de seguridad nacional. Por ejemplo, no acata las resoluciones del Instituto Nacional de Transparencia.
“Esto se ha utilizado en estas instituciones para no dar información, no conocemos los contratos de obras públicas, los destinos de bienes públicos”, expone la académica.
La ampliación de la militarización de la cosa pública parte de la idea de que los militares son menos corruptos que los civiles, sin embargo, la opacidad castrense incrementa los riesgos de corrupción.
Para Pérez Correa los gobiernos civiles usan a los militares para tapar de manera fácil sus deficiencias estructurales, y si hay errores los costos no son para los políticos, sino para las Fuerzas Armadas: “Es mucho más fácil decir: ‘yo no me voy a ocupar de eso, que vengan los militares y lo hagan’”.
- Las Fuerzas Armadas, por su parte, aprovechan los presupuestos civiles para mejorar la viabilidad económica de su estructura, como los servicios de salud y vivienda. Lo que es más grave aún, explica Pérez Correa, es que se permita que obtengan dinero directamente sin necesidad de una aprobación Legislativa, como sucederá con los tres tramos del Tren Maya y con el Aeropuerto Felipe Ángeles de Santa Lucía.
“Al final del día el presupuesto es poder”, dice la académica. “El poder del Ejército es tal que es muy difícil decir que hay una subordinación de lo militar al poder civil”./PUNTOporPUNTO
Documento Íntegro:
2022.01.25_informeogn_2021
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