En 2020, y por primera vez desde que se tiene registro, los recursos públicos destinados a adjudicaciones directas hechas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, fueron mayores a aquellos contratados mediante licitaciones públicas.
- Según datos de Compranet, el gobierno realizó adjudicaciones directas que alcanzaron los más de 205 mil 195 millones de pesos, lo cual representó el 43% del monto contratado en todo el 2020.
- Mientras que en el mismo periodo, las compras realizadas por licitación pública apenas alcanzaron el 40%.
- Antes, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) había documentado, a través de un análisis de más de 350 mil contratos, que en el primer año del gobierno de López Obrador el porcentaje del monto adjudicado fue cuatro puntos mayores al de 2018.
Se pasó de 35% a 39%, y en el segundo año de administración, la cifra rompió el récord, superando cualquier otro tipo de contratación.
Según el IMCO, la tendencia creciente de las adjudicaciones directas significa un foco rojo para la competencia, ya que su contraparte, la licitación pública, se basa en concursos con convocatorias abiertas que dan apertura a más participantes del mercado.
En contraste, los proceso directos limitan el número de participantes, lo cual dificulta la oportunidad de encontrar, entre otras cosas, precios más bajos.
- Otra consecuencia del aumento de adjudicaciones directas es que puede representar un riesgo de corrupción, ya que la decisión de contratación puede estar influenciada por acuerdos ilícitos, señaló el IMCO.
- La misma Constitución, en su artículo 134, establece que las compras públicas deben de ser realizadas mediante licitaciones públicas, salvo casos excepcionales.
- Incluso, la administración de Andrés Manuel López Obrador, definió en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 que como parte de su estrategia para erradicar la corrupción se comprometía a ‘prohibir las adjudicaciones directas’.
“Tal es el propósito de tipificar la corrupción como delito grave, prohibir las adjudicaciones directas, establecer la obligatoriedad de las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses de todos los servidores públicos, eliminar el fuero de los altos funcionarios, fomentar la colaboración internacional tendiente a erradicar los paraísos fiscales, monitorear en línea y en tiempo real el dinero para adquisiciones y realizar verificaciones obligatorias de los precios de mercado antes de cualquier adquisición”, se lee en el documento.
Sin embargo, a pesar de esto, en 2020 casi 1 de cada 2 pesos gastados por el Gobierno federal fue contratado mediante adjudicaciones directas e invitaciones restringidas.
“Los procedimientos establecidos como la excepción se han convertido en la regla de contratación del Gobierno federal”, aseveró el IMCO a través de un boletín.
- Ya desde antes los contratos por adjudicación directa estaban en cifras altas y constantes, en específico de 2013 a 2020. Tanto en el gobierno de Enrique Peña Nieto, como en el de Andrés Manuel López Obrador, el porcentaje de contratos por este tipo de adjudicación fue mayor al 70%. Y de 2015 a 2019, en cinco años, el porcentaje fue mayor al 80%.
A su vez, a partir de 2019, hubo un cambio importante en las adjudicaciones directas e invitaciones restringidas de las dependencias federales: no solo 8 de cada 10 contratos fueron realizados de esta forma, sino que también representan una mayor cantidad de recursos.
De contrataciones y adjudicaciones
Cabe recordar, como lo hizo Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, en su trabajo “Adjudicaciones Directas: la realidad del «ayer y hoy”, que cuando el gobierno contrata o compra un bien, un servicio o una obra pública tiene tres alternativas.
- La primera es hacer una licitación pública, que según el propio gobierno federal es un procedimiento de contratación por el que, a través de una convocatoria pública, el Estado se obliga a celebrar un contrato de adquisición con aquel interesado que cumpla los requisitos de tal convocatoria y que ofrezca las mejores condiciones de contratación.
“Dicho procedimiento se encuentra abierto a todos aquellos interesados que reúnan los requisitos previstos, de ahí que la licitación pública sea un procedimiento cuya esencia se encuentra en la competencia”, relata el gobierno en su página web.
La segunda alternativa es invitar por lo menos a tres participantes para contratar al que ofrezca las mejores condiciones.
Según la Contraloría es un “proceso administrativo para adquirir, arrendar o contratar, invitando a por lo menos tres oferentes a presentar propuestas, estos actos tienen en esencia las mismas formalidades de una licitación pública, a excepción de que no son procedimientos públicos en los que pudiera participar cualquier interesado”.
Y por último, está la adjudicación directa, con la cual se contrata sin que haya un procedimiento de competencia y de la que esta nota ya hizo referencia.
70% de los contratos públicos se da por adjudicación directa
Las adjudicaciones directas para los contratos de la administración pública no han logrado revertir su tendencia en crecimiento tras la llegada de un gobierno federal en 2018.
De acuerdo con Transparencia Mexicana, el 70% del total de los contratos por compra-venta de bienes o prestación de servicios para la administración pública se da por adjudicación directa, un nivel que no ha disminuido tras el cambio de gobierno a nivel federal.
- “Uno de los temas más complejos para cualquier gobierno, y para este no ha sido excepcional, es el tema de la contratación pública, lo que hemos visto es que no se ha podido revertir la tendencia histórica de las adjudicaciones directas, históricamente siempre ha estado por encima del 70%”, comentó Eduardo Bohórquez, director general de Transparencia Mexicana.
- Bohórquez explicó que con el cambio de gobierno se esperaba revertir esta tendencia, es decir que el 70% de los contratos sea por licitación pública, y el 30% por adjudicaciones directas.
“Hemos visto que no hemos logrado revertirlo. Sigue siendo un talón de Aquiles para los gobiernos”, agregó el director general de Transparencia Mexicana.
Un alto porcentaje en las adjudicaciones directas tiene costos monetarios y en la eficiencia para el manejo de recursos públicos, lo que abre puertas a actos de corrupción, explicó por su parte Valeria Moy, directora del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
“El costo para finanzas públicas, es un costo directo, es un costo monetario, pero hay un tema que nos preocupa más y es el costo en la eficiencia, todo lo que se pierde en la calidad de este gasto, la eficiencia que se va perdiendo, y lo que abre muchas puertas a la corrupción. En términos de recursos y eficiencia es un tema que a todos nos tendría que preocupar”, dijo Moy.
- La ley actual no cuenta con buenas prácticas internacionales sobre cuándo hacer adjudicaciones directas, y estas no siempre se realizan con el objeto de realizar actos de corrupción, si no que también obedecen a una mala gestión en la administración pública, explicó Mariana Campos, coordinadora del programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa.
“La adjudicación directa es resultado de una mala planeación, es resultado de no contar con información específica e inteligente sobre el mercado, sobre quiénes ofrecen los bienes y servicios, en qué condiciones. No siempre es porque haya una intención de corrupción, sino porque se requiere el producto ya, y no se cuenta con la información, no hay un proceso eficiente”, dijo Campos./Agencias-PUNTOporPUNTO
Documento Íntegro:
20200428_2020_-a%C3%B1o-hist%C3%B3rico-para-las-adjudicaciones-directas_Bolet%C3%ADn
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