La elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular compromete su independencia y puede llevar a la politización del poder judicial donde los aspirantes a esos cargos se verán obligados a alinearse con partidos políticos o ideologías para asegurar su elección, lo que impactará en sus decisiones judiciales que estarán influenciadas por la política y no por una interpretación objetiva de la ley.
- Así lo advirtió la ex magistrada federal, Martha Elizabeth Ibarra Navarrete, quien alertó que con esta reforma al Poder judicial que se perfila por parte de Morena y sus aliados, lejos de alcanzar el objetivo de democratizar el sistema de impartición de justicia, se pondrá en grave riesgo el estado de derecho en el país.
- “La elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular no garantiza la profesionalización, imparcialidad e independencia que deben tener los impartidores de justicia en México”, estableció
La independencia judicial en México –agregó–es esencial para la justicia y el mantenimiento del estado de derecho.
- “Aunque la democratización de la elección de jueces y magistrados puede parecer una forma de aumentar la participación ciudadana, compromete la imparcialidad y calidad de la justicia y aplicación del derecho”, advirtió
- Recalcó que otro de los riesgos es al ser un sistema de elecciones populares, los candidatos a jueces podrían depender de donaciones y apoyos de grupos de interés para financiar sus campañas, lo que condicionará su imparcialidad y objetividad en sus resoluciones.
“Esto puede crear un sesgo hacia aquellos que financian sus campañas, comprometiendo su imparcialidad y objetividad en la toma de decisiones”, sostuvo
- Eso sin contar que ese escenario abrirá camino a la falta de competencia, pues recordó que los jueces y magistrados deben poseer un alto grado de conocimiento y competencia en derecho, consideró la también especialista dedicada a la consultoría financiera y fiscal empresarial insistió en que
- “Las elecciones populares, sin un mecanismo adecuado para evaluar estas competencias, podrían resultar en la elección de jueces sin la preparación necesaria para manejar casos complejos o sensibles”, indicó
La jurista insistió en que de concretarse esta reforma se estaría vulnerando uno de los principios fundamentales de un estado de derecho que es, precisamente, la independencia judicial.
- “La neutralidad de nuestros juzgadores es esencial para que todos los ciudadanos tengan la certeza y seguridad de que cada caso será juzgado con total neutralidad y no conforme a intereses”, afirmó la jurista.
En cambio, afirmó, esos esfuerzos de mejora y de evolución deben enfocarse en proteger los derechos de los ciudadanos y en mantener la confianza pública en el sistema judicial, lo cual “es un baluarte que no puede ni debe comprometerse”.
Vulnerables
En este mismo contexto, la ex magistrada recalcó que con el sistema de elección que se propone, el poder judicial quedaría con una alta vulnerabilidad frente a la opinión pública pues los jueces deben tomar decisiones que, aunque impopulares, sean correctas según la ley y la justicia.
“La presión de la opinión pública en un sistema de elección popular podría llevar a los jueces a emitir fallos basados en lo que es popular, en lugar de lo que es legalmente correcto”, aseveró
Asimismo, recordó que un sistema judicial independiente contribuye a la estabilidad y predictibilidad del marco legal, lo cual es vital para el desarrollo económico y social. Inversionistas, ciudadanos y otras naciones pueden tener confianza de que en México los contratos serán respetados y los derechos protegidos, promoviendo así un entorno de plena certeza jurídica.
Elegir por voto popular a jueces, amenaza directa a la independencia judicial
La iniciativa de reformas constitucionales presentada por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, que contempla elegir por voto popular a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), jueces, así como a magistrados federales, entre otras medidas, constituye una amenaza directa a la independencia judicial, pone en peligro los derechos de las minorías y es contraria a los estándares internacionales sobre la independencia e imparcialidad del poder Judicial, plantea un análisis elaborado por el Diálogo Interamericano, el Laboratorio de Impacto sobre el Estado de Derecho de la Facultad de Derecho de Stanford y la Barra Mexicana de Abogados.
- En el informe titulado “Una amenaza a la independencia judicial. Análisis de la iniciativa de reformas constitucionales en México”, subraya que las reformas incumplen las obligaciones internacionales que el país ha suscrito a través de diferentes instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y sobre independencia judicial.
- La iniciativa presentada por el mandatario mexicano el 5 de febrero de 2024, contempla, además, reducir la duración en el cargo de ministros y magistrados; vincular sus salarios a los del Ejecutivo y crear un tribunal disciplinario judicial, cuya elección también sería por votación popular.
De acuerdo con el informe, de aprobarse esas propuestas socavarían las bases fundamentales del Estado de derecho en México.
Señala que, aunque el derecho internacional no establece un mecanismo específico para la selección de jueces, sí reconoce una serie de requisitos mínimos que deben cumplirse para garantizar un poder Judicial independiente, los cuales incluyen que los métodos de selección sean públicos, objetivos y justos, que se fundamenten en el mérito, particularmente en lo que respecta a las cualificaciones, la integridad, la capacidad, la eficiencia, la imparcialidad y la independencia, y que sean transparentes y accesibles.
- Refiere que tanto los Principios Básicos de las Naciones Unidas relativos a la Independencia de la Judicatura como los Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial, establecen la integridad, la idoneidad y la formación o cualificación jurídica adecuada como elementos preponderantes en el nombramiento de los jueces.
Del mismo modo, añade, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, han reconocido que la selección de juezas y jueces debe hacerse exclusivamente sobre la base del mérito personal y la capacidad profesional, a través de mecanismos objetivos de selección y permanencia en el cargo que tengan en cuenta la naturaleza específica de las funciones a desempeñar.
- Llama la atención en que la iniciativa pretende reducir el mandato de ministros de la SCJN de 15 a 12 años; también reducir de nueve a seis años los mandatos para los siete nuevos magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y aquellos de las salas regionales.
- “Este mandato de seis años podría coincidir con el periodo presidencial de igual duración. En el caso de las y los magistrados y jueces de distrito, la reforma pretende aumentar el mandato de seis a nueve años con la posibilidad añadida, en los casos de reelección para términos sucesivos”.
- El análisis concluye que para asegurar el Estado de derecho en México y cumplir con las obligaciones internacionales sobre independencia judicial, resulta necesario garantizar que la selección de jueces se base en méritos y capacidades, y no en votaciones populares.
Asimismo, garantizar que el método de selección posibilite la emisión de fallos imparciales, fundamentados exclusivamente en hechos y normas jurídicas, y que dichas decisiones se encuentren resguardadas contra influencias externas, así como garantizar la estabilidad en el cargo con periodos de mandato suficientes e independientes del período del poder Ejecutivo, permitiendo la destitución solo por causas justificadas, previamente establecidas en ley y con suficientes garantías procesales, incluido el derecho a contar con un recurso de revisión judicial.
También recalca la necesidad de garantizar la independencia de la autoridad disciplinaria judicial, evitando el nombramiento de sus integrantes mediante votación popular y desvinculando sus periodos de mandato de los del poder Ejecutivo y garantizar la independencia y estabilidad económica del Judicial, sin vincular los salarios judiciales a los del ejecutivo u otros poderes con autoridad sobre su remuneración.
Experiencia internacional acusa inconvenientes
El documento incluye un apartado sobre experiencia comparada sobre elección de jueces.
Subraya que muy pocos países eligen a jueces por votación popular y solo Bolivia y Estados Unidos utilizan elecciones judiciales para jueces de cortes con jurisdicción constitucional.
- Bolivia se convirtió, en 2009, en el único país latinoamericano en implementar la elección de jueces por voto popular.
- Según el análisis, la experiencia de las elecciones judiciales de 2011 y 2017 ha revelado problemas significativos.
- En ambas se ha observó que el proceso de preselección de candidatos estuvo influenciado por consideraciones políticas más que por méritos técnicos.
Además, el fracaso de la Asamblea Legislativa Plurinacional en la preselección de candidatos idóneos ha generado descontento y cuestionamientos sobre la legitimidad del proceso. Asimismo, el alto porcentaje de votos nulos y en blanco, que constituyeron la mayoría de los votos, reflejó la desconfianza e incluso el desinterés de la ciudadanía en el sistema de elección por voto popular del funcionariado judicial, desvirtuando el argumento del origen democrático de las designaciones.
Destaca que la politización del proceso de selección ha llevado a una falta de transparencia y a la selección de candidatos que pueden no ser los más adecuados para el cargo judicial.
En el caso de Estados Unidos, refiere que como parte de su Sistema Federal de gobierno, esa nación tiene un poder Judicial federal y un poder Judicial estatal para cada uno de sus cincuenta estados. 39 estados eligen al menos a algunos miembros de este personal por votación popular y cerca de 90% de los jueces de los tribunales estatales se enfrentan a algún tipo de elección por votación popular.
- El problema es que las elecciones judiciales son objeto de un importante debate público en ese país, ya que los grupos de interés, los partidos políticos y los candidatos gastan cada vez más dinero en estas elecciones y destaca que la American Bar Association (ABA) se ha opuesto a las elecciones judiciales, advirtiendo del “efecto corrosivo del dinero en las campañas electorales judiciales, donde (los partidos) interesados en los resultados de los casos decididos por los jueces intentan comprar ventajas en la sala del tribunal influyendo en quién será juez en las urnas”.
Remarca que la ABA apoya desde hace tiempo los sistemas de “selección por méritos” para los jueces y juezas estatales, en los que son seleccionados de entre un grupo de candidatos cuyas cualificaciones han sido revisadas y aprobadas por un organismo independiente.
El Diálogo Interamericano es un centro de análisis e intercambio político que une a una red de líderes globales para promover la gobernabilidad democrática, la prosperidad y la equidad social en América Latina y el Caribe.
Oposición ve politización e injerencia del crimen si se sufraga por jueces
El líder nacional del PAN, Marko Cortés, acusó que la aprobación de una reforma al Poder Judicial implica “enormes riesgos como la politización de la justicia, la falta de experiencia de jueces y magistrados, además de la probable complicidad con la delincuencia organizada”.
A través de un comunicado, el panista sostuvo que el gobierno debe reconsiderar una reforma que afectaría gravemente el Estado de Derecho y también pondría en riesgo los acuerdos y tratados internacionales de los que México forma parte.
- Y es que aseguró que “tramposamente”, la reforma judicial busca la elección de jueces, ministros y magistrados a través del voto directo de la ciudadanía, lo cual, dijo, implica enormes riesgos, ya que la elección de jueces y magistrados se convertiría en un proceso altamente politizado, habida cuenta de que los candidatos podrían ser seleccionados en función de su afiliación política en lugar de su idoneidad y capacidad para ejercer la justicia de manera imparcial.
También la falta de conocimiento y experiencia es un factor a considerar, pues podría llevar a la elección de jueces y magistrados que no cuenten con las habilidades y competencias requeridas para ejercer su función de manera efectiva.
- Otro grave riesgo es que los candidatos a jueces con tal de ganar generen pactos inconfesables con los grupos de la delincuencia organizada, tal como lo ha señalado la agencia norteamericana antidrogas (DEA), lo que podría comprometer su independencia y objetividad en la toma de decisiones judiciales y poner la justicia en manos criminales.
- El dirigente de Acción Nacional también mencionó que la elección directa de jueces podría implicar cambios frecuentes en la composición de los tribunales, ya que podrían ser elegidos por períodos de tiempo limitados y esto podría afectar la estabilidad y continuidad del sistema judicial, lo que a su vez podría tener un impacto negativo en la calidad y consistencia de las decisiones judiciales, además sus compromisos y resoluciones podrían estar más pensadas en poderse elegir o reelegir como jueces o magistrados, que en verdaderamente hacer justicia.
Por otro lado, el diputado panista Jorge Romero y también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, enfatizó que aunque su partido están en desacuerdo con la propuesta específica de elegir a ministros por medio del voto popular, sí están dispuestos a participar en los foros organizados para la discusión y análisis de la reforma al Poder Judicial y que darán inicio el próximo 27 de junio.
- En este sentido, el diputado panista subrayó que cualquier cambio en el Poder Judicial debe ser cuidadosamente evaluado para asegurar que promueva la justicia y la equidad en el país. De acuerdo con el también Coordinador del grupo parlamentario del PAN, la propuesta actual de reforma necesita un análisis exhaustivo para identificar sus potenciales riesgos y beneficios.
Sostuvo que “la reforma que se propone tiene el objetivo de modificar aspectos fundamentales del Poder Judicial. Por ello, debemos advertir sobre las posibles implicaciones de estos cambios, señalando la importancia de mantener un sistema judicial independiente. Es por eso que se deben escuchar a todas las voces”.
Elegir por voto popular a jueces no quitará la corrupción
- La magistrada del Consejo de la Judicatura Federal, María Emilia Molina descartó en julio pasado, que la reforma al Poder Judicial beneficie a la población mexicana y ayude a erradicar los actos de corrupción.
- En el foro virtual de El Financiero, titulado la ‘Reforma Judicial, ¿a dónde va?’ la también presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras aseguró que se debe analizar lo que pretende hacer la reforma debido a que esta no garantiza el acceso a la justicia.
“Elegir popularmente no va a beneficiar directamente a la población, ni mucho menos al derecho al acceso a la justicia, me parece que no va a quitar lo que hablan de corrupción, porque si fuera así con la votación popular no podríamos hablar de corrupción en los otros poderes”, comentó.
- Asimismo, argumentó que el Poder Judicial no tiene un distanciamiento con el pueblo, sino que la misma ciudadanía está rechazando la iniciativa de ley de la reforma constitucional propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Se habla de que no hemos protegido a las personas más desfavorecidas y que se ha protegido a ciertos grupos de personas de alto poder, pero hay que recordar que el Poder Judicial no decide que asuntos resolver, las personas deciden si se van a juicio y deciden que temas proponen al Poder Judicial”, dijo.
- En cuanto a las empresas beneficiadas por jueces para no pagar impuestos, Emilia Molina aclaró que los asuntos que corresponden a créditos fiscales no están bajo el Poder Judicial sino en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Además, aseguró que los magistrados que conforman estas salas son propuestos por el Presidente de la República. “Habría que aclarar que, si los asuntos se atoran de alguna forma o se impugnan mucho, podría ser ahí (en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa), se van después a juicio de amparo o revisión fiscal cuando no le favorece la sentencia al sistema de hacienda”, explicó.
En este sentido, reiteró la necesidad de que en el país se instalen más órganos jurisdiccionales para poder atender a toda la población que va a los juicios.
“Lo cierto es que tenemos una carga excesiva de trabajo que tiene que ver con la falta de presupuesto para tener más órganos jurisdiccionales (…) Tenemos que mejorar la forma de comunicación del Poder Judicial, pero eso no quiere decir que nuestro trabajo sea alejado de la población, lo que no tenemos tal vez es una buena forma de comunicar lo que estamos haciendo, pero no podemos hablar de que el Poder Judicial en sí mismo no está cerca de la población”, expresó.
- Finalmente, señaló que la propuesta de López Obrador para que se elijan a personas recién egresadas de la licenciatura de Derecho para ocupar cargos en el Poder Judicial perjudicaría a la tribuna.
- “Nosotros estamos buscando que la forma en que se elijan a jueces, magistrados y ministros sea con la mejor pulcritud. La forma en que está propuesta la iniciativa al Poder Judicial, perjudicaría. Debemos partir desde un análisis completo”, añadió.
Ministros con pase automático en elecciones
Ernestina Godoy, próxima consejera jurídica de la Presidencia, informó que las personas que actualmente están en funciones en el Poder Judicial podrán participar de manera automática en las elecciones de jueces, magistrados y ministros.
- Al asegurar que la reforma al Poder Judicial sí va a cambiar luego de los nueve foros que se organizaron para discutir este tema, Ernestina Godoy anunció que una de las modificaciones a la iniciativa será crear un pase automático a las elecciones para quienes actualmente se desempeñan en los cargos que se pondrán a votación.
“Uno de los puntos que se planteó fue que quienes están en funciones en el Poder Judicial tienen pase automático a la boleta, no se necesita conocer a nadie, ya lo estarán viendo, tiene pase automático a menos que la persona decline”, expresó Godoy.
- La morenista, quien participó en el noveno foro de la reforma al Poder Judicial en el estado de Sinaloa, señaló que este pase automático se aplicará incluso a los actuales ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“Si todos los ministros quieren participar y dar la cara al pueblo y decir yo quiero seguir siendo ministro, ahora por voto popular, porque he hecho esto, esto y esto, y la gente vota por ellos, adelante”, dijo Godoy Ramos.
- La exfiscal de la Ciudad de México hizo este anuncio luego de escuchar a Marlén Ángeles Tovar, una juzgadora con 20 años de carrera que participó en el foro de Sinaloa, donde expresó su preocupación por la selección de personas que participarán en las elecciones del Poder Judicial, un proceso que quedará en manos de la Presidencia, los legisladores y la Corte.
- “¿Para estar en esa lista de candidatos qué hay que hacer? Yo por ejemplo, que tengo una carrera judicial de 20 años de antigüedad, no sabría qué hacer. No conozco a ningún legislador. Tampoco conozco al presidente o presidenta de la República. No conozco a ningún partido político, no conozco a nadie”, lamentó Ángeles Tovar.
¿Cómo podrán participar en las elecciones del Poder Judicial, según Ernestina Godoy?
Luego de la participación de la juzgadora, Ernestina Godoy señaló que para participar en las elecciones del Poder Judicial “no se necesita conocer a nadie”, y le dijo a Ángeles Tovar: “A menos que usted diga que no quiere participar, va a tener el derecho de participar. Dígamos, es el pase automático atendiendo este tipo de preocupaciones que usted nos ha dicho”.
Ernestina Godoy aseguró que habrá muchos cambios en la reforma al Poder Judicial que fue enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que no es cierto que los nueve foros de discusión que organizó la Cámara de Diputados hayan sido una simulación o que vaya a haber oídos sordos por parte de Morena.
Rechazo a la “ley Zaldívar” detonó la reforma al Poder Judicial
En el noveno y último foro de la reforma al Poder Judicial, celebrado en Sinaloa, líderes de Morena explicaron algunos de los motivos que llevaron al presidente López Obrador a presentar esta iniciativa al Congreso.
- Ignacio Mier, coordinador de los diputados federales de Morena, aseguró que uno de esos motivos tiene que ver con el rechazo que hubo en 2021 para que Arturo Zaldívar pudiera quedarse un año más como ministro presidente de la Suprema Corte, a pesar de que por ley ya había culminado su periodo al frente del máximo tribunal.
El diputado explicó que, en 2021, Morena aprobó una reforma a la Ley General del Poder Judicial para tratar de atender las deficiencias en los juzgados, sin embargo, la legislación no se ejecutó debido a que Zaldívar no pudo presidir un año más la Corte.
“No fue posible (que Zaldívar permaneciera) y hay que decirlo con honestidad, por eso es que el ‘Plan C’ tiene como punta de lanza para propuesta de nuestro movimiento al pueblo de México, la reforma al Poder Judicial”, señaló Ignacio Mier.
- Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, también expresó otro motivo por el que surgió la reforma al Poder Judicial: la suspensión de leyes por parte de la Corte.
- “El Poder Judicial, particularmente la SCJN, ha intervenido en una posición de abierta confrontación respecto de los otros dos poderes, suspendiendo la aplicación de leyes que a menudo excede sus competencias”, expresó Monreal.
El zacatecano consideró que estas determinaciones de la Corte ha generado un “desequilibrio” y ha incurrido en intromisiones al Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, por lo que es necesario hacer una revisión de sus facultades.
“Este escenario subraya la necesidad de revisar y ajustar la organización y funcionamiento del Poder Judicial para garantizar un auténtico equilibrio y respeto entre los Poderes de la Unión”, mencionó el líder de Morena. /PUNTOporPUNTO
Documento Íntegro a Continuación:
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