La lucha contra la corrupción en los estados ha detonado muchas denuncias, pero pocas judicializaciones y contadas sentencias.
- Una investigación de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas señala que las demandas en la materia entran en una zona de opacidad ubicada entre las fiscalías anticorrupción (Poder Ejecutivo), las auditorías fiscalizadoras (Poder Legislativo) y los jueces que dictaminan los casos (Poder Judicial), para luego recorrer los laberintos burocráticos del sistema hasta atorarse en los escritorios de funcionarios sin pericia.
- El reporte, basado en entrevistas con integrantes de Sistemas Estatales Anticorrupción en Nuevo León, Michoacán, Estado de México, Guerrero y Chihuahua, revela que los estados no logran procesar judicialmente a gobernadores u otros altos funcionarios involucrados en casos de abuso de poder, pero sí castigan, en cambio, a funcionarios públicos de poca monta, como policías o adversarios políticos.
Entre las principales deficiencias están la fragilidad de los mecanismos para proteger a los denunciantes, la falta de personal capacitado para procesar los expedientes y la escasez de sentencias.
Javier Garza, Fiscal Anticorrupción de Nuevo León, señaló que uno de los grandes lastres es la lentitud en la integración de las carpetas de investigación y en el ofrecimiento de pruebas durante las audiencias.
El titular de la Auditoría Superior de Michoacán, Miguel Ángel Aguirre, reconoció que muchos de los expedientes a resolver tienen muy mala fundamentación, lo que hace que pierdan alrededor del 95 por ciento de los casos.
DURANGO, CDMX y EDOMEX CON MÁS ACTOS DE CORRUPCIÓN
El Inegi expuso que en el país se observa que la implementación de los mecanismos institucionales para combatir la corrupción, como es el caso del Sistema Nacional y los Sistemas Locales Anticorrupción, así como la existencia de planes y programas a nivel estatal para combatirlo, aún no tienen un efecto en la vida cotidiana de la población.
Al retomar estadísticas sobre la última encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), indicó que la prevalencia de corrupción mantiene una tendencia creciente del 2013 al 2019, al pasar de 12 a casi 16 víctimas de corrupción por cada 100 habitantes.
- Mientras que del 2017 al 2019, el costo de la corrupción a precios constantes aumentó 63.1%; es decir, el gasto promedio por persona afectada pasó de 2,273 pesos en 2017 a 3,822 en 2019.
- La población, refirió el Inegi, enfrenta niveles de corrupción crecientes, sobre todo en los trámites del ámbito estatal, por lo que es posible afirmar que la estrategia de combate a la corrupción debe centrarse en lo local.
- El órgano autónomo precisó que a nivel nacional las entidades que presentaron la mayor proporción de personas víctimas de algún acto de corrupción en 2019 fueron Durango, CDMX y el Edomex.
Por otro parte, el Inegi indicó que de acuerdo con la información publicada en el sitio oficial del Sistema Nacional Anticorrupción, las entidades que actualmente cuentan con una política estatal anticorrupción son: Sinaloa, Jalisco, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala, Tabasco y Quintana Roo.
Mientras que a nivel municipal los avances en la implementación de planes anticorrupción han sido marginales ya que en 2010 casi 17% de los municipios reportó contar con un instrumento de este tipo, para 2018 un 20% reportó contar con un plan o estar en proceso de elaborar uno.
DENUNCIAS POR CORRUPCIÓN NO LLEGAN A LA JUSTICIA FEDERAL
A lo largo de los casi dos primeros años del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de la Función Pública (SFP) presentó más de 500 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), por irregularidades y posibles actos de corrupción, pero ninguna ha sido llevada ante la justicia federal.
- De esas denuncias, 296 fueron presentadas entre abril y mayo contra funcionarios y exfuncionarios del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
La SFP en agosto pasado estableció que, con corte al 17 de junio de 2020, la secretaría encabezada por Irma Eréndira Sandoval no tenía información del estado que guardan muchas de las denuncias.
- El pasado 27 de octubre, la titular de la SFP compareció ante la Cámara de Diputados para la glosa del 2do. Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde detalló que hasta ese momento la dependencia había presentado 513 denuncias por corrupción ante la FGR, sin precisar si habían sido consignadas ante un juez ni el estado de las mismas.
- La información señaló que la SFP había presentado 388 denuncias ante la FGR contra funcionarios de diferentes dependencias, instituciones, fideicomisos y demás oficinas públicas.
- Es decir, entre el 18 de junio y el 27 de octubre, según las cifras reportadas por la titular de la SFP, se presentaron 125 denuncias más, de las que tampoco se tiene información sobre su estado.
- De las 388 denuncias hasta junio, 296 fueron contra funcionarios y exfuncionarios del ISSSTE por delitos como cohecho, peculado, usurpación de profesiones, contrataciones simuladas y ejercicio ilícito del servicio público.
Según los datos otorgados por la propia SFP, ninguna de esas denuncias ha sido consignada ante un juez federal, pues todas están en etapa de integración de la carpeta de investigación.
Otras conductas denunciadas contra funcionarios del ISSSTE son el robo de medicamentos, tráfico de influencias, facturaciones falsas, pago y recibo indebido de salarios de servidores públicos, coalición de servidores, usurpación del estado civil, así como continuar ejerciendo después de ser destituido.
Pese a que en la presente administración se ha reportado el robo de medicamentos en distintas instituciones de salud, la única denuncia por este hecho es contra funcionarios del ISSSTE y fue presentada en abril pasado.
- Se destaca la presentación de cuatro denuncias, entre junio de 2019 y febrero de 2020, por acoso sexual cometido por trabajadores de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), pero de las cuales, según la SFP, no existen registros del estado en que se encuentran, es decir, no se sabe si ya fueron radicadas y si procedieron.
También, entre 2019 y 2020, la SFP presentó siete denuncias contra servidores públicos del Servicio de Protección Federal.
Los hechos denunciados en estos casos fueron amenazas de muerte, por irregularidades en un proceso de licitación de 2018, por retener injustificadamente a un subordinado a quien le fueron colocados candados de mano y se le mantuvo incomunicado, por torturar sicológicamente a otros servidores públicos, alteración de documentos oficiales, así como intento de sustraer información de la institución en dispositivos USB, entre otros.
Pese a los hechos reportados, de ninguna de estas denuncias la SFP tiene información del estado que guardan.
- Ante la Cámara de Diputados, Sandoval Ballesteros subrayó que en su gestión se han ordenado mil 712 inhabilitaciones, 282 destituciones y aplicado 382 sanciones económicas.
- De la información consultada, se obtuvo que las multas y sanciones referidas por la secretaria de Estado sumaron 22 millones 559 mil 453.57 pesos contra servidores públicos y contratistas que han incurrido en irregularidades administrativas o posibles conductas de corrupción.
Sin embargo, de esos más de 22 millones de pesos, únicamente ha subsistido el cobro de 18 millones 90 mil 869.96 pesos debido a que tres expedientes en los que se pretendía sancionar por 2 millones 181 mil 60.10 pesos fueron sobreseídos.
Además, en otros cinco expedientes se declaró la nulidad de la sanción impuesta por la Función Pública, por lo que la secretaría no pudo cobrar 2 millones 287 mil 523.51 pesos./Agencias-PUNTOporPUNTO
Documento íntegro:
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