TEXTO ÍNTEGRO: Emergencia Ambiental; DEFORESTACIÓN afecta al 84% del Territorio NACIONAL

La deforestación y degradación ambiental afectan a un 84% de la extensión de todo México, pues se sabe que de 2015 a 2020 la deforestación en la República Mexicana ha ido en aumento, con un promedio neto anual de 127,800 hectáreas.

• La Comunidad Climática Mexicana (CCM) y CDP Latin America elaboraron una encuesta que revela que durante los últimos cinco años, la sequía se ha agudizado en todo el país, tan solo en 2022 impactó a un 56% del territorio.
• Debido a sus características geográficas y socioeconómicas, México es uno de los países más vulnerables ante el cambio climático. Alrededor del 68% de la población y el 71% del Producto Interno Bruto (PIB) están expuestos a los efectos del cambio climático.
• La deforestación ha contribuido directamente a acentuar las sequías y, junto con otros factores del cambio climático, esto se traduce en escasez de agua para el consumo humano, la industria y la agricultura.

Así lo revela la nota factual ‘Resiliencia ante el cambio climático: Avances en adaptación y acciones para prevenir la deforestación en estados mexicanos’, presentada por CDP Latin America y la Comunidad Climática Mexicana (CCM), resultado de una encuesta realizada a 26 entidades federativas —que concentran al 77.4% de la población del país— sobre sus acciones y políticas ambientales y climáticas.

Durante la presentación en línea de estos resultados, se reveló que 21 estados afirmaron que la deforestación es un problema para su territorio y reconocieron como principales detonadores a los incendios forestales, el cambio de uso de suelo para ganado, la tala ilegal y la agricultura a pequeña y gran escala, lo que ha derivado en una afectación de 84% de todo el país.

Detallaron que frente a la situación de deforestación actual, diversas medidas han sido desarrolladas por los estados, tales como mejorar el desarrollo rural sustentable; aumentar la resiliencia de negocios y de personas al estimular cadenas de suministro sostenibles; conservar la biodiversidad, y mantener la calidad de los suelos y del agua.

Agregaron que entre las principales fuentes financieras para la implementación de los programas de REDD+ jurisdiccional en estados mexicanos, se identifican acuerdos bilaterales con el Green Climate Fund (GCF), el programa UN-REDD+ y mecanismos voluntarios del mercado de carbono.

Por lo tanto, en el documento presentado se recomienda acelerar las acciones para reforestar bosques, restaurar ecosistemas dañados y desarrollar soluciones de conservación, lo cual es un reto para los estados, pero también es una oportunidad para unir esfuerzos entre los gobiernos subnacionales y los actores de la sociedad civil, la academia, las empresas y el sector financiero.

• La nota factual advierte que, si ciertos territorios de México llegasen a enfrentar sequía severa, extrema o excepcional durante un mes, las pérdidas anuales del PIB podrían ser de entre 3,000 y 4,000 millones de dólares en el sector de manufactura y de hasta 1.6 mil millones para el sector agrícola.

Entre las conclusiones del evento se destacó que aunque existe un avance importante desde el nivel subnacional en materia climática, aún falta mucho por hacer. En este sentido, la coordinación y trabajo en conjunto con distintos actores puede catalizar la acción climática necesaria. Tal es el caso de la colaboración de la Comunidad Climática Mexicana (CCM) y la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales (ANAAE) en México.

Seis regiones de México en alerta ambiental 

En México se localizan seis Regiones de Emergencia Ambiental (REA) que padecen pobreza, y pérdida de patrimonio natural por la depredación causada por actividades industriales. Así lo expuso la doctora Aleida Azamar Alonso, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), al presentar información sobre México, en la novena Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales.

• Esas zonas de contaminación ambiental se relacionan con los corredores urbano-industriales señalados en el Plan Nacional de Desarrollo formulado por Ernesto Zedillo en 1996, para conectar en forma expedita el este de los Estados Unidos con la Cuenca del Pacífico.
• Las zonas señaladas por la investigadora universitaria también han sido descritas como “infiernos ambientales” y de localizan en El Salto-Juanacatlán, Jalisco; Dolores Hidalgo, Guanajuato; Atitalaquia-Atotonilco-Apaxco, Hidalgo; Ríos Atoyac y Zahuapan, en Puebla y Tlaxcala; el Istmo Norte y Coatzacoalcos, Veracruz.
• La profesora del Departamento de Producción Económica de la Unidad Xochimilco citó que por la aplicación de políticas de corte neoliberal desde la década de los ochenta del siglo pasado se han generado zonas de contaminación ambiental que se relacionan con los corredores urbano-industriales.

Azamar dijo que según información de Toxitur México existen otras siete regiones contaminadas: los corredores geográficos Guaymas-Nogales, Manzanillo-Nuevo Laredo, Matamoros-Villahermosa, Acapulco-Veracruz, Tapachula-Manzanillo, Salina Cruz-Coatzacoalcos y Villahermosa-Cancún.

• Aunque “ante el embate de empresas trasnacionales y del país ligadas a las exportaciones e importaciones en esas zonas se ha gestado una resistencia social para combatir la explotación irracional impuesta por el gran capital de la tierra y el agua”, indicó en su ponencia Las Regiones de Emergencia Ambiental (REA) en México.

Azamar Alonso, presidenta de la Sociedad Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica, apuntó que el primer infierno ambiental es lo que ha sucedido en Jalisco, donde la población pobre ha sido la más afectada, aunque también se ha observado la destrucción silenciosa del ecosistema en Guanajuato, mientras en tercer lugar puede ubicarse el “desarrollo industrial” ubicado en Hidalgo.

En torno a esa depredación del entorno, en el artículo Las regiones de emergencia ambiental: ¿una alternativa a los extractivismos y a la industrialización salvaje?, Azamar Alonso e Isidro Téllez Ramírez rememoran que esos espacios fueron identificados en la caravana de registro geográfico Toxitur, en diciembre de 2019. En el proyecto participaron ciudadanos, periodistas, fotógrafos y académicos mexicanos, acompañados de dos europarlamentarias y una senadora estadunidense, además de reconocidos científicos y activistas.

Para científicos, especialistas en bosques e integrantes de organizaciones no gubernamentales, México tiene un balance negativo si se habla de la situación de sus recursos naturales.

• Todos coinciden en que el poco presupuesto que se destinó al sector ambiental mostró el desdén gubernamental a un tema estratégico.

Además, consideran que se abonó el terreno para que crecieran aún más problemas que el país ya padecía, como la impunidad en los delitos ambientales, el abandono a las comunidades forestales y la violencia contra defensores de ambiente y territorio.

Desmantelamiento del sector ambiental

Desde que comenzó el actual sexenio, el sector ambiental ha sido uno de los más castigados. En 2021, se destinaron 31 348 millones de pesos para todo el sector, un poco más que los 28 900 millones de pesos (poco más de 1368 millones de dólares) que recibió uno de los principales programas del gobierno: Sembrando Vida.

• Dependencias claves para la protección de los recursos naturales y combate a los delitos ambientales recibieron recursos mínimos. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) contó con un presupuesto de 866 383 000 pesos (alrededor de 41 millones de dólares), una cantidad que equivale a destinar alrededor de 9.6 pesos (poco menos de medio dólar) a cada una de las 90 millones de hectáreas del territorio nacional que tienen alguna categoría de protección

Cálculos realizados por integrantes de la Red de Jóvenes Ambientalistas muestran que por cada peso que se deja de invertir en áreas naturales protegidas se pierden entre 100 y 400 metros cuadrados de cobertura forestal.

• }“A partir de que en 2016 (durante el sexenio de Enrique Peña Nieto) se reduce en forma sustancial el presupuesto de la Conanp, la pérdida de cobertura forestal se dispara”, explica Aldo Muller, economista ambiental integrante de la Red
• La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) fue otra de las dependencias ambientales más castigadas: contó con 52 millones de pesos menos que en 2019, al recibir 742 103 000 pesos (alrededor de 35 millones de dólares).
• El bajo presupuesto destinado a la Conanp y Profepa ha provocado una ausencia institucional en las áreas naturales protegidas, asegura el doctor Rodrigo Medellín, investigador del Instituto de Ecología de la UNAM.

Y con ello se ha colocado en una situación más vulnerable a especies de flora y fauna que ya de por sí tenían problemas. Además, se perjudican los procesos bioculturales de esas áreas: la relación de los ecosistemas con el bienestar de las comunidades locales

• Como ejemplo, Medellín cuenta lo que sucede en el Parque Nacional El Tepozteco, en Morelos, donde está prohibido construir, pero se están edificando casas, algunas de ellas cercanas a la Cueva del Diablo, sitio donde se aparea el murciélago magueyero mayor (Leptonycteris nivalis).
• Hasta ahora, no se conoce otro lugar de apareamiento de esta especie. Así que el futuro de este murciélago depende, en gran medida, de la conservación de esta cueva.
• “Se lo hemos dicho a las autoridades federales, a las locales, a la guardia nacional; todos dicen que es muy grave, pero nadie hace nada. Nadie aplica la ley. Hay una impunidad absoluta”, reclama el investigador

El bajo presupuesto no fue el único problema que sacudió al sector ambiental en 2021. Lucía Madrid, maestra en políticas ambientales por la Universidad de Cambridge y especialista en manejo integrado de paisajes, recuerda que desde el 2020 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) comenzó a tener un rediseño que no se ha consolidado y que debilitó aún más a la dependencia.

Lo crítico: pérdida de cobertura forestal

Para el doctor Rodrigo Medellín una de las mayores catástrofes ambientales que hoy vive el país es la pérdida de la cobertura forestal en la Selva Lacandona, al sureste de México.

La expansión de las plantaciones de palma africana y la ganadería, los conflictos agrarios que llevan años sin resolverse, la invasión de áreas naturales protegidas y la presencia del crimen organizado son algunas de las actividades que están terminando con la Lacandona mencionan los investigadores que trabajan en la zona, tratando de salvar a especies como el jaguar.

• Aún no hay datos que muestren cuántas hectáreas de cobertura forestal perdió el territorio nacional en 2021. La información hasta ahora disponibles no es alentadora. México se quedó sin 300 mil hectáreas de cobertura arbórea en 2020, de acuerdo con los análisis de imágenes satelitales realizados por la Universidad de Maryland y publicados por la plataforma de Global Forest Watch.

Además, en el país se han identificado 122 zonas críticas, en donde hay tala clandestina, lavado de madera, cambios de uso de suelo, incendios provocados y presencia del crimen organizado, de acuerdo con datos presentados por la propia Semarnat en octubre pasado.

Ante este panorama, María Luisa Albores, titular de la Semarnat, presentó una “estrategia contra deforestación y tala ilegal”, la cual se basa en la “prevención, inspección y verificación de aserraderos, además de un trabajo de inteligencia… con la finalidad de poder ejecutar acciones penales contra los responsables de los ilícitos”.

• Lucía Madrid explica que no es posible tener una misma estrategia para abordar tala ilegal y deforestación, porque “son fenómenos distintos, realizados por actores diferentes”.
• La deforestación, comenta, tiene que ver con cambio de uso de suelo y está relacionada con cadenas productivas industriales como la ganadería, la agricultura industrial, los desarrollos inmobiliarios y los megaproyectos.

“En México —insiste— no hay una estrategia concreta para detener la deforestación. Tampoco hay recursos suficientes para la unidad que hace el monitoreo de la deforestación, lo cual no permite tomar decisiones oportunas para atender el fenómeno. Sin embargo, la deforestación es uno de los principales problemas socioambientales del país, que arrasa con alrededor de 250 mil hectáreas de bosques por año”.

En más de una ocasión, la titular de la Semarnat ha presentado como un logro el haber firmado un acuerdo con representantes de las comunidades menonitas de Campeche, en el que se comprometen a detener la deforestación de la selva maya.

Desde hace años, apicultores mayas han presentado denuncias en contra de los menonitas por haber transformado miles de hectáreas de selva maya en campos de soya.

• El acuerdo entre la Semarnat y los menonitas “generó mucha molestia en comunidades mayas de Hopelchen”, señala Jorge Fernández, de Equipo Indignación, organización no gubernamental que trabaja en la Península de Yucatán. El enojo, explica, ha sido porque “los menonitas siguen deforestando y sembrando soya transgénica de manera ilegal”.

En 2021, las organizaciones Greenpeace y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) presentaron una denuncia ante Profepa por la siembra de soya y maíz que probablemente es transgénico en comunidades de Hopelchén, Campeche.

Mientras el país pierde bosques, selvas, manglares, pastizales y especies de flora y fauna, las poco más de 2310 comunidades que realizan manejo forestal sustentable tienen cada vez más retos: tramitología, carga fiscal, presencia del crimen organizado en sus territorios, bosques en donde las plagas y las enfermedades se intensifican por el cambio climático y una disminución significativa de los apoyos que recibían de la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

• El caos que se ha provocado por la falta de presupuesto y el debilitamiento de la Semarnat trae consigo el avance de la ilegalidad, porque al mismo tiempo en muchas regiones forestales están sufriendo una presión del crimen organizado que busca controlar todo lo relacionado con el aprovechamiento forestal”, explica Lucía Madrid, quien también forma parte del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS).

José Iván Zúñiga, del Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés), destaca que la falta de inversión en las comunidades que hacen manejo forestal sustentable abre la puerta a otros problemas: “Si no tienes un manejo del bosque —advierte— no se tienen brechas cortafuegos ni una atención oportuna y capacitada para atender las plagas y enfermedades forestales”.

México, sin mecanismos para verificar uso de recursos para combatir el cambio climático

Los recursos anuales que se han destinado a atender la mitigación del cambio climático, en promedio han sido 60,000 millones de pesos; sin embargo, “no existen mecanismos para verificar que efectivamente se están utilizando para combatir el cambio climático”; pues aún cuando se utilizara la totalidad de los recursos, “seguirán faltando para alcanzar la meta de mitigación prevista para 2030, para Gases de Efecto Invernadero (GEI) en 22 por ciento”.

• De acuerdo con la investigación de Tonatiuh Vázquez, coordinador de Energía y Finanzas Públicas del CIEP, y Adrián García, coordinador del área de Ingresos e Impuestos del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), proponen analizar que, ante la falta de recursos para atender la emergencia climática, haya un impuesto a las emisiones GEI.

“Este tipo de medidas fiscales tiene dos fines. Por un lado, al poner un impuesto a las emisiones, se incentiva a utilizar fuentes de energía más limpias, reduciendo las emisiones; y por otro, genera recursos para financiar las medidas de mitigación y adaptación necesarias”, comentan García y Vázquez.

Información reciente presentada en el parlamento abierto destaca que México necesita destinar 126,000 millones de dólares para hacer frente al cambio climático, a través de 30 medidas en ocho sectores de la economía, y con ello cumplir la meta de reducción en 22% de emisiones de GEI para el 2030, como parte del Acuerdo de París.

• El cambio climático es un enorme reto que pone en riesgo la economía, los ecosistemas y el modo de vida de las regiones de México y el mundo, “es necesario reducir de manera crítica las emisiones de CO2 para evitar que ocurran eventos catastróficos irreversibles”.
• México ocupa el lugar número 10 de países con mayores pérdidas económicas por el cambio climático en el periodo 1999-2018., detalla la publicación “Un pacto verde para México” de la Fundación Friedrich Ebert.

Además hay estimaciones que revelan que el cambio climático podría tener un costo de 6.0% del PIB para 2050; lo que hace necesario que se destinen más recursos para su mitigación.

• Para este 2023, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) enfocará sus acciones en la generación e integración de información y conocimiento científico, por lo que proyecta realizar 12 investigaciones, indica el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

Las investigaciones que prevé el INECC realizar estarán vinculadas a temas prioritarios para la adaptación al cambio climático, mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, contaminación y salud ambiental, sustancias químicas y residuos.

• En el documento que analizan los diputados, previo a la aprobación presupuestaria, también se incluye el compromiso por realizar la emisión de 100 opiniones técnicas a instituciones del Sistema Nacional de Cambio Climático (SINACC) y/o actores de los tres órdenes de gobierno; así como el fortalecimiento de 46 procesos estratégicos nacionales e internacionales para el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de instrumentos de planeación y de política, legislativos, normativos y de investigación.

De acuerdo con el PEF se tienen proyectados un presupuesto de 169 millones 960,631 pesos para Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y Crecimiento Verde.

Lluvias en México se redujeron hasta 60% en los últimos años

Los efectos del calentamiento global se hacen cada vez más presentes en todos los países, aunque de diferentes formas.

• En el caso de México fueron las recientes ondas de calor, así como sequías debido a que es el país de Latinoamérica que registra las temperaturas más altas, según la Organización Meteorológica Mundial (OMM).
• En el reporte “El estado del clima en América Latina y el Caribe 2022″ el organismo explica que cada diez años los países de esta región registran un incremento promedio en la temperatura, de aproximadamente 0.2 grados.

“(La temperatura) es la más acusada desde que se comenzaron a registrar las climatologías de 30 años en 1900″, advirtió.

Consecuencias de las altas temperaturas en México

México se situó entre 0.3 grados entre 1991 y 2022. La sequía se hizo más evidente este año, pues las lluvias se redujeron entre 40 y 60 por ciento, según la OMM.

• Baja California registró precipitaciones en 20 por ciento por debajo de lo normal. Los estados de Nuevo León y Tamaulipas fueron los más afectados por la sequía en 2022. Alrededor del 30 por ciento del país experimentó sequía al extrema durante todo el año.

• En mayo, la mitad del territorio nacional estaba afectado por una sequía de moderada a excepcional, según el Monitor de la Sequía en México.
• En consecuencia, también resultó afectado el suministro de agua en Monterrey y dos de las presas: La Boca y Cerro Prieto, alcanzaron niveles extremadamente bajos, con 13 y 7 por ciento de su capacidad total, respectivamente.

También informó que junio fue el más caluroso desde el inicio de los registros, pues las temperaturas del mar tuvieron un aumento nunca antes visto.

La agencia meteorológica de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) citó estos cambios en el planeta como resultado del cambio climático ocasionado por los seres humanos. La OMM advirtió que se espera un aumento en el calor cuyos efectos se extenderían hasta el año 2024./PUNTOporPUNTO

Documento Íntegro:

Fact_sheet_Mexico