México le dice adiós a parte de la estructura burocrática que empezó a formarse en los noventa del siglo pasado durante el gobierno del expresidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994). Los primeros organismos de este tipo fueron el Banco de México, el Instituto Federal Electoral (IFE, hoy INE) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Luego surgieron otras decenas. La noche de ayer, siete le dieron vuelta a la última página.
- El epílogo se inició al conocerse el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2025, entregado el pasado viernes 15 de noviembre por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la Cámara de Diputados.
- En promedio, los siete organismos por desaparecer pidieron en promedio 30 por ciento menos de recursos que el año pasado, como en reconocimiento que se trata de su última etapa y requieren moderación.
En total, solicitaron en total 4 mil 422 millones 286 mil 152 pesos.
El INAI, el IFT, la Cofece, la CNH, la CRE, el Coneval y Mejoradu solicitaron en total 4 mil 422 millones 286 mil 152 pesos.
- La cantidad es 652 millones 928 mil 400 pesos menos de lo que solicitaron para funcionar en 2024, cuando la posibilidad de su desaparición, planteada durante el gobierno del expresidente López Obrador, se había fortificado.
- En varias conferencias “mañaneras” el exmandatario los calificó como “onerosos”, “injustificados” y “sustituibles”.
- El 5 de febrero pasado, en la coyuntura de la conmemoración de la Constitución mexicana y cuando faltaban meses para el término de su encargo, el Ejecutivo envió al Congreso la iniciativa que plantea su desaparición.
“Durante muchos años se fue creando una burocracia dorada y la creación de nuevos organismos a los que se (debían) destinar muchos recursos del presupuesto, por lo que bajo el principio de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, es necesario replantear el funcionamiento de estos, que en los hechos duplican funciones y tareas del Ejecutivo federal”, se lee en la iniciativa.
La mañana de ayer, 20 de noviembre, el nuevo destino para estos órganos fue confirmado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien regresaba de la cumbre del Grupo de los 20 efectuada en Río de Janeiro, Brasil.
- Al retomar sus “mañaneras”, ratificó que la iniciativa avanzará y sólo tendrá una modificación con el objetivo de fusionar la Cofetel y el IFT en un organismo autónomo desconcentrado adscrito a la Secretaría de Economía con independencia técnica.
La función de este nuevo organismo será inhibir las prácticas monopólicas, pero “sin los grandes aparatos creados en el pasado”, expuso la mandataria federal.
- El único pendiente es determinar cómo se designará a la o al titular, si será un nombramiento de la presidenta o quedará a cargo del Congreso. Al cierre de este texto, ese era el único cambio anunciado para la reforma.
Los vacíos de la extinción
Por ahora, en este amanecer, se vive en un limbo. La iniciativa que discuten los diputados no precisa qué ocurrirá en ciertos aspectos y determinados mecanismos; sobre todo en los del INAI que basaba su funcionamiento en el acceso a la información.
- Cientos de trabajadores esperan para conocer cuál será su destino preciso. Se desconoce qué ocurrirá con decenas de miles de expedientes de asuntos bajo reserva y quién o quiénes atenderán las quejas cuando una entidad de poder niegue información.
- La nueva Plataforma Nacional de Transparencia cuya reconstrucción apenas concluyó el mes pasado y que en la última década integró miles de millones de solicitudes de información, contratos y sueldos de gobiernos, sindicatos y partidos políticos, también ha caído en el campo de la incertidumbre.
Además, el Gobierno se prepara para recibir más tareas. En el caso del derecho al acceso a la información, tutelado hasta ahora por el INAI, pasa a la nueva Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno. La medición de la pobreza a cargo del Coneval debe ser asumida por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, de acuerdo con el texto de la iniciativa.
Así se configura la nueva forma en que funcionará la administración pública cuya primera mandataria se propone continuar la llamada “Cuarta Transformación”, iniciada por su antecesor, el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
INAI: después de tanto intentarlo, se apagaron las luces
- El fin llegó para el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), a pesar de los múltiples llamados de auxilio de los comisionados del organismo y organizaciones civiles. El denominador siempre fue la advertencia de un retroceso histórico en esta materia.
El organismo desempeñó un papel clave en la revelación de actos de corrupción en varias administraciones y en el seguimiento del uso de los recursos públicos en los tres niveles de gobierno.
Ahora, una vez que sus funciones sean transferidas a la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, el reto será enorme, según especialistas.
- Datos del mismo organismo indican que a diario se reciben unas 900 solicitudes de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). De estas, se generan unas 52 quejas debido a la negativa de los gobiernos, sindicatos o partidos políticos a proporcionar información.
- La iniciativa de reforma que plantea su desaparición propone que los sujetos obligados —como secretarías y dependencias gubernamentales— serán, de ahora en adelante, los encargados de crear y gestionar los procedimientos de revisión para atender las solicitudes de acceso a la información.
Es decir, las mismas instituciones que reciban las solicitudes decidirán si entregan o no los documentos requeridos. También se encargarán de atender las quejas relacionadas por incumplimiento.
Actualmente, el INAI vigila la entrega expedita de documentos que son solicitados por la ciudadanía en general a través de la PNT y, en caso de que alguna dependencia se niegue a entregar la información solicitada, los ciudadanos pueden interponer un recurso de revisión.
El retroceso que se viene
La PNT almacena más de 15 mil millones de archivos. De acuerdo con la comisionada presidenta, Norma Julieta del Río Venegas, de este universo, 7 mil pertenecen al Poder Ejecutivo, por lo que –desde su perspectiva–será compleja la transferencia de su manejo al Gobierno.
- Gabriel Espinoza, especialista en acceso a la información y protección de datos personales, aseguró que existe un vacío legislativo en esta reforma constitucional que no ha sido considerado por las cámaras dictaminadoras en cuanto a lo que ocurrirá con la PNT.
“Este vacío afecta la gestión de la información almacenada en la PNT, la cual conecta a los tres niveles de gobierno. Son millones de solicitudes que se encuentran alojadas en este sitio y no sabemos qué sucederá”, precisó.
- El especialista también advirtió que no se ha fijado la ruta que seguirán los institutos de transparencia locales que se encuentran por todo el país, por lo que esto se tendrá que establecer en las leyes secundarias.
- Tania Larios, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso de la CDMX, señaló que la decisión de borrar del mapa a estos organismos generará opacidad respecto a cómo funcionarios y el Gobierno federal gastan los recursos públicos.
“Los ciudadanos ya no podrán solicitar ningún tipo de información pública. Perderemos el conocimiento, la información y el poder de criticar, señalar y exigir el adecuado funcionamiento de las instituciones. El Gobierno está dando el peor de los mensajes que es el de oscurecer el manejo de los recursos públicos”.
Alertan más concentración de poder en el Ejecutivo
Data Cívica e Intersecta realizaron un análisis técnico en el que concluyeron que la desaparición de los organismos autónomos no sólo concentraría más poder en el Ejecutivo, sino que también debilitaría los mecanismos de rendición de cuentas y transparencia en el país.
- Mediante lo investigado por las organizaciones, se dio a conocer que: “la propuesta no solo busca eliminar tales organismos, sino elevar a nivel constitucional el principio de austeridad republicana aplicable a todo el gasto público, integrándolo al artículo 134 de la Constitución”.
Como lo indica en su nombre, los órganos constitucionales autónomos (OCA) son aquellos cuya creación se contempla directamente en la Constitución. Una de sus principales características es que no se adscriben ni se subordinan a ninguno de los poderes tradicionales del Estado, a saber:
- El Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial. Más bien, los OCA se concibieron como un contrapeso institucional para limitar a estos poderes, ya sea adoptando algunas de sus funciones o adquiriendo la capacidad de vigilarlos y fiscalizarlos.
- Bajo esta lógica, el análisis también destacó que, además de las siete instituciones que explícitamente desaparece la reforma impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, es posible que de forma posterior desaparezcan más órganos, utilizando esta reforma como fundamento para hacerlo.
- El documento también destacó que la eliminación de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) podría abrir la puerta a abusos de poder en el mercado, lo que afectaría directamente a los consumidores más vulnerables.
Según el informe, la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), por ejemplo, afectaría la capacidad de la ciudadanía y la sociedad civil de monitorear la actividad gubernamental, lo que pondría en peligro el acceso a la información pública y la protección de datos personales.
- Por otro lado, se detalló que el cierre del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) limitaría la capacidad de evaluar objetivamente las políticas sociales del país, lo que perjudicaría a las comunidades más necesitadas.
- En este sentido, el análisis indicó que las instituciones, lejos de ser ineficientes, han mostrado resultados positivos en la defensa de los derechos económicos y sociales, señala el análisis.
- Mientras que, subrayó que, si bien puede existir cierta superposición, esto no justifica la eliminación de los organismos autónomos. De hecho, se propone que, en lugar de eliminarlos, se podrían ajustar las funciones duplicadas dentro del Ejecutivo.
El documento también aseguró que la eliminación de estos entes podría contravenir los compromisos internacionales de México en materia de derechos humanos y transparencia.
ONU-DH llama a repensar extinción de organismos
Las relatoras de la ONU para los Derechos Humanos Ana Brian Nougréres e Irene Khan, instaron a las autoridades de México a reconsiderar la decisión de eliminar organismos autónomos, como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).
Advirtieron que, de eliminarse los organismos autónomos, se podría socavar el derecho a la privacidad en el país.
- “Esto resultaría especialmente preocupante, ya que es notable la contribución internacional del Inai en materia de transparencia, acceso a la información y de protección de datos personales, factores que juegan un papel fundamental en el fomento de una democracia saludable y robusta”, destacaron en un posicionamiento conjunto.
Las expertas en derechos humanos señalaron que el Inai ha empoderado a la ciudadanía mexicana para que conozca cómo controlar su información personal, en una era en la que las tecnologías disruptivas rodean la actividad humana.
Por ello, indicaron que el órgano de transparencia es crucial para salvaguardar los derechos fundamentales de los ciudadanos mexicanos, garantizar la aplicación efectiva de las leyes de protección de datos y para el liderazgo continuo de México.
“En conclusión, consideramos que la supresión del Inai sin establecer mecanismos alternativos integrales y comprehensivos podría debilitar la rendición de cuentas y la posibilidad de participar activamente en la vida pública que la creación de esta entidad perseguía”, expresaron.
- De esta manera, solicitaron explorar mecanismos alternativos comprehensivos y transversales para garantizar la transparencia, el acceso a la información y la privacidad de la ciudadanía.
En 2011, la Relatoría Especial sobre la promoción del derecho a la libertad de opinión y expresión recomendó al país preservar los avances en materia de acceso a la información y dotar de autonomía constitucional a los órganos de transparencia a efecto de que puedan desarrollar sus funciones de promoción y vigilancia sobre todos los sujetos obligados por la legislación de acceso a la información. /PUNTOporPUNTO
Documento Íntegro a Continuación:
https://media.datacivica.org/pdf/analisis_propuesta_reforma_constitucional_oca.pdf
Recibe nuestro boletín informativo, suscríbete usando el formulario
