El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) afirmó que el plan B electoral contiene modificaciones contrarias a la Constitución y estimó que en los próximos meses se presentarán de cientos a miles de recursos contra la reforma.
- El análisis “Radiografía del plan B: la reforma electoral de 2023 a examen”, también señala que en los próximos meses se vivirá un panorama incierto a la espera de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva los recursos presentados contra la reforma a leyes electorales.
“El plan B del presidente López Obrador es un verdadero alud de inconstitucionalidades (…) sería la reforma electoral más regresiva en la historia de la democracia mexicana”, se lee en el documento.
- El instituto destacó que “se avecina el litigio electoral más complejo de la historia constitucional” del país, un panorama no visto en al menos dos décadas y media frente a los próximos procesos electorales en el país, ya que esta reforma no deriva del acuerdo, sino de la “improvisación y la discordia”.
- “Las autoridades electorales, los partidos políticos y la ciudadanía en general vivirán meses de incertidumbre sobre las condiciones que rigen la vida democrática y política de las y los mexicanos”, se lee en el análisis elaborado por los investigadores Javier Martín Reyes y María Marván Laborde.
- Para el 2024, el estudio consideró que el INE y los OPLEs se enfrentarán a un “estrés desmedido” ante la reforma electoral, que no dará margen de error en la organización de la elección de todos los cargos federales de elección pública, entre estos la presidencia, nueve gubernaturas y los congresos de 30 estados.
“Este retroceso político, el desmantelamiento y la destrucción, así como el desorden que se inyecta, afectan no sólo a una estructura institucional, un sistema nacional que funciona, instrumentos vitales o condiciones reales de competencia política: en conjunto, esas nuevas circunstancias, alteran, impiden, y vulneran la autenticidad del sufragio”, destacó.
Los investigadores explicaron que el plan B es regresivo porque elimina parte del servicio profesional electoral, permite la difusión de propaganda gubernamental prohibida, reduce las sanciones y afecta la capacidad de las autoridades electorales para castigar ilícitos.
“No exageramos cuando decimos que, de aplicarse, estaríamos frente a un retroceso de proporciones históricas y que pondría en riesgo la celebración de elecciones libres y auténticas. Los problemas prácticos que genera la reforma no son pocos”, indicó.
Plan B pone en riesgo un sistema electoral
El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, afirmó que el ‘Plan B’ de reforma electoral pone en riesgo un sistema que ha funcionado “muy bien”, por lo que confió que por el bien de la democracia los tribunales restauren el orden constitucional.
- En un mensaje, hizo un balance de las 331 elecciones que organizó el INE en los últimos nueve años, las cuales, dijo, han estado marcadas por el profesionalismo, alternancia y buen funcionamiento de las instituciones:
- “…el dato más importante es que ninguno de esos procesos electorales ha tenido un conflicto postelectoral, con lo que estos nueve años son el período más largo de estabilidad política y de gobernabilidad democrática de toda nuestra historia.
Litigiosidad ha habido, sin duda, y mucha pero esta siempre se ha canalizado a través de los cauces institucionales…”
Con este argumento, afirmó que en esos nueve años, se registró el “periodo más largo de estabilidad política y de gobernabilidad democrática” en la historia del país. También, sostuvo que las elecciones organizadas por el INE estuvieron marcadas por la alternancia:
“Esas elecciones han producido el mayor nivel de alternancia de toda nuestra historia democrática. Con un índice a nivel nacional de poco más de 62 por ciento; dicho de otra manera, en estos años la probabilidad que tiene un partido político que ha ganado una elección de volver a triunfar en las urnas en la ronda electoral siguiente es de apenas una entre cada tres”.
El fondo de la reforma es devolverle al Gobierno el control de las elecciones
Lorenzo Córdova, aseguró que los despidos de trabajadores que contempla el «Plan B» de la reforma electoral costará 3 mil 500 millones de pesos en indemnizaciones, mismo monto que según el Gobierno buscan ahorrar con la medida aprobada por el Senado.
- «¿Dónde está el ahorro que se buscó?», planteó Córdova al participar en el seminario titulado «El Plan B electoral: ¿Equidad, austeridad o incertidumbre?», en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Es una premisa falsa que se quieren ahorrar elecciones, añadió Córdova citando datos del estudio interno del INE sobre los costos del «Plan B».
- El consejero, que está a 39 días de dejar el cargo, aseguró que el fondo de la reforma impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador es devolverle al Gobierno el control de las elecciones, como estaba hace 30 años, a pesar de que las medidas aprobadas ayer son contrarias a la Constitución.
- Entre las medidas más graves citó el control del voto de mexicanos en el exterior, que se hará sólo con pasaportes emitidos por el Gobierno y no con la credencial de elector, la participación de funcionarios públicos en campaña o la destrucción de la estructura del INE, con el despido de 2 mil 571 funcionarios del servicio profesional de carrera.
«No se ha publicado de la reforma, pero esperamos que se publique para continuar con la defensa jurídica de las instancias correspondientes frente a lo que es la imposición por primera vez en 30 años de las reglas electorales por una mayoría unilateral», dijo.
En el seminario también participan funcionarios como la consejera del INE Carla Humphrey Jordan; el consejero presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, Oswaldo Chacón Rojas y el magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe de la Mata Pizaña. Todos hasta ahora han rechazado principalmente el «Plan B» al señalar que fue aprobado sin consenso, desde el mismo Gobierno, sin consultar ni siquiera a la academia, y porque, acusan, es anticonstitucional y no abarata los costos.
«Si el objetivo de la reforma era abaratar los costos, ¿por qué no se tocó el financiamiento de los partidos políticos en los estados? Porque lo nacional requiere reforma constitucional, pero en lo local no. Es decir, sí se pudo haber disminuido el monto de la bolsa para los partidos políticos en los estados que ¿saben ustedes de cuánto es anualmente? 3 mil 500 millones de pesos», dijo Chacón Rojas.
- Aunque señaló algunas buenas intenciones de la reforma, como la compactación de la oficina de comunicación del INE, Carla Humphrey señaló la inconstitucionalidad que deberá dirimirse en la Suprema Corte y la destrucción de la operatividad del Instituto.
«Creo que el riesgo más importante que se hace a la institución electoral es la reducción del 85 por ciento del servicio profesional electoral», dijo.
El investigador de la UNAM y experto en derecho electoral César Astudillo Reyes acusó que la reforma fue promovida con una narrativa populista y que busca darle el control al Gobierno de López Obrador para permanecer en el poder por lo menos los próximos 30 años./PUNTOporPUNTO
Documento Íntegro:
213Radiografia_del_Plan_B_la_reforma_electoral_de_2023_a_examen
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