México Evalúa presentó dos encuestas aplicadas a personal judicial y abogados litigantes, en donde sobresale que 69% del personal afirmó haber sufrido en algún momento uno o varios ataques en relación con su ejercicio profesional; la violencia e inseguridad se incrementan en especial contra defensores de derechos humanos.
- En conferencia de prensa, el organismo informó que de las personas juzgadoras encuestadas 21% reportó haber vivido algún acto de ataque o amenaza a su integridad durante los últimos diez años, mientras que 52% del personal notificador o actuario (quienes dan trámite a las resoluciones judiciales), aseguró haber sufrido agresiones.
- Del 1 de enero de 2023 al 17 de enero de 2024 se identificaron 167 señalamientos contra el personal judicial de los cuales el 98% consistieron en declaraciones públicas, 88% fueron declaraciones públicas emitidas directamente por el Presidente de la República.
“Para que todas las personas tengamos acceso a una justicia libre de injerencias y presiones indebidas, el personal judicial debe contar con garantías para desarrollar sus funciones en un marco de independencia. Una de estas garantías es la protección a su integridad”, apuntó Mariana Campos, directora general de México Evalúa durante la presentación de los análisis.
Entre los ataques más frecuentes resaltan amenazas, agresiones y extorsión. Las agresiones hacia el personal jurisdiccional y las personas abogadas litigantes derivan en afectaciones graves en la salud, economía y relaciones familiares.
- Para las personas que litigan se perciben importantes afectaciones en el ejercicio de su trabajo, como el abandono de casos, la decisión por abandonar el litigio por completo y una disminución en la calidad de su trabajo. En el caso del personal judicial se amenaza el acceso a la justicia y la independencia judicial.
Los causantes de las agresiones hacia el personal judicial suelen ser las partes del juicio, la persona imputada o alguien de su entorno, integrantes de grupos de la delincuencia organizada, y el propio Estado, a través de las fiscalías y los ejecutivos federal y local.
- Durante la presentación de dos informes de esas organizaciones, especialistas advirtieron de que ejercer la justicia en México es una tarea arriesgada, cuyos peligros pueden aumentar con la iniciativa que impulsa el oficialismo para elegir a los juzgadores por voto popular.
- José Ramón Cossío, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), expresó su preocupación ante la reforma que avanza en el Congreso, pues va a “exponer a los jueces a una condición de enorme peligro” porque tendrán que responder a los intereses de quienes financien sus campañas, y no al electorado.
“Los políticos, de lo que no se han dado cuenta es que los jueces no van a acabar siendo de ellos, los jueces van a acabar siendo de los narcos, de los delincuentes, de los capitales, de todos esos agentes que juegan en contra del Estado”, alertó Cossío, socio fundador IFED.
- Cossío señaló que, aunque los legisladores estén satisfechos de aprobar las reformas, los jueces tendrán la libertad de interpretarlas como quieran, lo que dificultará el cumplimiento de las legislaciones, “y ni siquiera por la vía judicial van a poder realizar todos los mandatos que son propios de las leyes”.
“Cuando esos jueces no se avengan a los intereses de quién los financió o cuando esos jueces no puedan cumplir los deseos de los financiadores, entraremos en un ciclo de violencia contra los jueces que hoy no hemos visto”, avisó.
‘Reforma no atiende debilidades del sistema’
Entre otros hallazgos, el informe identificó 15 homicidios a personas juzgadoras a nivel estatal entre 2012 y 2023, dos a nivel federal, así como seis asesinatos a personal actuario, aunque advirtió de la falta de registros oficiales para dimensionar la problemática.
- Mariana Campos, directora general de México Evalúa, lamentó que la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador no atiende las debilidades del sistema y “no quiere que haya una discusión sobre la vulnerabilidad que existe realmente en los poderes judiciales”.
“Parece ser que pone a estas instituciones como todopoderosas, de jueces millonarios que ganan salarios altísimos, y no pone realmente en su justa dimensión la situación de los poderes judiciales”, apuntó Campos.
Por ello, la experta destacó que la mayoría de los estados tienen presupuestos muy limitados, y hay una carencia de jueces en el país, frente a un número creciente de casos.
- “Tenemos muchas demandas de la sociedad que atender en cuanto que se busca que los juicios cada vez se resuelvan más rápido, con justa razón. Pero entonces no hemos puesto en la mesa todos los retos que en verdad enfrentan los poderes judiciales a nivel operativo”, puntualizó.
México Evalúa afirmó que en el país se observa un ambiente de agresiones a la independencia judicial por parte de los poderes del Estado y de grupos de poder político y/o económico, entre otros.
Sostuvo que durante el último sexenio se han intensificado esas agresiones, en particular por parte del Poder Ejecutivo, y prevalece un contexto de inseguridad y violencia que incide en los riesgos que enfrenta el personal judicial.
Agresiones contra juristas
Campos resaltó que en un 50% de los ataques documentados en el informe, el agresor buscaba un cambio en el sentido de la sentencia, lo que es “ignorado” por las autoridades.
“Esto habla de que hay puertas abiertas, esto habla de que hay una incapacidad para prevenirlo, pero también para atenderlo”, avisó.
- Coincidió en que “hay un pronóstico muy negativo de que esta situación se va a recrudecer” si se aprueba la reforma, que a partir de 2025 instauraría elecciones populares para jueces, magistrados y la Suprema Corte.
“Y me parece grave que se le prometa a los ciudadanos algo que no va a suceder, sino que va a ser todo lo contrario”, enfatizó.
- Los ataques más frecuentes al personal jurisdiccional y las personas abogadas litigantes, según el informe, son las amenazas, las agresiones y la extorsión, que derivan en afectaciones graves en la salud, economía y relaciones familiares.
- Tan solo de enero de 2023 a enero pasado el estudio encontró 167 señalamientos en contra de personal judicial, de los que el 88% fueron declaraciones públicas emitidas directamente por el presidente López Obrador.
Preocupan a EU ataques al Poder Judicial en México
Los ataques al Poder Judicial, en específico a la Suprema Corte, así como a periodistas y organizaciones civiles por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador son motivo de preocupación para Estados Unidos, que en su Informe Anual 2023 sobre Derechos Humanos resaltó el enfrentamiento con la presidenta de la Corte, Norma Piña, así como las críticas lanzadas desde la conferencia matutina, además de la impunidad que prevalece en la persecución de delitos en México.
“El presidente López Obrador y otros actores del gobierno atacaron verbalmente al Poder Judicial, en particular a la Suprema Corte, criticando en numerosas ocasiones a jueces que fallaron en contra de la administración”, señala el informe emitido ayer por el Departamento de Estado. En particular, señaló el caso de la presidenta del Tribunal Supremo, Norma Piña, y recordó que “en marzo [de 2023], durante una manifestación multitudinaria en Ciudad de México, partidarios del gobierno quemaron una efigie” de ella.
- Asimismo, aludió a otra manifestación, encabezada por el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, en la que “simpatizantes portaron ataúdes con los nombres de siete de los 11 magistrados del Tribunal Supremo y los acusaron de ponerse del lado de los opositores conservadores y fallar en contra de las prioridades de la administración”.
- En el rubro del respeto a las libertades civiles, el reporte señaló que si bien los medios de comunicación independientes “expresaban una amplia variedad de opiniones sin restricciones”, a menudo “se autocensuraban por temor a represalias de funcionarios del gobierno y organizaciones delictivas transnacionales”.
Como en otros informes, el Departamento de Estado lamentó que se mantuvo “el descrédito oficial de los trabajadores de la prensa” y se refirió a la conferencia matutina de López Obrador, en particular al segmento Quién es quién en las mentiras. Retomó datos de la ONG Artículo 19, que en 2022 registró al menos 176 comentarios despectivos de la Oficina del Presidente dirigidos a medios de comunicación, periodistas y organizaciones civiles.
En su resumen, el reporte sobre México señala que “no hubo cambios significativos en la situación de derechos humanos” en 2023 respecto al informe del año anterior.
Entre las principales problemáticas del país están las siguientes:
- Informes fidedignos de homicidios ilegítimos o arbitrarios, incluidas ejecuciones extrajudiciales; desapariciones forzadas.
- Tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por parte de las fuerzas de seguridad.
- Graves problemas con la independencia del Poder Judicial.
- Graves restricciones a la libertad de expresión y a la libertad de los medios de comunicación, incluida la violencia contra periodistas y la aplicación o amenaza de aplicación de leyes penales sobre difamación para limitar la expresión.
- Grave corrupción en el gobierno, con “numerosos reportes de casos”, pese al esfuerzo del gobierno por “aplicar la ley”.
- Violencia de género generalizada y violencia o amenazas contra la comunidad LGBTTTIQ+.
“Los elementos delictivos, incluidas las bandas locales y transnacionales y los narcotraficantes, fueron autores importantes de delitos violentos y cometieron actos de homicidio, tortura, secuestro, extorsión, trata de personas, soborno, intimidación y otras amenazas, lo que se tradujo en altos niveles de violencia y explotación”, indicó el documento, según el cual, a pesar de que “el gobierno investigó y enjuició algunos de estos delitos, la mayoría quedaron sin investigar ni enjuiciar”.
De acuerdo con el reporte, en muchas partes del país las organizaciones dedicadas al tráfico de personas continúan actuando con connivencia con las autoridades locales.
De hecho, organizaciones internacionales y medios de comunicación informaron de casos de persecución a migrantes y solicitantes de asilo por parte de grupos delictivos y en algunos casos también por parte de la policía, funcionarios de inmigración y agentes de aduanas.
Entre los aspectos positivos que destaca sobre México están los avances en la aplicación de reformas laborales.
- También se incluyó la detención del exdirector de la policía judicial de Puebla, Adolfo Karam, acusado de torturar a la periodista Lydia Cacho por poner al descubierto en 2005 la implicación del exgobernador de dicho estado, Mario Marín, en una red de trata sexual de menores de edad.
- El informe sobre la situación de derechos humanos en el mundo se publica desde 1977 y sirve de guía al Congreso de EU a la hora de determinar la ayuda exterior que se concede a cada país. Sobre Rusia, se lamentó “el desprecio del Kremlin por los derechos humanos” y los “crímenes de lesa humanidad” cometidos en la guerra contra Ucrania.
También se expresó preocupación por la muerte de decenas de miles de civiles palestinos en la ofensiva de Israel en Gaza, y criticó la existencia de “presos políticos” en Cuba y Nicaragua.
Los altos mandos deben tener cuidado con lo que dicen: ONU
La ONU mostró su preocupación por los comentarios emitidos por el mandatario mexicano ya que, desde su consideración, podría genera un clima hostil en contra de quienes se encuentran al frente de estos puestos.
- La Relatora Especial de Naciones Unidas, Margaret Satterthwaite, indicó que podría ser contradictorio para el país sugerir que se termine la independencia de los miembros del Poder Judicial pues, según el modelo gubernamental de México, cada uno de los poderes debe ser autónomo uno del otro.
- En ese sentido, la experta explicó que, además de poner en manos de la ciudadanía una elección que no les corresponde, el discurso negativo que ha generado AMLO contra los jueces podría generar descontento en la población al grado de que pueden agredir a los propios jueces.
- “El presunto uso indebido de los canales de comunicación gubernamental por parte del Ejecutivo [mexicano] para estigmatizar y tachar de ‘corruptos’ a determinados operadores de justicia, lo que puede derivar en hostigamientos y abusos dirigidos a influir en las decisiones judiciales”, explicó Sattertwaite.
“Un principio fundamental de la independencia judicial es que los jueces no deben ser objeto de amenazas ni correr el riesgo de sufrir daños a causa de su trabajo o del contenido de sus decisiones y sentencias independientes”, agregó.
Desde la perspectiva de la integrante a la Organización de las Naciones Unidas, es necesario que cualquier funcionario, sobre todo el presidente de la República, eviten realizar comentarios de manera pública que pongan en duda el trabajo de otro de los poderes, sobre todo si se trata de aquel que imparte justicia en uno de los países más violentos del mundo.
“El hecho de que altos funcionarios, incluido el Presidente, señalen y califiquen públicamente a determinados jueces como ‘corruptos’ o ‘delincuentes’ por sus decisiones judiciales es motivo de gran preocupación, ya que dichos funcionarios de alto rango ejercen influencia sobre la percepción pública del poder judicial”.
- Incluso destacó que queda en la responsabilidad del propio estado mexicano proporcionar los los elementos y las herramientas para que incluso los encargados de impartir justicia en nuestro país puedan llevar a acabo sus labores de una manera eficiente y, sobre todo, segura ya que son los más atacados.
“Es responsabilidad del Estado mexicano proteger a jueces y magistrados para que trabajen con seguridad. Las autoridades deben garantizar personal y recursos suficientes para su protección y no retirar las medidas de seguridad otorgadas”.
Si bien destacó que la corrupción judicial es una constante y se debe atender lo antes posible, aseguró que señalar de delincuentes a los jueces sin fundamentos es, precisamente, contradictorio pues son ellos quienes se encargan de evaluar estas situaciones diariamente y que el propio presidente de un país los señale podría influir en la percepción que se tiene sobre los miembros de este poder dejando de lado el concepto de democracia.
“La presunta intimidación de jueces y presunta injerencia en la independencia judicial a través de ataques verbales, incluyendo amenazas, que emanan de los poderes ejecutivo y legislativo del gobierno”, agregó.
AMLO y Morena, los principales agresores
Dentro de la carta emitida por Margaret Satterthwaite se hace énfasis en que el principal artífice del ataque contra los jueces ha sido ejecutado por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, también a las bancadas de morena en las dos cámaras y a la misma Procuraduría General de la República quienes han “agredido verbalmente y amenazado a jueces que emiten resoluciones con las cuales estarían aparentemente en desacuerdo”.
Ante ello, pidió que frenara los ataques o, en su defecto, proporcionar los elementos necesarios para poder realizar las acusaciones con fundamentos, hasta entonces, solicitó que AMLO dejara de arremeter contra los jueces, principalmente en sus conferencias matutinas. /PUNTOporPUNTO
Documento Íntegro en el Enlace:
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