La organización México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) ganó el primer amparo contra el acuerdo militarista del 11 de mayo de 2020, emitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que establece que las fuerzas armadas estarán en las calles durante cinco años, debido a que la disposición no regula adecuadamente el uso de militares en tareas policiales.
ESTE ES EL PRIMER AMPARO GANADO EN SU TIPO
- Con el fallo de la sentencia del Juzgado Octavo de Distrito en el juicio 588/2020 se busca lograr que el uso de las Fuerzas Armadas en seguridad pública sea extraordinario, subordinado, regulado y fiscalizado para evitar abusos y violaciones a los derechos humanos, señala la ONG en su comunicado.
Además de que la sentencia del Amparo Indirecto 588/2020, abre la posibilidad de sustituir el acuerdo con una regulación completa que abone a la construcción de un México más seguro, más justo y en paz.
- Explica que la resolución del juez de distrito confirmó que dicho ordenamiento no cumple con el objetivo de acotar la participación de los militares en tareas policiales, por lo tanto viola la Constitución y los fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El caso, promovido por MUCD con el objetivo de prevenir más abusos contra la población y lograr una mejor regulación del actuar de las Fuerzas Armadas, fue apoyado por el juez debido a que consideró que el Ejecutivo no justificó adecuadamente su uso en tareas policiales ni garantizó controles suficientes para limitar su actuar y proteger a la ciudadanía.
Y el juez consideró que argumentar que la Guardia Nacional se encuentra en construcción no es una justificación suficiente para usar indiscriminadamente a militares y marinos en seguridad pública ni constituye una situación extraordinaria que permita concluir que su participación tendrá objetivos claros, tiempos determinados y lugares de acción específicos.
Por el contrario, dado que su uso se extenderá por 5 años y podrá incluir a todo el país, el juez determinó que el acuerdo falla en cumplir con los requisitos de temporalidad y delimitación geográfica que marca la Constitución.
- El fallo del juez también advierte que al ordenar la “coordinación” entre civiles y militares se viola el requisito de subordinación a las fuerzas civiles que ordena también el texto constitucional.
- MUCD recuerda que el requisito de regular estrictamente la participación de militares en tareas de seguridad pública se estableció con el objetivo de prevenir abusos y violaciones a los derechos humanos, además de reparar el daño ejercido en el pasado a personas y poblaciones vulnerables.
Por ello, MUCD exhorta al presidente a abrogar este acuerdo y al Congreso de la Unión a emitir la legislación que permita proteger a la población y construir un México más seguro, justo y en paz.
En su análisis de la sentencia, el MUCD establece que el Juzgado de Distrito reconoce interés legítimo a las asociaciones civiles ante actos de autoridad, omisiones y leyes que, si bien no afectan directamente la esfera jurídica de la asociación civil, sí afectan o restringen un derecho fundamental que ésta tiene por objeto proteger, tal como se desprenda de su objeto social.
- Recuerda que México ha sido condenado al menos en seis ocasiones por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violaciones graves a los Derechos Humanos cometidas por el Ejército en el ejercicio de tareas de seguridad pública.
En contrasentido de dichas sentencias, la política de seguridad de los últimos tres sexenios no ha hecho más que reforzar la expansión de facultades de las Fuerzas Armadas en asuntos ajenos a la disciplina militar, al punto de asentarlas en leyes generales e incluso incorporarlas en la Constitución.
- En este contexto, la aprobación de la reforma constitucional de Guardia Nacional no solo resultó problemática por haber creado una corporación civil que en los hechos ha sido poblada y conducida por militares sino por haber habilitado la posibilidad de que el presidente utilice a la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública hasta 2024.
Pese a que la propia reforma citada requiere que dicha participación sea regulada en los términos de las sentencias interamericanas –es decir, que sea extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria–, en la práctica el Ejecutivo federal ignoró esta obligación.
Según el análisis de la sentencia, el “Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria” es un documento por el que el Estado “simuló” acotar la participación de corporaciones castrenses en funciones policiales.
ADVIERTEN «REGIMEN TOTALITARIO» CON AMLO
México sufre un proceso de militarización del Estado, concentración del poder público en una sola persona, apoyada en las Fuerzas Armadas, y se enfrenta a una década perdida en materia económica, consideró el informe “México enfermo: indicios de un régimen totalitario”, elaborado por la organización Signos Vitales.
- Entre los especialistas asesores del informe, publicado este mes de octubre, se encuentran José Ramón Cossío, ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Salomón Chertorivsky, ex titular de la Secretaría de Salud; Luis Raúl González Pérez, ex presidente de la Comisión Nacional de Derecho Humanos, y José Saraukhán Kermez, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México.
- Si bien el diagnóstico califica como “incuestionable” el triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador en 2018, pone en duda que la transformación prometida por su gobierno esté sucediendo. Por el contrario, México se convierte en un país “de un sólo hombre”, con depresión económica, empobrecido, desigual y en el que persiste la corrupción y la impunidad, señala el informe.
La democracia mexicana, con todas sus imperfecciones, está acechada desde el poder. Las instituciones democráticas se han debilitado y algunas incluso han desaparecido en los hechos por la nulificación de su efectividad. Ya sea mediante el castigo, la intimidación, la asignación discrecional, el retiro de recursos públicos, o los nuevos nombramientos a puestos claves, se están generando las condiciones que fortalecen el poder e influencia de las Fuerzas Armadas al mismo tiempo que menoscaban las instituciones civiles”, se lee en el reporte.
- La creación de la Ley de la Guardia Nacional, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza, la Ley Nacional del Registro de Detenciones y la Ley Federal de Austeridad Republicana, así como la reforma al código penal y a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria constituyen los cambios más significativos, considera Signos Vitales.
La recién creada Guardia Nacional, de carácter civil, pero conformada por militares, tiene capacidad de realizar investigaciones en materia de prevención de delitos; efectuar tareas de verificación para prevenir infracciones administrativas; solicitar la intervención de comunicaciones y la georreferenciación de equipos móviles; recabar información en lugares públicos; requerir información a autoridades y personas, y utilizar armas contra quienes participen en manifestaciones o reuniones públicas, además de 13 tareas complementarias asignadas por el presidente a esta corporación.
“Mientras el presupuesto destinado a las Fuerzas Armadas incrementa, el destinado a las corporaciones civiles va en detrimento”, señala el estudio.
Además de la reducción de recursos, las instituciones civiles son debilitadas por otros medio. El informe afirma que la mayoría legislativa de Morena, junto con el poder ejecutivo federal, ha acotado las capacidades de los órganos constitucionales autónomos y de los gobiernos locales, y ha puesto a prueba la independencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Refiere que también se ha ejercido presión sobre el sector privado, medios de comunicación y periodistas.
- Los redactores del informe consideraron que la economía mexicana atraviesa la peor crisis de que se tenga memoria, agravada por la pandemia de COVID-19 que provocó el cierre de empresas, la pérdida de ahorros y capital, y el despido de trabajadores.
El comité ejecutivo de Signos Vitales, organización de la sociedad civil definida como apartidista y sin fines de lucro, está conformado por Enrique Cárdenas como presidente, Carlos Lascurain como director ejecutivo y prosecretario, así como por María Amparo Casar, Julio Frenk, María Elena Morera, Federico Reyes Heroles, Jorge Suárez Vélez y Duncan Wood./Agencias-PUNTOporPUNTO
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