En 2020 se abrieron o iniciaron un millón 820 mil 243 averiguaciones previas y carpetas de investigación; sin embargo, únicamente 174 mil 243 derivaron en determinaciones y/o conclusiones, lo que equivale a apenas 9.57% del total, informó el Inegi.
- De esas carpetas de investigación resueltas, 81.5% correspondió a no ejercicio de la acción penal o improcedencia, esto implica que apenas un poco más de 32 mil 200 casos derivaron en un proceso ante la autoridad judicial.
- Esto lo reporta el instituto a través del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2021, en el que destaca que un millón 157 mil 777 carpetas se encuentran en etapa de investigación inicial, mientras que 112 mil 200 están en etapa de investigación complementaria.
Más grave aún es que al cierre de 2020 suman dos millones 452 mil 739 averiguaciones previas pendientes de concluir.
El flujo de carpetas de investigaciones previas pendientes de concluir refleja un grave problema en el país, por la tendencia creciente que presenta, luego de una ligera disminución entre 2013 y 2015.
En contraste, en las investigaciones cerradas el índice de efectividad sufrió un retroceso en 2020, respecto a 2019.
Delitos y víctimas por entidades
- Por entidades, Estado de México y Ciudad de México concentraron la mayor cantidad de averiguaciones previas, investigaciones iniciadas y carpetas de investigación abiertas con 343 mil 775 y 199 mil 761, respectivamente, seguidos de Jalisco, con 126 mil 991 y Guanajuato, con 124 mil 172. En quinto puesto se ubica Baja California, con 86 mil 534.
- Derivado de estas averiguaciones previas, también el Estado de México es el que más víctimas presenta con 354 mil 155; luego la Ciudad de México donde la cifra llega a 209 mil 983 víctimas, en tercer lugar se sitúa Guanajuato con 143 mil 109; Jalisco, con 133 mil 627 personas afectadas, y en quinto puesto figura Veracruz, donde la cifra de víctimas alcanza 105 mil 729.
Esto confirma que por un hecho delictivo se pueden presentar múltiples víctimas
Asimismo, destaca que la tercera parte de las averiguaciones previas iniciadas son por el delito de robo, pese a que éste tuvo una considerable baja anual, al pasar de 775 mil 428 en 2019 a 612 mil 114 el año pasado.
- “Una de cada tres averiguaciones previas y carpetas de investigación iniciadas por las Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia de los estados en 2020, se registró con relación al delito de robo”, resalta el presidente del Inegi, Julio Santaella, por medio de redes sociales.
En contraste, la violencia familiar se incrementó desde 209 mil 593 averiguaciones en 2009 a 220 mil 609 en 2020.
Efectos de la pandemia
La pandemia también causó estragos en la procuración de justicia estatal, pues provocó una disminución de 19.8% en las unidades administrativas en las Procuradurías o Fiscalías Generales de Justicia.
- Del personal que labora en estas dependencias, 23.4% percibió un ingreso bruto mensual entre 10 mil 001 y 15 mil pesos; sin embargo, el que se encontró en el rango de ingresos de 20 mil 001 a 25 mil se incrementó 55.4% en comparación con lo reportado en 2019.
- El reporte también aborda lo referente a los resultados del trabajo pericial en el país, con ocho mil 176 personas desempeñándose en esa área, lo que implica un aumento de 31.0% respecto a lo registrado en 2019, es decir, en el contexto de la pandemia, el personal aumentó.
- Del total de peritos, 15.7% se concentró en la Ciudad de México, con mil 287; le sigue el Estado de México con 60 y Nuevo León en tercer lugar, con 506.
Su labor en 2020 permitió la identificación de 49 503 cadáveres y/o restos humanos, mientras que nueve mil 908 fueron no identificados, y dos mil 254 quedaron pendientes de identificar.
En lo que se refiere a los aseguramientos, se logró un aumento de 9% en la incautación de armas largas; en contraste, las armas cortas se redujeron en 1.5%. En total se incautaron ocho mil 700 armas de fuego.
4 entidades destacan por sus altos niveles de violencia e impunidad
A más de cuatro años del inicio de operación del sistema de justicia penal acusatorio, persiste la desconfianza ciudadana en jueces, policías, ministerios públicos y otros operadores del sistema, porque prácticamente no hay investigación de los delitos, imposición de castigos penales ni sentencias condenatorias o reparación del daño, concluyó un estudio de la organización México Evalúa.
- El informe “Hallazgos 2019: Seguimiento y Evaluación del Sistema de Justicia Penal”, elaborado por la ONG, resaltó que el año pasado se cometieron en México —según las cifras oficiales— 2 millones 38,951 delitos del fuero común, como robo, lesiones y violencia familiar. Sin embargo, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la cifra real superaría los 33 millones de delitos.
“Si se observa este indicador en los últimos nueve años, encontramos que la cifra negra se ha mantenido por encima del 91% en México”, resaltó el informe.
En esta edición, el Índice de Impunidad Estatal mostró una media nacional de 92.4 por ciento.
- Las entidades con los niveles más altos de impunidad fueron Sinaloa (99%), Guerrero (98.4%), San Luis Potosí (97.8%) y Ciudad de México (97.7%). En contraste, los niveles más bajos se registraron en Baja California (67.1%), Guanajuato (74%), Yucatán (83.8%) y Querétaro (85.2%).
- Al igual que en el año anterior, 63.2% de las víctimas de delitos en todo el país declararon no haber denunciado por causas atribuibles a la autoridad, es decir, “por miedo a que lo extorsionaran”, “pérdida de tiempo”, “trámites largos y difíciles”, “desconfianza en la autoridad” o “por actitud hostil de la autoridad”.
El Ranking Nacional de Avance en la Consolidación del Sistema de Justicia Penal, que integra al informe, mencionó que con este modelo se mejoró el control de las detenciones llevadas a cabo por las policías y los miembros de las fuerzas de seguridad y se protegen mejor los derechos de las víctimas e imputados durante las audiencias.
Sin embargo, se observó un rezago a nivel nacional en la consolidación del sistema, ya que ninguna de las entidades federativas logró alcanzar el estándar mínimo de 900 puntos. Querétaro fue la entidad con mayor avance, seguida de Baja California, Chihuahua y Nuevo León. Las entidades peor evaluadas en este rubro fueron Guerrero, Nayarit, Veracruz y Quintana Roo.
- A decir de México Evalúa, esta situación provoca una baja confianza ciudadana sobre los operadores del sistema de justicia: policías ministeriales o investigadores; fiscales o agentes del Ministerio Público; peritos; asesores jurídicos; jueces y defensores.
- El Índice de Confianza hacia las autoridades del sistema de justicia penal, también contenido en el informe, se ubicó en -8.6 por ciento.
“La desconfianza en las autoridades representa un alto porcentaje dentro de las causas de la no denuncia (sólo superado por el de ‘pérdida de tiempo’, que indirectamente se puede asociar con el desempeño de la autoridad)”, destacó.
El informe reflejó que de un millón 937,564 carpetas de investigación iniciadas en el 2019 en las fiscalías y procuradurías estatales, 65.8% fueron enviadas al “archivo temporal”, es decir, se “guardan” en el escritorio del Ministerio Público, por lo que queda detenida cualquier actividad investigadora; en 14.8% se determinó el no ejercicio de la acción penal; en 7.2% se abstuvo de investigar; en 5.8% se declaró la incompetencia; en 3.8% se declaró criterio de oportunidad; en 0.7% se acumuló; y en 2% se dio otra resolución.
El informe resaltó el hecho de que 27.9% de las detenciones en el nivel nacional fueron calificadas como ilegales por los jueces de control; es decir, se determinó que no fueron realizadas en apego a los requisitos constitucionales y legales. Los estados en donde mayor número de detenciones fueron calificadas como ilegales son Oaxaca (69.2%), Estado de México (68.3%) y Baja California Sur (37.6%).
Durante 2019, del total de los asuntos en trámite o activos en el país, se emitieron sentencias en 13.2% de los casos. De éstas, 88.4% fueron condenatorias, 11.2% absolutorias y 0.4% mixtas. Los estados con mayor porcentaje de sentencias emitidas fueron Colima (30.5%), Estado de México (23.1%) y Durango (18.3%). Por su parte, los estados que emitieron menos sentencias fueron Tlaxcala (0.9%), Tabasco (1%) y Oaxaca (1.2%).
Edna Jaime, presidenta de México Evalúa, expresó: “No hay duda de que el sistema de justicia requiere de una mejora en la operación”.
La ONG recomendó que en las iniciativas de reformas penales que se planteen se debe fomentar la coordinación interinstitucional; se deben basar en evidencia empírica; mantener en el centro del proceso a víctimas e imputados y no desproteger sus derechos; así como apuntalar la transparencia y evitar retrocesos./Agencias-PUNTOporPUNTO
Documento íntegro:
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