- El número de ejecuciones en el mundo alcanzó su nivel más alto en una década, siendo particularmente elevado en Irán, Irak y Arabia Saudita, según el informe anual de Amnistía Internacional (AI) sobre la penas de muerte.
- La organización de defensa de los derechos humanos, con sede en Londres, registró 1.518 ejecuciones en 2024, un récord desde 2015, cuando murieron 1.634 personas.
- China, el país que lleva a cabo la mayor cantidad de ejecuciones en el mundo, según Amnistía Internacional, no está incluida en este informe, al negarse sus autoridades a comunicar cifras, igual que Corea del Norte y Vietnam.
En cambio, en 2024, por segundo año consecutivo, el número de países que aplicó la pena de muerte se elevó a quince, el número más bajo registrado hasta ahora.
La cifra de 2024 representa un aumento del 32% en número de ejecuciones en comparación con 2023.
Irán llevó a cabo en 2024 el 64 % de las ejecuciones conocidas
- «La pena de muerte es un crimen atroz que no tiene cabida en el mundo actual», declaró la secretaria general de Amnistía Internacional, la francesa Agnès Callamard. Según la oenegé, Irán, Irak y Arabia Saudita fueron responsables el año pasado del 91% de las ejecuciones conocidas.
«Mientras algunos países, que para nosotros son responsables de miles de ejecuciones, siguen escapando al escrutinio al recurrir al secretismo, es evidente que los que mantienen la pena de muerte constituyen una minoría», añadió Callamard.
- Irán, por sí solo, representa el 64% de las ejecuciones conocidas, con 972 personas en 2024. En Arabia Saudita, donde se llevan a cabo decapitaciones, las ejecuciones se duplicaron, pasando de 172 a 345, mientras que en Irak aumentaron casi cuatro veces, de 16 a 63, según Amnistía.
La organización acusa a algunos países de instrumentalizar la pena de muerte contra los manifestantes y ciertos grupos étnicos.
- Irán ha «persistido» en su uso de la pena de muerte para castigar a los participantes en el movimiento «Mujer, vida, libertad» de 2022, incluso contra un joven con discapacidad mental, según la oenegé.
- Arabia Saudita ha seguido utilizando la pena capital para silenciar a los disidentes políticos y castigar a los miembros de la minoría chiíta que apoyaron las manifestaciones hace 10 años, añade AI.
«Aquellos que se atreven a desafiar a las autoridades enfrentan el castigo más cruel, especialmente en Irán y Arabia Saudita, donde la pena de muerte se utiliza para silenciar a aquellos que tienen el coraje de expresarse», señaló Callamard.
Según el informe, 25 personas fueron ejecutadas en Estados Unidos en 2024, una más que en 2023.
- Los delitos relacionados con las drogas representan más del 40% de las ejecuciones en el mundo, señala la ONG, que denuncia que son numerosas en China, Irán, Arabia Saudita y Singapur.
- Estas ejecuciones son ilegales según el derecho internacional, que considera que el recurso a la pena de muerte debe limitarse a los crímenes más graves, entre los que no se incluye el tráfico de drogas, indica Amnistía Internacional.
Maldivas, Nigeria y Tonga están considerando introducir la pena capital para delitos relacionados con las drogas, señala la organización que defiende los derechos humanos.
La República Democrática del Congo y Burkina Faso han anunciado su intención de restablecer las ejecuciones por delitos comunes, explica Amnistía Internacional.
Actualmente, 145 países han prohibido la pena de muerte o ya no la aplican, según la organización de defensa de los derechos humanos.
México envió a líderes del narcotráfico a EU sabiendo que podrían ser ejecutados
Los acusados extranjeros enviados a Estados Unidos casi nunca enfrentan la pena capital, por graves que sean las acusaciones que pesan contra ellos.
- Pero cuando un célebre líder del narcotráfico llegó de México al tribunal federal de Brooklyn el mes pasado, acusado, entre otras cosas, de asesinar a un agente federal estadounidense, los fiscales del Distrito Este de Nueva York dijeron que podría ser condenado a muerte.
- Los fiscales aún tendrían que solicitar formalmente la pena capital para el narcotraficante, Rafael Caro Quintero, antes de un juicio para el que podrían faltar meses o años.
- Pero sea lo que sea lo que ocurra con Caro Quintero, el episodio representa un cambio radical para ambos países, y refleja cómo está respondiendo México a la agresiva política exterior del presidente Donald Trump en el continente y más allá.
México había enviado a delincuentes a Estados Unidos solo con la condición de que no fueran ejecutados, una disposición de su acuerdo de extradición con Washington.
- Sin embargo, en lugar de pasar por el engorroso procedimiento de extradición, México simplemente envió a Caro Quintero y a otras 28 figuras del narcotráfico, como permite una ley de seguridad nacional.
- La medida da al gobierno mexicano flexibilidad para acelerar los traslados y significa que Caro Quintero y al menos otros cuatro presos enviados a Estados Unidos el mes pasado podrían enfrentarse también a la pena de muerte.
Para México, la decisión supone una ruptura con la antigua política del país de proteger a sus ciudadanos de la pena capital. Para Estados Unidos, hace posible la visión punitiva de la justicia de Trump, de la que la pena de muerte es una herramienta esencial.
- México ha luchado encarnizadamente durante décadas para impedir que el gobierno estadounidense ejecute a sus ciudadanos.
- El tratado de extradición, cuya forma está en vigor desde la década de 1970, estipula que el país que solicite a un acusado no puede imponer la pena de muerte si esta no existe en el país de origen del acusado.
- México no aplica la pena capital desde la década de 1960, aunque no se abolió oficialmente hasta 2005.
Los distintos puntos de vista de ambos países han tensado las relaciones. En 2002, el entonces presidente de México, Vicente Fox, canceló un viaje para visitar al presidente George Bush en protesta por la inminente ejecución de un ciudadano mexicano.
En 2003, México recurrió al más alto tribunal de las Naciones Unidas por las condenas a muerte que el gobierno estadounidense había impuesto a 51 ciudadanos mexicanos.
- En 2017, México accedió a extraditar al narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, conocido como el Chapo, con la condición de que los fiscales del Distrito Este no solicitaran la pena de muerte. Fue condenado a cadena perpetua en 2019.
Emily Edmonds-Poli, profesora de ciencias políticas y relaciones internacionales en la Universidad de San Diego, dijo que la decisión de la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de trasladar a los miembros de cárteles conllevaría normalmente un riesgo político.
Pero Sheinbaum, quien goza de altos índices de aprobación en medio de una oleada de nacionalismo, puede tener la libertad de actuar con audacia, dijo.
“Es un momento decisivo”, dijo Edmonds-Poli. “Abre una puerta que antes estaba firmemente cerrada”.
- El predecesor de Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador, intentó acabar con la violencia mediante una menor confrontación con los cárteles y abordando las causas profundas. Pero su estrategia, acuñada como “abrazos, no balazos”, ha perdido popularidad en México.
- En cambio, Sheinbaum ha adoptado hasta ahora un enfoque decididamente más agresivo en la lucha contra los cárteles. Además de aprobar los traslados, ha enviado más de 10.000 soldados a la frontera estadounidense y a Sinaloa, un centro de tráfico de fentanilo donde su gobierno afirma haber realizado más de 900 detenciones desde octubre.
- No está claro cómo responderá el gobierno mexicano si los fiscales estadounidenses solicitan la pena de muerte contra los miembros de los cárteles. Alejandro Gertz Manero, fiscal general de México, declaró a la prensa en México que los jefes de los cárteles no pueden ser ejecutados en Estados Unidos, según informó el diario El País.
Lista de narcos que podrían ser condenados a pena de muerte
Los narcos mexicanos que podrían enfrentar la pena de muerte en EEUU son:
- José Rodolfo Villareal Hernández, alias “El Gato”, quien se desempeñaba como jefe operativo del Cártel de los Beltrán Leyva. Es requerido por conspiración y acecho interestatal y fue enviado a Mckinney, Texas.
Rafael Caro Quintero, alias “Don Rafa”, líder fundador del extinto Cártel de Guadalajara. Es requerido por tráfico de drogas y fue enviado a Nueva York.
- Vicente Carrillo Fuentes, alias “El Viceroy”, hermano del Señor de los Cielos y quien tomó el control del Cártel de Juárez. Es requerido por tráfico de drogas y fue enviado a Nueva York.
- Andrew Clark, alias “El Dictador”, quien se desempeñaba como enlace logístico con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Pacífico y es de origen canadiense. Es requerido por tráfico de drogas y homicidio, y fue llevado a Phoenix, Arizona.
- Luis Geraldo Méndez Estevane, alias “El Tío”, quien perteneció al grupo delictivo de “Los Aztecas”, brazo armado de “La Línea” o “La Empresa” con operación en el estado de Chihuahua. Es requerido por delincuencia organizada y fue a San Antonio, Texas.
Estos hechos ocurren luego de que el Departamento de Estado de EEUU designara a seis cárteles mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés), entre los que se encuentran:
- Cártel de Sinaloa
- Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)
- Cártel del Noreste
- Nueva Familia Michoacana
- Cártel del Golfo
- Cárteles Unidos
Además, se incluyeron grupos como el Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha (MS-13).
Perú analiza imponer pena de muerte a sicarios y extorsionadores
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, advirtió que está «pensando seriamente» en la pena de muerte para los sicarios y extorsionadores, tras el asesinato el fin de semana de un popular cantante que llevó al gobierno a preparar el estado de emergencia por inseguridad para Lima.
- En diciembre pasado, la mandataria planteó la pena capital para violadores de niños y creó una comisión para que discutiera la propuesta con varios sectores, de cara al eventual trámite de un proyecto en el Congreso, el único facultado para reformar la Constitución e reincorporar la figura, abolida en el país.
- Esta vez Boluarte dijo que considera el mismo castigo frente al crimen organizado.
- «A estos malditos asesinos les digo que estoy pensando seriamente en la pena de muerte porque ningún sicario, ningún extorsionador podrá manchar de sangre a familias que quieren a sus hijos», afirmó Boluarte en una ceremonia ante alumnos y maestros por el inicio del año escolar en el país.
«No vamos a permitir un muerto más», enfatizó, tras lamentar el asesinato a manos de sicarios motorizados del cantante de cumbias Paul Flores, de 39 años, ocurrido el domingo a su salida de un concierto en el distrito de San Juan de Lurigancho, en el este de Lima.
Ante el repudio generalizado, el gobierno anunció que decretará el estado de emergencia en Lima, una capital de 10 millones de habitantes, para que las Fuerzas Armadas se sumen a la policía para combatir la delincuencia. De momento, la medida no ha sido decretada.
En los primeros tres meses del año se han registrado 459 homicidios por cuenta de la violencia urbana en todo Perú, según el Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF). /PUNTOporPUNTO
Documento Íntegro a Continuación:
https://www.amnesty.org/es/wp-content/uploads/sites/4/2025/04/ACT5089762025SPANISH.pdf
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