TEXTO ÍNTEGRO: Crece en la administración de AMLO el ÍNDICE de RIESGO a la CORRUPCIÓN

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) alertó sobre un aumento considerable de riesgos de corrupción en compras públicas en México, ello al señalar que entre 2018 y 2020, en 147 (59%) de 247 instituciones federales, se identificaron prácticas peligrosas como la falta de competencia, poca transparencia e incumplimiento de la ley a la hora de adquirir bienes y servicios.

• Al presentar el Índice de Riesgos de Corrupción (IRC), una herramienta desarrollada por el IMCO para medir malas prácticas y problemas potenciales de corrupción se analizaron unos 498,000 procesos de compra, en los que se identificó que la falta de licitaciones públicas prevalece en un gran número de instituciones.

Además de que algunas instituciones incumplen con la publicación de los documentos de cada compra, aunado a que las adquisiciones públicas cuentan con plazos cortos y su publicación es tardía, contrario a lo establecido en la ley.

De acuerdo con el IMCO y los datos de Compranet, en el 2020, el gobierno federal realizó adjudicaciones directas por 205,195 millones de pesos, lo que representa 43% del monto contratado en todo el año.

En el mismo periodo, las compras realizadas por licitación pública alcanzaron 40% del total.

“Esta es la primera vez desde que hay registros en Compranet que los recursos destinados a adjudicaciones directas por el gobierno federal son mayores a los contratados mediante licitaciones públicas”, alertó el estudio.

Empresas fantasma

En el reporte se destacó que entre 2018 y 2020 el gobierno federal adjudicó más de 4,000 millones de pesos a empresas de reciente creación, es decir, que fueron constituidas menos de un año antes de recibir un contrato.

• Además, el IMCO encontró que hubo celebración de convenios con empresas fantasma, es decir, con inexistencia de operaciones de acuerdo con el listado del Servicio de Administración Tributaria (SAT), por más de 256 millones de pesos.
• Por institución federal, el informe precisó que las compras públicas sin competencia prevalecen en dependencias como la Secretaría de Marina (Semar) y API Salina Cruz. En el primer caso, se indicó que la Semar asignó 96% del monto de las compras que realizó a procesos de excepción; 1,900 millones de pesos por adjudicación directa (72%) y 671 millones por invitación restringida (24%).

Mientras que la Administración Portuaria Integral de Salina Cruz es la institución más riesgosa en la clasificación del monto muy alto (compras por más de 3,000 millones de pesos) por la falta de competencia. En 2020, gastó 4,000 millones de pesos, de los cuales 99% fue adjudicado directamente.

• En tanto, en el 66% de las adjudicaciones directas realizadas por la Secretaría de la Defensa Nacional no tienen el documento del contrato publicado. También se hallaron fallas en compras del Instituto Nacional de Desarrollo Social, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Presidencia de la República y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
• Asimismo, se alertó que gracias a que la ley los excluye, no fue posible monitorear los riesgos de corrupción de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex).
• En contraparte, el índice del IMCO detectó que fueron los organismos autónomos las instituciones que más cumplieron con la ley en materia de adquisiciones y fomentaron los principios de competencia y transparencia en las compras.

En 2020, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) gastó 99.7% del monto de compras públicas por procesos de licitación pública. Además, 100% de las licitaciones cuenta con los documentos publicados. Es la tercera institución con menor puntaje en el IRC.

A este organismo se suma el Instituto Nacional Electoral (INE), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) presentaron menores riesgos de corrupción en sus compras públicas.

Preocupa sector salud

Finalmente, se detalló que debido a que algunas instituciones incumplen con la publicación de los documentos de cada compra, éstas caen en un mayor riesgo de corrupción, entre las que destacan organismos del sector salud.

• Entre 2018 y 2020, 66% de las instituciones de salud empeoraron en el IRC, sobre todo en el cumplimiento de la ley. Entre ellas se encuentran el Instituto Nacional de Cancerología y Laboratorios de Biológicos Reactivos de México (Birmex).

El Instituto de Salud para el Bienestar, al ser una de las instituciones que gastaron más de 3,000 millones de pesos, ocupó la posición número uno en falta de transparencia, debido a que no publicó información en Compranet.

Marina pagó 215 mdp a empresas fantasmas

Un total de 43 compañías fantasma facturaron a la Secretaría de Marina (Semar) 215 millones 114 mil 508 pesos de enero de 2014 a mayo de 2019. Las compañías que posteriormente fueron señaladas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como empresas que facturan operaciones simuladas emitieron 3 mil 242 comprobantes fiscales para justificar una diversidad de bienes y servicios.

• Aunque fueron utilizadas de forma sistemática en el mencionado periodo, la Semar no aplicó sanciones en contra de los servidores públicos que contrataron a las factureras. Ésto, a pesar de que durante dos años el inspector y contralor general naval fue el almirante José Rafael Ojeda Durán, ahora secretario de Marina, reconocido por el presidente Andrés Manuel López Obrador como un integrante incorruptible.

A pesar de estos datos, la Semar sólo reconoce compras con ocho de las empresas expuestas en este reportaje.

• De acuerdo con información proporcionada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a través del uso de la Ley de Transparencia, las cinco compañías que más facturaron a nombre de la Semar fueron: Gea Asesoría y Gestión Empresarial S de RL de C.V., con 59 millones 36 mil 906 pesos; Apele Solutions S.A. de C.V., que facturó 58 millones 189 mil 655 pesos; Comercializadora Iroi S de RL de C.V., con 36 millones 652 mil 336 pesos; Comercializadora Riua S de RL de C.V., con 19 millones 583 mil 887 pesos, y Participaciones Logísticas Empresariales S.A. de C.V., por 18 millones de pesos en un solo comprobante fiscal.

Se detectaron pagos a firmas recién constituidas. Por ejemplo, la compañía TCLR S.A. de C.V., se fundó el 11 de enero de 2017, y cuatro meses más tarde, el 8 de mayo del mismo año, ya estaba emitiendo los primeros 18 comprobantes fiscales al Batallón de Infantería de Marina número 9.

Algo parecido sucedió con la compañía Repuestos SCP S.A. de C.V., la cual fue creada en septiembre del año 2014 y seis meses después, el 9 de marzo de 2015, emitió dos facturas a la Secretaría de Marina (Semar).

• Del listado entregado, dos compañías se constituyeron el mismo día: Apele Solutions S.A. de C.V. y Grupo Omkar S.A. de C.V. Algunas áreas de la Semar a las que le facturaron las empresas fueron la Primera Región Naval, la Brigada Anfibia de Infantería de Marina del Golfo, la Escuela Primaria almirante Tomás Othón Blanco, la Sexta Región Naval, el Museo Histórico Naval, el Sanatorio Naval de Campeche, la Unidad de Operaciones Especiales (Unopes), el Hospital Naval de Especialidades de Veracruz, Residencia Naval de Veracruz, la Base Aeronaval de Veracruz y la Universidad Naval, entre otras en diversas zonas del país.

En una consulta realizada al personal de la Semar para esta publicación, se advirtió que iniciarán una revisión de la información aquí presentada, y que si existen actos sancionables no serán tolerados por el almirante secretario Ojeda Durán, de quien dijeron está comprometido con el combate a la corrupción: “La única explicación en este momento es que esas compañías no estaban declaradas como empresas que facturan operaciones simuladas en el momento en el que se hicieron dichas compras” explicó un vocero de la Semar.

Marina reconoce ocho empresas

La mayoría de los contratos con estas compañías no son públicos en las plataformas de transparencia, y por ello se pidió a la Semar, vía solicitudes de información, que entregara una relación de pagos a estas empresas y la descripción del servicio o bien contratado. En su respuesta, la Marina reconoció la contratación de ocho proveedores que el SAT tiene ubicados como fantasma, por un monto superior a los 2 millones 900 mil pesos, durante los años 2014, 2015, 2016 y 2018, pero no informó la razón de dichas contrataciones.

• Las compañías con las que la Marina reconoce haber hecho compras y que actualmente están calificadas como fantasma por el SAT son: Bio Master Products S.A. de C.V.; Constructora Armadora Cirnas S.A. de C.V.; Comercializadora Riua S de RL de C.V.; Estructura Empresarial de la Costa S.A. de C.V.; Jayden S.A. de C.V.; Nuberia Comercial de México S.A. de C.V.; Suministradora de Inteligencias Múltiples S.A. de C.V., y la persona física Julián Díaz Villalobos.
• Ni siquiera las adquisiciones que reconoce la Marina se pueden encontrar en los portales de transparencia, salvo algunas excepciones, por ejemplo, la firma Comercializadora Riua S de RL de C.V., una de las empresas que más le han facturado a la Secretaría de Marina, obtuvo un contrato por adjudicación directa bajo el concepto de “maquinaria y equipo industrial”.
• El acuerdo contractual entre la empresa y la dependencia militar inició el 13 de junio de 2018, y fue por un monto de 113 mil 899 pesos, más IVA.

Otra compañía que está calificada como fantasma que le facturó a la Marina es Bio Master Products S.A. de C.V. Entre el 1 de julio de 2014 y el 3 de mayo de 2016, la empresa emitió 320 comprobantes fiscales con montos que van de los 159 a los 431 mil pesos. En CompraNet se pueden hallar cinco informes de contratos con esta compañía, cuatro entregados por adjudicación directa y uno más por invitación restringida. Tres contratos están vinculados a conservación de maquinaria y equipo, y los dos restantes a productos químicos y material de limpieza. En total suman 686 mil 168 pesos.

Aunque se le ha solicitado a la Marina el nombre de los proveedores contratados con cargo a las partidas en materia de seguridad nacional (33701 y 55102), con lo que se puede conocer si las empresas factureras fueron contratadas con cargo a estas bolsas, la institución se ha negado con el argumento de que la información es inexistente.

La Contraloría

El secretario de Marina Ojeda Durán, nació en Veracruz, e ingresó a la Heroica Escuela Naval en 1969. Tras cinco años de estudios se graduó como ingeniero geógrafo e ingeniero
mecánico naval. En el año 1997 concluyó la maestría en Seguridad Nacional, en el Centro de Estudios Superiores Navales, con la tesis La Sociedad Mexicana, Corrupción y Democracia, su Influencia en la Seguridad Nacional.

• Ojeda Durán ha tenido diversos cargos relevantes en su navegación por el servicio público, pero uno de los más importantes fue el de inspector y contralor general de Marina, el cual asumió el 1 de diciembre de 2016 en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y que concluyó justo antes de ser nombrado secretario en la administración actual.
• Su trabajo en la Contraloría consistió principalmente en supervisar, fiscalizar y auditar el empleo de los recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría de Marina.

También era el encargado de implementar los procedimientos administrativos para investigar una posible comisión de faltas por parte del personal, y de atender y resolver las denuncias presentadas en contra de los marinos.

La vinculación de Ojeda Durán con los temas anticorrupción fue una de las razones por las cuales el presidente Andrés Manuel López Obrador lo designó como titular de la Semar.

“Ya lo he dicho en otras ocasiones, cuando me tocó nombrarlo, designarlo, sabía yo que era un hombre honesto. Cuando tenía que decidir sobre el nombramiento del secretario de la Defensa, el secretario de Marina, investigué, apliqué hasta cuestionarios a distintas personas, hice una revisión de sus trayectorias públicas y el almirante Ojeda tenía como distintivo —y sigue teniendo— el que es un servidor público, un marino incorruptible, honesto y por eso es que lo nombré como secretario de Marina, porque para mí esa virtud, la honestidad, es lo más importante de todo”, dijo el Presidente el 10 de enero de 2021 desde Manzanillo, Colima. Sin embargo, su presencia como titular de la Contraloría no fue suficiente para evitar que en su periodo se colaran 62 facturas falsas en la Marina por un total de 42 millones 155 mil 703 pesos repartidos en nueve empresas fantasma.

Tres amonestaciones

De acuerdo con información proporcionada vía transparencia por su Órgano Interno de Control, a través de la Secretaría de la Función Pública, de 2013 a 2020 sólo hubo tres marinos sancionados por su actuación indebida en los procesos de contratación de obras públicas, adquisiciones y arrendamientos.

Los tres servidores públicos fueron castigados con una “amonestación privada” en septiembre de 2017, uno de los procedimientos de sanción más laxos que existen.

• Las razones que les merecieron las reprimendas fueron por haber realizado compras sin sujetarse a un procedimiento de adquisición, por haber recibido calentadores de agua sin verificar que cumplieran los requisitos establecidos, y por no verificar la información contenida en las solicitudes y cotizaciones de proveedores.
• Los castigos se realizaron durante el tiempo en el que José Rafael Ojeda Durán estuvo al frente de la Contraloría General y del OIC, pero a pesar de esto ninguno fue por permitir la entrada de 3 mil 242 facturas falsas.

Dependencias que sí cumplen

De las dependencias que sí cumplieron, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) gastó 99.7% del monto de compras públicas por procesos de licitación pública; 100% de las licitaciones cuenta con los documentos publicados.

• En tanto que el INE, la COFECE y el INAI presentaron menores riesgos de corrupción en sus compras públicas.
• Ante estos resultados, es necesario que las instituciones identifiquen las deficiencias y anomalías en el proceso de compra para asegurar el uso eficiente de los recursos públicos en las contrataciones, advierte el IMCO. Para ello propone una reforma a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP).

“El análisis presenta propuestas específicas para modificar las leyes de compras públicas, entre las que destacan reducir las justificaciones legales para evitar licitaciones públicas y asegurar la publicación de los procesos de compra en Compranet en el tiempo establecido en la Ley”, señala la organización.

La Administración Pública Federal está conformada por más de 260 instituciones que realizan compras públicas que representan, en promedio, 300 mil millones de pesos gastados en 150 mil contratos al año.

El Índice de Riesgos de Corrupción (IRC) del IMCO es una herramienta para identificar los riesgos en cada una de las compras públicas con base en información oficial./Agencias-PUNTOporPUNTO

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