La inhabilitación de empresas que se coludan en las licitaciones que lance el gobierno y la creación de un instituto y plataforma nacional para vigilar estas compras forman parte de una propuesta de ley que un grupo de asociaciones junto con la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) ha enviado al Congreso para su análisis. El objetivo es atacar la corrupción y la ineficiencia que se da en las compras públicas, que ascienden a 2.36 billones de pesos, cerca del 13% del Producto Interno Bruto (PIB).
- El ente antimonopolios, junto con las organizaciones México Evalúa, Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción y Transparencia Mexicana, enviaron esta iniciativa con la que se pretende crear un Instituto desconcentrado que vigile los temas relacionados a las compras públicas.
“Prevemos que haya apertura por parte de las instituciones para tener esta conversación pública. Nos parece muy importante que la conversación sobre estos temas se amplíe”, dijo Eduardo Bohórquez, director general de Transparencia Mexicana, durante una conferencia virtual para dar a conocer esta propuesta.
Los participantes señalan que uno de los mayores problemas en las compras del gobierno tiene que ver con que muchas de las adquisiciones puedan realizarse por adjudicaciones directas o restringidas a ciertos participantes, debido a que a ley permite en estos momentos a las entidades tomar estos atajos, cuando deberían ser la excepción a la regla.
- “Otro tema que es recurrente es que casi todo puede ser una excepción en la adjudicación, y una de nuestras propuestas es acotar las excepciones”, afirmó Alejandra Palacios, comisionada presidenta de la Cofece.
- La iniciativa del grupo, que se presentó el viernes ante el Congreso y el Ejecutivo, busca que se sancione a las firmas que se coludan con cinco años sin participar en compras públicas.
“En realidad muchas de las empresas que les venden al gobierno, su cliente y negocio principal es venderle al gobierno, entonces lo que verdaderamente les duele es la imposibilidad de venderle al gobierno por un tiempo”, añadió Palacios.
El ente antimonopolios también opinará, de manera vinculante, sobre contrataciones que se consideren de gran magnitud o relevancia, además de pedir que se dé un mayor plazo para investigar el mercado y la presentación de ofertas.
- La propuesta creará el Instituto Nacional de Contrataciones Públicas como el responsable de aplicar esta legislación, además de una nueva Plataforma de Contrataciones Públicas.
- “Aquí está el secreto o llave de nuestra propuesta, porque esto va a permitir tener una contratación virtual (…) y disminuye los riesgos de corrupción y le permite dar integralidad al proceso”, apuntó Mariana Campos, directora general de México Evalúa, durante su participación en la presentación.
La propuesta ha sido enviada a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados para su discusión, y las asociaciones han pedido que se amplié el debate a otros actores dentro del Congreso, a través del Parlamento Abierto que se desarrollará durante el mes de julio./EXPANSIÓN-PUNTOporPUNTO
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