Una encuesta realizada por Data Coparmex y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) mostró que el 48% de empresas, sondeadas, reconocieron haber experimentado actos de corrupción en el último año; esto es nueve puntos porcentuales más que en 2022 y es el porcentaje más alto desde 2018.
Entre los hallazgos más destacados se encuentra el hecho de que la corrupción afecta tanto a las grandes empresas como a las pequeñas y medianas (Pymes).
- En este contexto, 61% de las grandes empresas reportaron haber sido víctimas de corrupción, mientras que el 38% de las Pymes también se vieron involucradas en estos actos.
- Las causas principales de estos actos de corrupción fueron identificadas como la necesidad de agilizar trámites (59%), obtener licencias o permisos (39%), y evitar multas, sanciones o clausuras (31%). Esto refleja la presión a la que se enfrentan las empresas para reducir los costos excesivos en tiempo o dinero de los trámites gubernamentales, afirmó el reporte.
“Si bien el promedio nacional de empresas que experimentaron corrupción es de 48%, cada región del país vive de manera diferenciada este fenómeno.
- “En las entidades del centro del país se reporta la mayor incidencia: 58% de las empresas experimentaron un soborno. Le siguen los estados del noroeste (53%), del sureste (52%) y del occidente (45%). En contraste, en los estados del noreste los negocios reportan una incidencia sensiblemente menor, de 32%”, se indicó en la encuesta.
- Las entidades en donde más ocurrió esta problemática fueron Baja California (67%), Puebla (65%), Quintana Roo (64%), Tlaxcala (63%), Sinaloa (63%) y el Estado de México (60%); mientras que, las entidades con el menor porcentaje fueron Guanajuato (35%), Querétaro (32%), Tamaulipas (32%), Coahuila (28%) y Durango (19%).
Autoridades
Además, la encuesta reveló que las autoridades estatales fueron las más involucradas en casos de corrupción, seguidas por las autoridades municipales y el gobierno federal.
Esta distribución geográfica de la corrupción sugiere, se refirió en el reporte, la necesidad de una acción coordinada a nivel estatal y local para abordar este problema.
- Ricardo Alvarado, investigador de MCCI, destacó que solo el 17% de las empresas que experimentaron corrupción en el último año presentaron denuncias, lo que subraya la falta de confianza en el sistema de justicia y el temor a represalias por parte de las autoridades.
“¿Qué pasó con las empresas que sí denunciaron? La mitad nos dijeron que no se inició un procedimiento legal y sólo el 9% nos dijo que se llegó a la sanción de la persona responsable. Es decir, de cada 150 experiencias de corrupción de las empresas, sólo una llega a ser denunciada y a la sanción de la persona responsable”, comentó durante la presentación de los resultados.
- Leonardo Núñez, director de la Unidad de Investigación Aplicada de MCCI, destacó que la encuesta es representativa de más de 36,000 empresas afiliadas a la Coparmex y que los datos obtenidos reflejan la experiencia real de las empresas con la corrupción, no solo percepciones subjetivas.
“Cualquier persona que quiera hablar con seriedad del fenómeno de la corrupción tiene que decirnos y tiene que tener una política en la que tendremos que estar participando todos”, dijo.
- Por su parte, José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex, destacó que, a pesar de algunos avances como el hecho de que ocho de cada 10 empresas cuentan con instrumentos para combatir la corrupción, aún queda trabajo por hacer.
- La propuesta que les hacemos (es) primero de no participar en actos de corrupción, el segundo compromiso es no permitir que haya corrupción y el tercer compromiso es denunciar cuando la vemos”, dijo.
Sube incidencia, pero no denuncian
- A pesar del crecimiento en la incidencia de corrupción, 73% de los empresarios decidieron no denunciar ante las autoridades, debido a que consideran que no sirve para nada y, de manera preocupante, el temor a represalias.
- El miedo a las consecuencias de denunciar ha crecido un 65% en comparación con el año anterior. En el caso de las empresas en que sí se denunció, únicamente 4% de los casos tuvieron un proceso en que se investigó y sancionó al responsable”.
- José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), dijo que la corrupción desincentiva las inversiones, por el tiempo que tardan los empresarios en completar trámites.
Nos parece que la expectativa no debe ser que, de un día para otro, de un año para otro o de un sexenio para otro, se acabó la corrupción, es una tarea de décadas y de todos, es decir, del gobierno, la ciudadanía y también las empresas y las instituciones”, mencionó.
Ricardo Alvarado, investigador de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, coincidió en que se necesita un esfuerzo nacional sostenido durante décadas para frenar la corrupción.
Así como de una política pública de largo aliento, como la apuesta del sistema nacional anticorrupción.
En lugar de cooperar y de coordinar, ha habido esfuerzos unidireccionales para controlar la corrupción y eso es lo que no sirve, porque no sirvió antes”, consideró.
Trámite para abrir una empresa es el segundo más corrupto
Durante el 2023, los trámites relacionados con la apertura de una empresa figuraron entre los que tuvieron mayores actos de corrupción, solo por debajo del contacto con autoridades de seguridad pública, de acuerdo con el INEGI.
- En la presentación de los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2023, el 83.1 por ciento de personas de al menos 18 años consideró frecuente la corrupción y el 14.0 por ciento la experimentó al realizar trámites, pagos, solicitudes de servicios, o al tener contacto con alguna persona servidora pública.
“El trámite con mayor porcentaje de experiencias de corrupción durante 2023 fue el contacto con autoridades de seguridad pública, con 59.4 por ciento. Siguió el trámite para abrir una empresa, con 27.5 por ciento”, indicó el INEGI.
- No obstante, el relacionado a la seguridad pública se redujo respecto al 2021, cuando el porcentaje fue de 65.0 por ciento de personas, pero en el de apertura de una empresa se incrementó desde 21.9 por ciento.
- En tercer lugar, el trámite con mayor corrupción fueron los permisos relacionados con la propiedad, con 23.5 por ciento; trámites ante el ministerio público o fiscalía estatal, con 21.2 por ciento, y trámites municipales, con 18.0 por ciento en 2023.
4 mil pesos por corrupción
- Respecto al costo total por la corrupción cuando se realizan pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos y otros contactos con autoridades fue de 11 mil 910.6 millones de pesos, equivalente a 3 mil 468 pesos por persona afectada en promedio.
- Este monto fue mayor a los 2 mil 681 pesos del 2021, pero por debajo de los 3 mil 679 pesos del 2019.
- Las cifras del costo, según el INEGI, sólo hace referencia a actos de corrupción en actividades relacionadas con la vida cotidiana de los hogares y no de las actividades que permiten el desarrollo de las unidades económicas o de personas servidoras públicas.
En este sentido, el pago de tenencia o impuesto vehicular implicó un costo por corrupción de 1 mil 403 pesos en 2023, desde los 711 pesos del 2021.
Satisfacción de servicios públicos de acuerdo con el Inegi
- Sobre el grado de satisfacción de la ciudadanía con los servicios públicos básicos pasó de 48.2% en 2021 a 50% en 2023.
- Además, durante el año pasado, la ciudadanía reportó estar satisfecha con la recolección de basura y agua potable, dichos servicios obtuvieron grados de satisfacción de 72.6 y 50.7%, respectivamente.
- Sin embargo, los servicios públicos con calificaciones más bajas fueron calles y avenidas con 27.2% y la policía con 29.7%.
Por primera vez, la ENCIG permitió generar información sobre el servicio de transporte público por teleférico, cablebús, o mexicable de la zona metropolitana del Valle de México. De la población usuaria de 18 años y más, 93.6% manifestó estar satisfecha con este servicio.
Durante 2023, la población dijo estar satisfecha con el servicio de educación pública universitaria con 81.6% y servicio de energía eléctrica con 78%.
Mientras que los servicios públicos que la ciudadanía calificó con menores niveles de satisfacción fueron transporte público con 38.3% y servicio de salud del IMSS con 48.7%.
Esto pagaban algunos empresarios para hacer obras en la Benito Juárez
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX) reveló el modus operandi del Cártel Inmobiliario en la alcaldía Benito Juárez. Un empresario inmobiliario, quien omitió su nombre, declaró cómo funcionaba la red de corrupción y las cantidades que los exfuncionarios pedían para permitir la construcción de edificios, las cuales van de los 100 mil a los 3 millones de pesos.
- Luis «N» es uno de los exfuncionarios que funcionaba como intermediario entre la alcaldía Benito Juárez y las inmobiliarias, ya que se encargaba de pedir dinero para facilitar ciertos trámites. El empresario relató que lo conoció en 2010 gracias a un amigo en común y lo contactó para tramitar licencias de construcción.
Esto debido a que el empresario iba a realizar una obra en 2011 sobre la calle Pitágoras. Así que se presentó en las oficinas de la entonces delegación y le pidió a Luis «N» que le ayudara con un procedimiento de visita de verificación que se realizó en el inmueble.
- El empresario dijo que le suspendieron la obra de forma temprana porque le faltaban elementos relacionados con protección civil, así que acudió con el funcionario para que le ayudara y éste le pidió una «gratificación» de 150 mil pesos. Después de que entregó el dinero, pasaron 20 días y pudo continuar con la construcción.
- Cuatro años después, en 2015, volvió a contactar a Luis «N», ya que estaba en proceso otra obra, ubicada sobre la calle Patricio Sanz, y le pusieron una sanción porque no contaba con los documentos necesarios para la construcción. En esa ocasión le pidió 250 mil pesos porque estaba por concluir el proyecto.
«Pide el expediente a la Dirección de Obras para ver cómo se encontraba el asunto y observó que la obra estaba por concluirse, por lo que en ese momento me pide una cantidad de 250 mil pesos, mucho mayor a la que había acordado años atrás. Haciéndome la observación de que era motivado porque la obra se estaba concluyendo, por lo que si quería obtener la autorización de uso y ocupación, era necesario que yo accediera a ella», expuso el empresario.
Asimismo, recordó que Luis «N» le pidió que se reunieran a finales de 2014 en un restaurante, ubicado en la colonia del Valle. En la reunión el exfucionario le reveló que estaban apoyandola candidatura de Christian Damián Von Roehrich para ser alcalde de la Benito Juárez y le pidió 200 mil pesos para inyectar esos recursos a la campaña. El empresario accedió y envió el dinero con su chofer a sus oficinas.
Exfuncionarios del Cártel Inmobiliario tenían negocios de construcción
En 2016, Luis «N» buscó otra reunión con el empresario para hablar sobre sus intenciones de incursionar en el negocio del Cártel Inmobiliario como empresario, para lo que le pidió asociarse y construir proyectos juntos.
«El declarante aseguró que recibió un contrato como constructor a inicios de 2017 para desarrollar un edificio en la colonia San José Insurgentes. El cual Luis «N» comentó que estaban haciendo con el entonces delegado en partes iguales. Una vez terminada la obra, [el exfuncionario] informó que ya había negociado los números con la persona titular de la alcaldía, quien había accedido a la participación del inmueble y determinó quedarse con departamento más grande», señaló Ulises Lara, exvocero de la Fiscalía General de Justicia y actual encargado de despacho.
- El testigo de la Fiscalía de la CDMX dijo que Luis «N» organizó una reunión con varios empresarios inmobiliarios en 2017 para realizar un nuevo proyecto sobre la calle Holbein y les presentó las cantidades que debían invertir para participar en el negocio.
- Los empresarios que fueron citados consideraron que sería conveniente abrir una empresa con Luis «N» para realizar ese proyecto inmobiliario por las relaciones con las que contaba Luis «N» y el «renombre» que la alcaldía le dejó.
Antes de la constitución de la empresa, adquirieron el inmueble en el que iban a desarrollar el proyecto y quedó a nombre del testigo que presentó la Fiscalía. Para lo cual dio un anticipo de 3 millones 500 mil pesos.
- El acuerdo fue que Luis «N» se haría cargo de todos los trámites, gestiones y diligencias relacionados con la alcaldía, así que firmaron un contrato de prestación de servicios personales y profesionales con él.
Luis «N» se encargó de negociar la protección de la obra antes de que se hiciera la manifestación de construcción, para ello les informó a sus socios que estableció un acuerdo con Alfonso «N», quien en ese momento era Director de Planeación, Desarrollo y Participación en la alcaldía, y era cercano a Von Roehrich.
El testimonio no sólo muestra cómo operaba el Cártel Inmobiliario, sino que confirma que estaban involucrados exfuncionarios de todos los niveles./PUNTOporPUNTO
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