Texto Íntegro: CHIAPAS sufre DETERIORO Sociedad – Gobierno; la entidad vive VIOLENCIA, MIGRACIÓN y VIOLACIONES DH

El mensaje llegó después de medio día al celular: “No vayan por la autopista, está cerrada. Hay balazos”. Un familiar avisaba así a un transportista que no tomara la autopista Las Choapas-Ocozocoautla (que este año fue inaugurada), porque una vez más se reportaba presencia de grupos armados.

Ocurrió el mes pasado, en junio, allá en Chiapas, y es la forma en que las familias se avisan del peligro. Pero ya no es extraño que se den asaltos, cierres de la carretera con transportes a los que prenden fuego o que haya un enfrentamiento entre grupos criminales o con fuerzas federales. Ni en esa autopista, ni en la carretera Panamericana ni en las principales ciudades ni en la sierra chiapaneca.

• Y no es extraño y el gobierno está preocupado, tanto, que Chiapas se ubica como la tercera entidad del país, sólo por debajo de Sinaloa y Veracruz, con el mayor despliegue de Fuerzas Armadas.
• No es para menos, los informes de inteligencia del gobierno federal, muestran dos cosas: que la cocaína ya se siembra en la zona de Chiapas, pues han encontrado rastros de la hoja y su trasiego desde la sierra.

Lo segundo, es que la pelea entre grupos criminales no es por algo simple, es por controlar la ruta panamericana que conecta desde Sudamérica hasta Canadá, y que con las obras del gobierno lopezobradorista se bifurcan al Golfo y al Pacífico del país con la conexión por carretera con Veracruz y Tabasco.

Además del tren Transístmico que recorre el Istmo de Tehuantepec. En suma, la pelea es por asumir el control de municipios y zonas que permiten esa conexión para utilizar las rutas para el trasiego de drogas, secuestros, tráfico de personas, de armas y de maderas preciosas, entre muchos delitos.

Adicionalmente, las oficinas que elaboraron uno de esos reportes también plantean una preocupación mayor, a diferencia de otros estados, porque el fenómeno criminal en Chiapas involucra más elementos:

• Una riqueza ecológica y de recursos minerales; una gran desigualdad social, discriminación, enfrentamientos ejidales, una gran diversidad étnica; así como la presencia de guerrilla, guardias blancas o paramilitares, kaibiles, pandillas como las Maras, y un enorme crecimiento de la migración y la poca efectividad en la persecución de delitos locales.

Los documentos fueron elaborados el año pasado, cuando comenzaron a mostrarse con mayor fuerza hechos violentos en San Cristóbal de las Casas; pero ahora, para habitantes, iglesias y especialistas, la crisis ya estalló en la entidad, producto de una descomposición que ha venido creciendo por más de una década, y que explica el control de territorio, el secuestro de 16 funcionarios por un supuesto grupo de autodefensas o el nacimiento de otra organización en Pantelhó, y el miedo de habitantes y de migrantes.

Conflicto de alta intensidad

La porosidad de la frontera y su riqueza sociocultural, socioambiental y hasta de clima, convierten a Chiapas en una preciada joya para los cárteles y otros grupos de poder que han encontrado en el estado un caldo de cultivo para empoderarse e incrementar sus ganancias ilícitas, a costa de la creciente pobreza y desigualdad.

• Para Gerardo Alberto González Figueroa, académico-investigador del Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), la situación en Chiapas se deriva de “procesos largos que se han ido acumulando en condiciones de impunidad, corrupción, pobreza desigualdad, racismo, clasismo y hoy en día tenemos una bomba compleja”.
• El docente en la Unidad San Cristóbal del Ecosur señaló que el hecho de que la delincuencia amplió sus mercados ilícitos más allá del narcotráfico a una variedad de delitos ha detonado “la etapa más aguda de una guerra entre cárteles; toda una dinámica que se va extendiendo por todo el territorio e impacta en todo el país”.

De esta manera, explica González Figueroa, es que el tráfico y explotación sexual y laboral de personas, en su gran mayoría migrantes centroamericanos; el comercio ilegal de armas, drogas y especies; la tala clandestina; el abigeato y la incidencia de desapariciones, asesinatos, secuestros y extorsiones, y demás delitos que han permeado de manera crítica en la sociedad.

“El coctel es increíblemente grave. Estamos viendo formas no humanas de un problema que ha venido creciendo y si se le agrega el paramilitarismo podemos hablar de un conflicto de alta intensidad en donde intervienen diferentes actores con diversos intereses”, señaló el investigador.

• Para Juan José Hurtado Paz, director de la Asociación Pop No’j de Guatemala, la frontera sur de México “se ha vuelto de muchos enfrentamientos por crimen organizado. Es terriblemente peligroso”.
• Desde el año pasado creció el peligro, por lo que parece una disputa de territorio de distintos cárteles, y eso ha incrementado los enfrentamientos, comentó uno de los mayores especialistas de la frontera.
• Aunque los grupos criminales no controlan completamente la frontera, alertó, sí “hay amplios territorios controlados por el crimen organizado” en México, Guatemala, Honduras y El Salvador.

Zonas en peligro

Los cárteles de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación son las dos principales organizaciones que se disputan el control territorial en la entidad; sin embargo, existe una diversidad de grupos locales paramilitares, narcoparamilitares, autodefensas y organizaciones como Los Huistas y la Mara Salvatrucha (MS-13), entre otros.

• De acuerdo con informes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), los principales conflictos se ubican en cuatro corredores: el eje panamericano que abarca desde la frontera con Guatemala y pasa por todo el Centro; otro es el corredor del Pacífico, un paso fundamental del flujo migratorio y la producción agrícola.
• Luego se ubica el corredor que viene desde la frontera, se extiende hacia la región de Los Altos y termina en la colindancia con Tabasco y Veracruz; y el corredor de la Selva donde la delincuencia organizada ha logrado asentarse en territorios en donde había un mayor control por parte del Ejército Zapatista.
• A nivel municipal, la mayor concentración de homicidios dolosos en el último año y medio se concentra en Tapachula, Suchiate, Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Palenque y Tonalá, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

No obstante, son las ciudades de Tapachula, San Cristóbal de las Casas y la capital Tuxtla Gutiérrez donde se ha focalizado la mayor incidencia delictiva en el primer semestre del año; aunado a los conflictos que desde el año pasado se han agudizado en regiones como la de Los Altos y la Sierra Mariscal, donde se han intensificado los enfrentamientos y el surgimiento de grupos armados.

“San Cristóbal era muy tranquilo y ahora a plena luz del día hay balaceras, muertos y cosas que nunca se escuchaban; la cuestión en la Frontera de Comalapa es muy delicada; en Pantelhó y varios lugares más donde vemos que no mejora la situación”, aseguró monseñor Luis Manuel López Alfaro, obispo auxiliar de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, en entrevista con ejecentral.

• Hartazgo y desesperación: El surgimiento de un nuevo grupo armado que esta semana se anunció como el “Ejército Civil del pueblo indígena de Pantelhó”, que al expulsar al consejo municipal y tomar el palacio de gobierno del municipio advirtieron que su objetivo es acabar con la violencia del supuesto grupo de autodefensa de “El Machete”, surgidos en junio de 2021, y a quienes atribuyen la desaparición de más de 30 personas.

“Estamos cansados de ser extorsionados, atropellados, humillados y asesinados, no señores. No son 21 son más de 31 los desaparecidos por culpa de Los Machetes. Aparte los homicidios que han cometido en los alrededores (…) Estamos acá presentes para evitar que vuelva la violencia. Queremos que dé solución el gobierno, sin disparos, sin agresiones”, advirtió uno de los encapuchados desde la plaza principal del municipio.

• En la opinión del profesor Gerardo Alberto “el problema es que ya no hay control de los grupos sociales. Y mientras que el Zapatismo dijo yo voy por la paz y dejo las armas, la diferencia de otros grupos, ya sea delincuenciales o de autodefensas, han optado por las armas”.
• En ciudades como San Cristóbal de las Casas, uno de los focos rojos en cuanto a narcomenudeo y otros delitos, la situación no es distinta a la de esas regiones Incluso los hechos delictivos y de violencia han intensificado la movilización social y la exigencia de justicia y paz.

Como el pasado 5 de julio cuando la Diócesis del municipio convocó a la marcha pacífica de la “peregrinación por la verdad, la justicia y construcción de la paz”, la cual se replicó en parroquias de otros municipios como Chenalhó Chamula, San Juan Cancuc, Zinacantán, entre otros. “Estamos buscando los caminos de diálogo para la resolución de los conflictos que se presentan en nuestras comunidades (…) No vamos a caer en la violencia que promueve el Estado. No vamos a creer en su mensaje, que “no pasa nada”, señaló la Diócesis de San Cristóbal.

En su comunicado la Diócesis enumeró los principales problemas que aquejan a las comunidades como son los conflictos territoriales; el incremento de cantinas y antros clandestinos; la criminalización de defensores de derechos humanos y de agentes de pastoral, que, entre otras consecuencias, ha intensificado el desplazamiento forzado de personas y familias enteras por la disputa territorial de los grupos criminales.

• De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, alrededor de 15 mil personas fueron víctimas de desplazamiento forzado entre 2010-2021. Sin considerar los más de 3 mil desplazados que este año tuvieron que abandonar sus hogares en el municipio de Frontera Comalapa, en la franja fronteriza del estado.

Fue en mayo pasado cuando los choques armados entre el cártel de Sinaloa y el CJNG obligaron a los pobladores huir de la violencia. Aunque el despliegue de fuerzas federales en la localidad, como el que esta misma semana se hizo presente en Pantelhó para prevenir enfrentamientos, permitió que diversas familias pudieron regresar a sus casas, a la fecha se mantiene la tensión por la presencia de las autoridades.

Y es que la multiplicación de estos grupos armados se origina a pesar de que Chiapas se ubica como la tercera entidad del país con el mayor despliegue de Fuerzas Armadas en el país, al contabilizar poco más de 4 mil 800 militares y marinos, según el primer informe semestral de la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública, que en mayo entregó el gabinete federal de seguridad a la Comisión Bicameral del Congreso.

• El silencio: La solución para acabar con el poder corruptor del dinero y el crimen que está “enfermando a las comunidades” no está en el envío de más militares, sino que el gobierno y las autoridades realmente escuchen y protejan a quienes sufren de la violencia cada día, expuso monseñor López Alfaro. Y el obispo alertó, la situación “vemos que va empeorando”.

“El hecho de que lleguen los militares, la Guardia Nacional no significa que llegue la paz. Realmente vemos que la gente se siente sola, no tiene con quién acudir y de parte del gobierno no hay respuesta. Cada vez más la violencia va avanzando, creciendo”, sostuvo.

El obispo apuntó que ante el ambiente enrarecido que persiste en muchas comunidades de San Cristóbal y de otras regiones de la entidad “vemos el silencio de las autoridades, la ausencia”.

Tras encabezar, junto al párroco Marcelo Pérez, la marcha-peregrinación “por la verdad, la justicia y la construcción de la paz” que este miércoles realizaron cientos de feligreses y ciudadanos de las diferentes parroquias de San Cristóbal y de otros municipios. Monseñor Luis Manuel lamentó que el acabar con la violencia resulta “un gran reto” para el gobierno y la sociedad en general.

• Aunque asegura que la labor de obispos, sacerdotes, religiosas y laicos de todas las parroquias se enfoca en cambiar la forma de pensar y poner en el centro a la persona humana y su dignidad “que es lo más valioso para conseguir la paz”.
• Señaló lo complicado para encontrar una salida a un sistema que se sustenta y pone como lo más importante el dinero y la economía y el que la sociedad encuentre en el camino de la criminalidad la forma para obtenerlo.

“El dinero debe estar al servicio de las personas, pero ahorita es al revés: todo mundo está al servicio del dinero. Y el narco con tanto dinero ha corrompido y se ha metido en todo.

Tenemos que reubicarnos, que la abundancia de dinero no está respondiendo a nada y enferma a las comunidades”, expuso. Y aunque reconoció que han recibido amenazas, pero continuarán con su labor: “Es una realidad que aquí como Diócesis tratamos de hacer las cosas bien y con prudencia, pero no podemos dejar a las comunidades solas. Sabemos que hay riesgos, ha habido amenazas, (pero) eso parte de nuestro servicio que es cuidar a la comunidad, estar con la comunidad, defenderla”.

Impactos de la descomposición

Los bloqueos de caminos y carreteras que incomunican a las comunidades; el desplazamiento forzado de miles de personas; el aumento de la prostitución infantil e indígena; de las extorsiones, desapariciones, feminicidios y secuestros; entre otros delitos.

Son el abanico de violencias que impactan en la vida cotidiana y el tejido social. Para Rodolfo Mondragón Ríos, académico del Departamento de Sociedad y Cultural del Ecosur, entre las consecuencias más visibles de esas violencias, que cada una de ellas representa una problemática en sí misma, ha propiciado “el empeoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones”.

Principalmente entre la población de jóvenes y adultos-jóvenes quienes resultan en su mayoría ser las víctimas de los impactos de esas violencias, pero también los victimarios al terminar “enganchados” con la delincuencia.

• Al abordar el tema de “¿Chiapas es un polvorín? interrogantes sobre las violencias en Chiapas”, en la sexta sesión del Seminario de procesos de investigación con incidencia en problemas de la sociedad, el maestro en antropología social destacó los aspectos estructurales que terminan por convertir a los jóvenes en la “mano de obra de la delincuencia organizada”.

“La condición de precariedad, la falta de oportunidades laborales, las expectativas incumplidas, la desintegración familiar y el desarraigo” son algunas de las circunstancias que para Mondragón Ríos orillan a los jóvenes a sumarse a las filas de las bandas criminales o de otros grupos armados.

Para el Centro Fray Bartolomé resulta imposible negar que la “inseguridad y terror que emana de la delincuencia organizada en complicidad con funcionarios de las tres esferas gubernamentales” implica para los jóvenes, al igual que para las niñas, niños, mujeres y personas de la tercera edad “un alto riesgo a la vida”.

• En su pronunciamiento “Alzamos nuestra palabra por la Paz en Chiapas”, el Frayba acusó que ante la “agudización de la violencia que genera una grave crisis de seguridad y violaciones a derechos humanos; los gobiernos Federal y Estatal pretenden ocultarlo y negarlo de manera deliberada.
• Y al señalar que son los gobiernos los que “están implicados” por permitir la violencia, la impunidad y los vínculos entre la delincuencia organizada con la clase política, señalaron que esto ha provocado el “fortalecimiento y control territorial sobre la población mediante el terror, asesinatos, desaparición, tortura, robo, despojo y desplazamientos forzados, entre otros perjuicios”.
• Desde la óptica de González Figueroa, en Chiapas “estamos viendo el peor de los escenarios posibles. Y lo que falta. No es una guerra civil como quieren afirmar, sería terrible, lo que sí está claro es que lo cárteles están peleando unas franjas del territorio que está permeando en la sociedad”.

Chiapas, entre la violencia criminal y la complicidad del Estado

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) publicó su informe sobre la situación de violencia, marginación y violaciones a los derechos humanos que se viven en Chiapas.

• El Centro, fundado en 1989 por el obispo Samuel Ruiz García, publicó que Chiapas se encuentra “en medio de una diversificación y opacidad de grupos armados que utilizan la violencia para el control social, político, económico y territorial marcada por la continuidad de una estrategia contrainsurgente; así como una impunidad fomentada por actores estatales que abona al despojo, explotación y marginación social”.

“El aumento de esta violencia ha dejado graves violaciones a los derechos humanos, dentro de las que destacan situaciones de desplazamiento forzado masivo e intermitente, desapariciones, despojo de tierras, asesinatos, tortura, entre otras”, señala el informe.

• El Frayba también señala la remilitarización en Chiapas y el comprobado espionaje por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Se evidencia una falta de atención a los derechos de los pueblos originarios y de los pueblos en general, ya que los proyectos de desarrollo y la construcción de infraestructura militar en los territorios son catalogados como asuntos de seguridad nacional.

Además, se advierte que el Ejército Mexicano se ha convertido en un suprapoder con la capacidad de influir en todas las esferas de la vida, lo que abre la puerta a un gobierno neodesarrollista y autoritario.

• El informe destaca el fenómeno del desplazamiento forzado interno como uno de los problemas más agudos en el estado. Se documenta el desplazamiento de al menos 16,755 personas entre 2010 y octubre de 2022.
• En la zona fronteriza con Guatemala, se estima que alrededor de 2,000 personas (400 familias) han abandonado sus comunidades debido a la violencia generada por la disputa territorial entre grupos criminales.
• El periodo que abarca el informe también se caracteriza por la disputa de tierras recuperadas por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) desde 1994, lo que demuestra cómo opera la contrainsurgencia contra el proyecto zapatista.
• Organizaciones corporativistas alineadas con el Estado han llevado a cabo agresiones y hostigamientos. Además, se ha observado una reconfiguración territorial a través del programa gubernamental Sembrando Vida.
• Destaca también que la crisis pandémica también ha dejado en evidencia el racismo estructural y la discriminación, exacerbando la marginación, la pobreza y la falta de acceso a servicios sanitarios básicos en las comunidades más vulnerables.

El informe resalta el papel de las personas defensoras de los derechos humanos, la tierra y el territorio, así como de periodistas y comunicadoras, quienes enfrentan constantes agresiones, amenazas, intimidaciones y campañas de desprestigio. La impunidad prevalece, ya que los perpetradores rara vez son identificados, investigados o castigados.

Chiapas, un paraíso para el turismo y un pozo de violencia para sus habitantes

Ocozocoautla es un pequeño rincón de Chiapas distinguido por sus impresionantes cascadas y sus ríos de agua clara y sus paseos por la montaña. Un lugar espléndido para pasar las vacaciones a base de buena comida y una naturaleza tan exuberante que Coita, como le dicen allí, recibió el pasado lunes el estatus de Pueblo Mágico de la Secretaría de Turismo.

• El único problema es que al día siguiente, el martes, un grupo criminal secuestró a 16 funcionarios en la carretera que lleva hasta esa localidad y en la que son habituales los retenes del crimen organizado. Mientras el galardón pone al pueblo en la mira del turismo nacional e internacional, los habitantes de la zona llevan meses sin invitar a sus familiares y amigos a visitarles porque la región vive asediada por la violencia.

Alejandra es el nombre ficticio de una joven de Ocozocoautla que ahora vive a cuarenta minutos de allí, en Tuxtla. “Para donde quiera que vayas, siempre hay que tener cuidado, salir temprano y regresar siempre antes de que anochezca”, cuenta. Antes de hacer un viaje, comprueba en Facebook que la carretera por la que tiene que pasar no está cortada por ningún retén del crimen organizado. En Coita, los narcos operan a sus anchas.

“Casi siempre hay enfrentamientos. En las entradas están las grandes casas de los narcos y toda la zona está militarizada, pero la Guardia Nacional no hace nada”. Su hermana, que también está al otro lado del teléfono, cuenta que las cosas solo han empeorado en el último año. La semana pasada, personal del Cartel Jalisco Nueva Generación fueron a su empresa a pedir “la cuota”.

—Quieren 7.000 pesos mensuales y si no, te amenazan con que te van a desaparecer a ti o a tu familia.

—¿Y vais a pagar?

—Claro, no queda otra.

La situación que viven en casa de Alejandra se repite en el resto de pueblos mágicos de Chiapas y en otros muchos enclaves turísticos de México. Hace dos meses, San Cristóbal de las Casas, una ciudad chiapaneca caracterizada por su arquitectura colonial y su historia milenaria, fue sujeto de una balacera callejera después del asesinato del artesano Jerónimo Ruiz, líder de la Asociación de Locatarios de Mercados Tradicionales de Chiapas.

• La escalada de muertos y desaparecidos que sufre la región y la escasa respuesta de las autoridades ha provocado la queja hasta del poder religioso. El obispo Luis Manuel López ofició una misa este miércoles, cuando organizaciones sociales, familias de desaparecidos y presos políticos, y personas desplazas por el crimen organizado, se manifestaron contra la violencia.

—El pueblo no encuentra una respuesta, hay un vacío de autoridad muy terrible, hay un vacío muy grande, mucho dolor, la gente no halla para dónde hacerse— dijo el obispo sobre el púlpito de la iglesia.

• Con las caras cubiertas y armas largas colgadas del hombro, dijeron que habían llegado para recobrar la paz y la justicia en el territorio.“La diversificación y opacidad de grupos armados que utilizan la violencia para el control social, político, económico y territorial marcado por una impunidad fomentada por actores estatales abona al despojo, la explotación y la marginación social” de Chiapas.

El contraste entre las distintas realidades es brutal. La arbitrariedad de las balas y los secuestros se entremezclan en las televisiones y en internet con los anuncios que promocionan Chiapas como el paraíso terrenal. Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, tiene una teoría un tanto desesperanzadora: el problema reside en que la violencia no frena realmente el turismo.

• “No tienen nada que ver, el turismo funciona incluso donde hay violencia. Tenemos que dejar de pensar que el turismo solo se da en zonas seguras”. Pese a los reportes de muertos que surgen con cada periodo vacacional en las principales ciudades turísticas del país —Acapulco, Cancún, Playa del Carmen— la gente sigue llenando hoteles de forma masiva.

“El turismo sigue generando dinero y el Estado pierde el incentivo económico para actuar y frenar la violencia”, dice el experto por teléfono. “Estamos aprendiendo que no hace falta ser seguros. La criminología había predicho que la violencia frenaría la actividad económica, pero estamos viendo que no es así. Es gravísimo”.

• Aunque esa sea la realidad en los grandes polos turísticos de México, en las regiones menos turísticas, donde la violencia sí impacta el turismo, Alejandra lleva tiempo sin poder enseñar Chiapas a su familia y amigos.
• “Aquí el narco hace lo que quiere. Los pueblos se quedan sin turismo y las personas que vivían de ello se tienen que desplazar. Aun así siguen promoviendo Chiapas, pero no se tocan los temas de violencia”, cuenta la joven desde su casa en Tuxtla.

Antes había una especie de norma no escrita, de que los criminales no tocaban a los turistas, pero ya ni eso. La Secretaría de Turismo de Chiapas no ha querido contestar a las preguntas de este periódico sobre la dicotomía tan extraña entre intentar hacer a un estado capital de turismo mientras uno de sus grupos armados, el EZLN, amenaza con una guerra civil si no paran las agresiones.

“Yo desde que era niña me sentía orgullosa de mi Estado”, dice Alejandra. “Era bonito presumir de la vegetación, el café, lo que más querías era mostrar a la gente de fuera lo que teníamos aquí. Ahora es decepcionante saber que no les puedo invitar porque no les puedo garantizar que vayan a estar seguros. Es muy triste, porque Chiapas tiene un potencial enorme, unas playas preciosas. Pero le tengo que decir a mis familiares que no vengan”.

—¿Han pensado en salir de allí?

—¿De Chiapas? No, todavía no hemos llegado a eso.

Guerra en Chiapas afecta a los pueblos zapatistas

En el estado de Chiapas, en el sureste de México, la violencia se ha convertido en una constante que afecta a toda la región. La guerra que inició en el país bajo la influencia de Estados Unidos y que se profundizó durante la administración de Felipe Calderón, ahora se extiende por todo el territorio nacional, con una creciente ola de conflictos que la actual administración no ha logrado detener.

• Los datos son alarmantes: desde el inicio de este sexenio, se han registrado 153,941 homicidios dolosos y 42,935 personas desaparecidas y no localizadas en todo México. Además, 69 periodistas y 94 defensores de tierra, territorio, pueblos indígenas y medio ambiente han sido asesinados durante el proceso continuado de recolonización militarizada y delincuencial.

En Chiapas, al igual que en el resto del país, se viven tiempos de extorsión, balaceras, desplazamientos forzados, trata de mujeres y migrantes, tráfico de drogas, secuestros y feminicidios. Ejemplos claros de esta situación se han registrado en diferentes municipios del estado.

En Chicomuselo, paramilitares amenazan a la población para que autoricen la reapertura de una mina de barita, lo que ha provocado desplazamientos forzados. En Comalapa, las disputas territoriales entre grupos del crimen organizado también han ocasionado el desplazamiento de miles de personas.

• Además, recientemente, un trágico accidente en las cercanías de Tuxtla Gutiérrez cobró la vida de al menos 56 migrantes, cuando un camión que los transportaba de manera ilegal volcó, dejando a otras 70 personas heridas. Asimismo, en Pantelhó, personas armadas asesinaron a Simón Pedro, defensor de los derechos de los pueblos indígenas y miembro de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.
• En Santa Martha, municipio de Chenalhó, hombres armados atacaron a familias víctimas de desplazamiento forzado, cobrando la vida de siete personas tzotziles. En San Cristóbal de las Casas, grupos armados han recorrido la ciudad exhibiendo su capacidad de movilización y poder de fuego. Estos son solo algunos ejemplos de la violencia que se reporta diariamente en Chiapas.
• Grupos del crimen organizado, narco-paramilitares y paramilitares operan impunemente en todo el territorio chiapaneco. A pesar de la respuesta del gobierno federal, que ha enviado militares y la Guardia Nacional a la entidad, la violencia y los negocios ilícitos continúan en aumento. Los grupos del crimen organizado han diversificado sus actividades económicas y han intensificado sus ataques contra pueblos y comunidades.

En este contexto, grupos paramilitares y de corte paramilitar han incrementado sus acciones beligerantes contra los pueblos zapatistas en Chiapas. La Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO), vinculada a gobiernos, partidos políticos y grupos de poder en la región, ha llevado a cabo más de 100 ataques contra poblados zapatistas entre 2019 y 2023. Estos ataques y provocaciones han sido documentados y denunciados por las autoridades zapatistas, organizaciones de derechos humanos y misiones civiles de observación.

• Ante esta situación, el 8 de junio de 2023 se llevaron a cabo 72 acciones a nivel nacional e internacional para visibilizar estas denuncias y exigir un alto a la guerra contra los pueblos zapatistas y a la guerra en Chiapas. Sin embargo, la ORCAO ha continuado y aumentado sus operativos armados, mientras que el presidente de México ha minimizado y negado los graves ataques contra las comunidades zapatistas.
• El Congreso Nacional Indígena ha convocado a una Jornada de Acción Global «Alto a la guerra contra los pueblos zapatistas», se llevará a cabo del 13 al 16 de julio e incluirá actividades como volanteo, mesas informativas, eventos artísticos y movilizaciones. Asimismo, se realizará un foro nacional del 24 al 28 de julio, donde se abordarán los ejes de violencia, justicia y paz en Chiapas.

AMLO rechaza que en Chiapas haya una ola de violencia e inseguridad

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que sí existen grupos de autodefensas en el estado de Chiapas, “pero no muchos”, y apuntó que se ha querido crear un ambiente de inseguridad en dicha entidad “que no hay”, pese a que diversas organizaciones y activistas han advertido que hay en la región lo que calificaron como un “escenario de guerra“.

• En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador apuntó que hechos como el secuestro de servidores públicos de la Secretaría de Seguridad estatal han sido magnificados por los medios de comunicación para generar una percepción de mucha inseguridad.
• Pues hay grupos de autodefensas, pero no muchos, y hay presencia de la Guardia Nacional en Chiapas. Han querido crear un ambiente de que en Chiapas hay mucha inseguridad, mucha violencia, pero no, yo les puedo probar con datos que no hay homicidios, no tenemos un índice delictivo alto”, dijo.

“Si no (se muestran datos sobre la seguridad en Chiapas), solo nos atenemos a la percepción y esa se puede crear, además cuando hay un hecho como el secuestro de los servidores públicos del reclusorio, eso los medios los magnifica y se genera una percepción de que hay muchísima inseguridad, pero nosotros todos los días estamos viendo”, indicó.

“Siempre es la tentación de decir la violencia, si se les cae Xóchitl (Gálvez, aspirante presidencial de la oposición) ¿de qué se agarran? Pues se agarran hasta de un clavo ardiendo, pero de qué: la violencia, tienen que seguir con la violencia. ¡Ah! Que el Tren Maya, sí, destruyeron la selva, válgame Dios ¿no?”, manifestó.

Hasta los sitios arqueológicos, ocurrencias, no, no, no, no, Lo que está gravísimo es lo de la violencia, eso está gravísimo, pues sí, estamos enfrentando eso, son remanentes que nos dejaron, es la herencia que nos dejaron los Gobiernos vinculados a la delincuencia, a la delincuencia organizada y de cuello blanco, no hay que olvidar que en México había un narcoestado”, agregó.

• El creciente conflicto armado, con homicidios y desapariciones en el sureste de México, en Chiapas, enfrenta a organizaciones y activistas que denuncian un “clima de guerra” con el Gobierno de López Obrador, quien afirma que la región está en paz.

“Chiapas vive un escenario de guerra y el Gobierno mexicano es muy irresponsable al minimizar toda esta violencia aguda que se está viviendo, paralizando la paz en la población”, expresó Carlos Ogaz.

Agregó que el estado, ubicado en el sureste de México, “vive una guerra posibilitada por la impunidad, por la inacción, la omisión del Gobierno mexicano ante esta problemática, y eso hace que vaya en aumento y no se vean acciones estratégicas para garantizar la vida y la seguridad de la población”, agregó el investigador.

Por su parte, la organización Red de Resistencia y Rebeldía Ajmaq señaló que les asombra la negación del Gobierno mexicano ante esta guerra donde grupos paramilitares y del crimen organizado están atacando a la población civil de la zona fronteriza México- Guatemala; selva, pueblos indígenas mayas.

“Todos esos crímenes los vemos en comunidades zapatistas y no zapatistas, existen constantes ataques armados, la población no puede vivir una vida normal, todos saben que existe el tráfico de drogas, de personas, de armas y por eso resulta increíble que exista una negación y que digan que aquí no pasa nada”, expuso Mariela Vázquez, integrante de Ajmaq.

“Es una guerra civil, ni siquiera mal gobierno o gobierno incompetente, sino que es algo que ya no está, no escuchan, no ven y no dicen nada; hay un desgobierno, entonces el Estado y el crimen organizado están entretejidos y está afectando a la dinámica local”, dijo Diana Itzu, también miembro de Ajmaq./PUNTOporPUNTO

Documento Íntegro en el Enlace:

https://frayba.org.mx/sites/default/files/Informes/Informe-Frayba-2023/Informe-Frayba-2023_Chiapas-un-desastre.pdf