Según información de Milenio, el crimen organizado y la violencia que se vive en México atacan también la libertad religiosa y ubicaron al país este año como el segundo país con ese tipo de hechos contra ministros de culto en América Latina, sólo por detrás de Nicaragua.
- Y es que los líderes religiosos, activistas y defensores de derechos humanos que piden un cese a la violencia y realizan actividades pastorales y humanitarias, son percibidos como una amenaza para los intereses ilícitos y la autoridad de facto que ejercen los grupos criminales.
- Solo durante los primeros siete meses de 2023, México registró 62 incidentes violentos contra la libertad religiosa, cuatro de ellos derivaron en asesinatos, mientras Nicaragua que reportó 86 incidentes violentos, sin ningún homicidio.
- De acuerdo con el reporte semestral del Observatorio, que divide los incidentes en 11 categorías, siendo la más grave el asesinato, en el caso de México, se presentaron cuatro asesinatos, 33 intentos de destruir o profanar lugares de culto, dos detenciones y 23 formas de abuso físico o mental, en promedio, ocho casos por mes.
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Y es que los líderes religiosos, activistas y defensores de derechos humanos que piden un cese a la violencia y realizan actividades pastorales y humanitarias, son percibidos como una amenaza para los intereses ilícitos y la autoridad de facto que ejercen los grupos criminales.
«Esta situación se agrava por el ensañamiento con el que son silenciados, aunado con los lazos de corrupción entre criminales y funcionarios públicos. Incluso en los más altos niveles de la administración estatal no se atienden de manera debida los llamados realizados por las comunidades religiosas que están en riesgo y/o han sido víctimas de este tipo de situaciones», explicó el Observatorio de Libertad Religiosa en América Latina.
- Solo durante los primeros siete meses de 2023, México registró 62 incidentes violentos contra la libertad religiosa, cuatro de ellos derivaron en asesinatos, mientras Nicaragua que reportó 86 incidentes violentos, sin ningún homicidio.
- De acuerdo con el reporte semestral del Observatorio, que divide los incidentes en 11 categorías, siendo la más grave el asesinato, en el caso de México, se presentaron cuatro asesinatos, 33 intentos de destruir o profanar lugares de culto, dos detenciones y 23 formas de abuso físico o mental, en promedio, ocho casos por mes.
- Un ejemplo de esto es el caso ocurrido en junio cuando en la iglesia del Pueblo de Santa Anita, ubicada en Chihuahua, se registró una balacera en donde murieron dos personas, una de ellas casi decapitada por los impactos de bala.
Otro y más conocido es el asesinato de dos sacerdotes jesuitas en Cerocahui, Chihuahua, caso que incluso provocó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidiera al gobierno proteger a este grupo religioso que «han sufrido amenazas y ataques por parte de grupos del crimen organizado, lo que les impide desarrollar con normalidad sus actividades pastorales.
Respecto al autoritarismo, el informe señala casos en los que autoridades federales o estatales no respetan la integridad de las personas, los ministros de culto y los templos.
Recuerda que, en marzo, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Juárez, irrumpieron en la Catedral para detener a migrantes sin apegarse a los protocolos legales.
«La Dimensión Episcopal de la Pastoral de la Movilidad Humana de la Comisión Episcopal de Pastoral Social emitió un comunicado indicando que agentes sacaron arbitrariamente a personas que se encontraban en la Catedral de la Diócesis de Juárez, haciendo uso de la violencia y transgrediendo la integridad física y psicológica de la gente», agrega.
Aunque no es el principal caso en México, el documento menciona también la «hostilidad» como un factor de ataque a la libertad religiosa. Esto lo atribuye a una errada interpretación de la separación iglesia-estado, así como al intento de censurar la doctrina religiosa respecto a la defensa de la vida, la familia y el matrimonio, por ejemplo.
El país más peligrosos en el mundo para la defensa de los derechos humanos
Durante la presentación del Informe “Buenas prácticas y desafíos en la investigación de delitos cometidos contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas”, Jesús Peña Palacios, representante Adjunto y Oficial a Cargo de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, informó que entre enero de 2019 y septiembre de 2023, se registraron al menos 41 asesinatos de periodistas, seis de trabajadores de medios de comunicación y 91 de personas defensoras de derechos humanos en México.
- Adicionalmente, se informó sobre 13 víctimas que siguen desaparecidas, incluyendo ocho defensoras y cinco periodistas. El representante de la ONU resaltó que las labores de periodistas y defensores afectan intereses políticos, económicos y sociales, lo que los coloca en riesgo de agresiones como campañas de desprestigio, amenazas, hostigamiento, vigilancia, desaparición o asesinato.
Por otro lado, dio a conocer que el informe reveló que de las 151 personas defensoras y periodistas víctimas de asesinato o desapariciones entre 2019 y 2023, aproximadamente dos tercios habían sufrido incidentes previos.
- Más del 30% había presentado denuncias que no fueron adecuadamente consideradas y tramitadas, evidenciando incumplimientos en la prevención y protección de quienes ya habían demostrado estar en riesgo.
- En el documento elaborado por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se realizaron seis recomendaciones al gobierno mexicano como considerar el agotamiento de líneas de investigación relacionadas con los intereses de la defensa de derechos humanos y el trabajo periodístico.
Además de fomentar una sólida comprensión del rol social de los defensores y periodistas entre funcionarios; realizar enfoques de género e interseccionales; publicar informes anuales sobre los casos en investigación, acusaciones y sentencias; que se judicialice y se dé resolución a las investigaciones por amenazas a defensores y periodistas.
4T falla a defensores de derechos humanos
En lo que va del gobierno de la Cuarta Transformación (4T) encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador se registraron 200 atentados contra defensores de derechos humanos en todo el país; Oaxaca, el estado más violento para ellos con 54 agresiones registradas.
- De acuerdo con un informe elaborado por los Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA) 176 personas defensoras fueron asesinadas de 2018 a la fecha, 20 continúan en situación de desaparecidas y cuatro fueron encontrados con vida.
- De los crímenes fatales la mayoría ocurrieron en Oaxaca (41), le siguen los estados de Guerrero (29), Michoacán (18), Chiapas (14), Chihuahua (10) y Morelos (10), son las únicas entidades donde los asesinatos alcanza las dos cifras.
EDUCA enfatizó en que el caso de Oaxaca es de suma importancia por que 46 de las 54 agresiones totales se presentaron en la región del Itsmo, donde se han vuelto frecuentes los hostigamientos, amenazas, criminalización, agresiones físicas y asesinatos de personas defensoras de derechos humanos durante la era de la 4T.
- El informe detectó que la criminalización de los defensores es la principal agresión que sufren, y de manera regular esta proviene de los gobiernos estatales y municipales para intentar desacreditar la seguridad comunitaria, un derecho humano que al protegerlo le costó la vida a 32 personas y la desaparición de otras 10 durante el Gobierno de la 4T.
- “Las agresiones contra personas defensoras y sus organizaciones, comunidades y procesos colectivos es una constante y los niveles de impunidad se mantienen, no hay justicia (…) Lejos de garantizar el derecho a defender derechos, el Estado mexicano continúa criminalizando su labor en los tres niveles de gobierno”, se lee en el informe.
A finales de diciembre de 2020 integrantes del Movimiento de Unificación de Lucha Triqui (MULT) ingresaron de manera violenta a la comunidad de Tierra Blanca Copala, Oaxaca, y provocaron el desplazamiento forzado de 144 familias.
Por esta situación el pasado 27 de octubre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió la resolución 62/2023 para otorgar medidas cautelares en favor de las familias triquis de Tierra Blanca Copala.
- Y es que a raíz del conflicto que explotó en 2020 el gobierno de Oaxaca implementó una serie de acciones para promover el diálogo entre las organizaciones involucradas de la región que incluyó la construcción de una “Mesa de Paz con Justicia y Bienestar para la Nación Triqui”.
- Pese a este esfuerzo la CIDH detectó la continuación de acciones violentas contra los pobladores de la región quienes en agosto pasado fueron atacadas a balazos en la comunidad de Yosoyuxi Colapa; una acción que imposibilita el regreso de los cientos de desplazados y que los coloca en en una condición de vulnerabilidad e inseguridad.
- La CIDH reiteró que el gobierno estatal y federal deben garantizar el regreso seguro de la comunidad triqui; adoptar una serie de medidas que sean aplicadas a cada uno de los desplazados y realizar informes que den cuenta del éxito de las acciones y que garanticen la no repetición de estos actos.
En su respuesta el estado de Oaxaca ha detectado disputas entre los grupos triquis de la región, entre ellas se destacan conflictos políticos y sociales que para atenderlos promovió una serie de apoyos económicos, de salud y alimentarios para intentar contrarrestar los efectos secundarios que generó el desplazamiento de las familias, sin que esto ayude a garantizar los derechos humanos de las familias que tuvieron que abandonar sus hogares.
México el más peligro para periodista
Cuatro fueron los periodistas asesinados en México en 2023, lo que supone un descenso respecto a los 11 de 2022, pero el país se mantiene como el más peligroso en zona de paz para ejercer la profesión periodística y en el cómputo global solo fue superado por Palestina.
- México concentra el mayor número de periodistas asesinados en América Latina, que registró un total de 6 muertes a nivel continental, según el informe anual de Reporteros Sin Fronteras (RSF) publicado este jueves.
- Como país, tiene también la mayor tasa de muertes en el último lustro (46) y actualmente sus 31 profesionales de la prensa desaparecidos representan más de un tercio de los periodistas en paradero desconocido de todo el planeta.
- Entre los periodistas mexicanos asesinados están el director de la Agencia Red Noticias, Gerardo Torres; el director de Lo Real de Guerrero, Nelson Matus; el corresponsal de La Jornada, Luis Martín Sánchez, y el locutor de Stereo Luz FM, Marco Aurelio Ramírez.
Todos ellos aparecieron muertos entre mayo y julio de 2023 e investigaban el crimen organizado.
- Respecto al resto de la región, las otras dos víctimas fueron: en Colombia el administrador de la página de Facebook Notiorense, Luis Gabriel Pereira, y en Paraguay el presentador de Radio Urundey FM, Alexánder Álvarez.
- Aunque en conjunto las seis muertes suponen un descenso “notable” en la tasa de mortalidad periodística del continente, que pasó de 26 en 2022 a 6 en 2023 debido sobre todo al descenso en México, RSF apuntó que “no se puede hablar de una mejora estructural de las condiciones de seguridad”.
Así lo demuestra también el secuestro de Alán García Aguilar, fundador y redactor jefe del medio mexicano Escenario Calentano, que investigaba a bandas criminales y la corrupción de la región, y las más de 30 desapariciones de periodistas en México, de las que ocho fueron forzadas./PUNTOporPUNTO
Documento Íntegro en el Enlace:
https://hchr.org.mx/wp/wp-content/uploads/2023/12/InformeONUDH_BuenasPracticasYDesafios_web.pdf
https://rsf.org/sites/default/files/medias/file/2023/12/Bilan_2023_ES_0.pdf
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