América Latina sigue viviendo una profunda crisis de derechos humanos tras verse asolada por la pandemia ante unos Gobiernos que limitaron el acceso a las vacunas y la recuperación de la región pactando con grandes empresas, denunció este martes Amnistía Internacional (AI) en su informe anual.
- “La complicidad que han tenido los Estados con las grandes corporaciones internacionales ha violentado los derechos laborales. Estas grandes farmacéuticas que han producido las vacunas de covid-19 han tomado ventaja para tener ganancias en menoscabo de los Derechos Humanos, generando una profunda crisis”, dijo a la agencia EFE Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI.
- El informe de AI para 2021-2022, titulado “La situación de los derechos humanos en el mundo”, documenta la situación individual en 144 países y detalla cómo, dos años después de empezar la pandemia, Latinoamérica sigue siendo la región más afectada por la covid-19.
Guevara Rosas señaló que esto se debe, en gran medida, al acceso limitado y desigual a la atención sanitaria, a sistemas de salud pública con financiación insuficiente y a políticas y medidas de protección social inadecuadas para las comunidades marginadas.
“A pesar del avance en la vacuna de covid-19 en muchas partes del mundo, sabemos que (en Latinoamérica) un muy pequeño porcentaje de la población, en los países de escasos recursos, ha tenido acceso a la vacuna” lamentó.
- En ese sentido, resaltó que, pese a que países como Cuba y Chile han logrado vacunar contra la covid-19 al 90% de la población, el acceso desigual a los biológicos sigue siendo motivo de preocupación.
- Además, comentó que antes de la aparición de la covid-19 Latinoamérica era ya una región con enormes desigualdades. “La pandemia ha exacerbado esta situación y puso a más de 9 de millones de personas en la lista de quienes viven bajo la línea de pobreza”, dijo la experta.
Según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) de mediados de marzo, el continente americano ha detectado 149 millones de casos y 2,6 millones de muertes desde que comenzó la pandemia hace dos años.
Impunidad sigue siendo una amenaza
Guevara Rosas destacó que la impunidad por violaciones graves de derechos humanos y crímenes, según el derecho internacional, sigue siendo motivo de gran preocupación en más de la mitad de los países de la región.
Y, paralelamente, aumentaron los ataques contra la independencia judicial, agregó. “Hemos visto cómo los Gobiernos atentan contra la propia ciudadanía que se toma las calles para exigir la rendición de cuentas, para exigir el ejercicio fundamental de derechos, incluso en el contexto de la pandemia”, refirió.
- Lamentó que los Gobiernos, en lugar de abordar las injusticias y desigualdades que afectan a sus ciudadanos, se hayan dedicado a reprimir a quienes protestan pacíficamente y alzan la voz para pedir un mundo “más seguro, más justo y más compasivo”.
- Agregó que en 2021 los Estados desplegaron un abanico creciente de herramientas y tácticas para acallar las voces independientes y críticas.
- Entre ellas, dijo, estuvieron las amenazas, el hostigamiento, las detenciones arbitrarias, los enjuiciamientos infundados, la vigilancia ilegítima, el uso excesivo de la fuerza, las desapariciones forzadas y los homicidios ilegítimos. Todas estas, estrategias para reprimir los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica.
“En el último año, en 2021, y pese al efecto de la recuperación económica, (los Estados) han violentado gravemente los derechos humanos de muchas personas a lo largo del continente”, dijo.
En deuda con crisis climática y seguridad
Guevara Rosas mencionó que otro de los ejes de preocupación es la actuación contra la crisis climática, que durante 2021 siguió siendo limitada.
“(Tenemos) gobernantes líderes que presentan soluciones simplistas en los complejos problemas que enfrentamos alrededor del mundo y en estos años de la pandemia parece que se han paralizado los esfuerzos para atender una de las crisis que está poniendo en peligro de extinción a la humanidad: la crisis climática”, indicó
Mientras que en el caso de la violencia, el informe evidencia que naciones como El Salvador, Jamaica y México continúan teniendo índices más altos que “inclusive aquellos países que se encuentran en una situación de conflicto armado en Medio Oriente o en otras regiones del mundo”, dijo Guevara Rosas.
- Esto, apuntó, ha obligado a más de 6 millones de personas a buscar protección internacional.
- Y señaló que las personas están perdiendo la vida en un contexto en donde el crimen organizado tiene mucha influencia y en el que los Gobiernos no hacen mucho para proteger los derechos humanos.
- La región, dijo Guevara Rosas, continúa siendo la “más letal para las personas defensoras de los derechos humanos y para los periodistas”.
Mientras que la violencia de género sigue siendo uno de los principales motivos de preocupación en toda la región, pues las medidas para proteger a las mujeres y las niñas “son insuficientes”.
Hay esperanza
Para Guevara Rosas a pesar de este contexto tan adverso que se vive a nivel mundial, sobre todo en materia de derechos humanos, “también hay esperanza” gracias al impulso que han tomado los movimientos sociales como el de “Black Live Matters” y la Marea Verde en la región.
- En ese sentido, recordó que el movimiento feminista de América Latina siguió cobrando fuerza desde que Argentina legalizó el aborto a finales de 2020.
- En septiembre de 2021 la Suprema Corte de Justicia de México declaró inconstitucional la criminalización del aborto y, en febrero de 2022, la Corte Constitucional de Colombia despenalizó el aborto en las primeras 24 semanas de embarazo.
“Vemos el cambio en la narrativa de los ciudadanos, de realmente poner la información en el centro y eso, sin duda, es un ejemplo inspirador para seguir adelante”, concluyó.
Ataques de AMLO atizan crisis de derechos humanos
México atraviesa una profunda crisis de derechos humanos que se agudizó durante el año pasado debido a los altos niveles de violencia e inseguridad, así como a las declaraciones públicas que el presidente Andrés Manuel López Obrador, así como otros funcionarios de su gobierno, han hecho en contra de organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, activistas y académicos, según el último informe de Amnistía Internacional (AI).
- El reporte para México señaló que “a pesar de las recomendaciones internacionales, el gabinete presidencial siguió desplegando en las calles, como parte de su estrategia de seguridad pública, el mayor número de efectivos militares desde que en 2006 iniciara la guerra contra el narcotráfico”, lo que ha favorecido la violación de derechos humanos en las zonas más militarizadas del país.
- Los datos recopilados por este informe muestran que la Guardia Nacional fue la fuerza de seguridad con mayor número de denuncias ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) durante 2021, por lo que su integración total a las Fuerzas Armadas es un retroceso importante en esta materia.
Además el documento señala que los abusos de autoridad también han aumentado en otras instituciones de seguridad pública como policías municipales, estatales y federales, a los que se señala por cometer actos de tortura para obtener declaraciones inculpatorias o fabricación de delitos, así como detenciones arbitrarias.
El informe también destaca la crisis de personas desaparecidas en el país, que sumó 7 mil 698 nuevos registros de este tipo durante el año pasado para superar las 97 mil víctimas
totales de este delito en las últimas seis décadas.
Otro de los puntos relevantes dentro de este informe fue la violencia hacia mujeres y niñas en el país, especialmente en materia de feminicidios en el Estado de México, en donde “las investigaciones penales sobre estos delitos presentaron deficiencias graves”, por lo que “los familiares tenían que dedicar tiempo y dinero a investigar, algo que aumentaba la probabilidad de que los crímenes quedaran impunes”./Agencias-PUNTOporPUNTO
Documento íntegro:
informe-2021-22-amnist%C3%ADa-internacional
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