Aun cuando la bandera de la actual administración es el combate a la corrupción en México, no existen avances en prevenir este flagelo e, incluso, hay algunos retrocesos como el que 80% de las contratos gubernamentales se hagan por adjudicación directa, afirma Juan Manuel Portal Martínez.
- En entrevista quien fue auditor de la Federación del 2010 al 2017 es enfático: “Hay más riesgo de corrupción ahora en adquisiciones de servicios y obras que el que había en los sexenios anteriores”.
- El contador público añade que centrar el combate a la corrupción desde la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador no es suficiente ya que se debe contar con una estructura de funcionarios públicos capacitados y honestos.
Sobre casos como la “Estafa Maestra” o los desvíos de recursos en Pemex y Emilio “L”, asuntos en los cuales la ASF durante su gestión alertó, Portal Martínez asegura que han existido avances aunque, dice, preocupa los tratos diferenciados que han tenido Emilio “L” —en libertad bajo palabra— y Rosario Robles —encarcelada en Santa Martha Acatitla—, o el trato al que busca llegar Emilio Zebadúa, oficial mayor en la Sedatu y la Sedesol.
- —¿Observa cambios en la actual administración en el combate a la corrupción?
Creo que se está combatiendo a la corrupción de una forma muy visual, es decir, casos que todos conocemos y que ahora reconocemos que se está actuando.
Sin embargo, creo que falta mucho que hacer todavía. Yo no veo muy claro un programa anticorrupción.
Y voy a lo que está ocurriendo en la actual administración (…) las adquisiciones que hacen por adjudicación directa en más de 80% de los casos, esto es abrir la puerta a la corrupción, dejarla abierta (…) Yo creo que hay más posibilidades de corrupción en adquisiciones de servicios y obras que el que había en los sexenios anteriores porque no se está tomando en cuenta lo que dice la ley.
—La eliminación de los fondos se hizo bajo la premisa del combate a la corrupción.
En todos los años, hasta donde yo salí (2017), hay un cúmulo de información sobre aquellos que fueron auditados, yo creo que fueron la mayoría de los fideicomisos los que fueron auditados (…) creo que hay muchos elementos para ver, con base en lo que ha hecho la Auditoría y otros organismos como la Secretaría de la Función Pública, en menos medida, pero también lo hizo, para ver cómo estaban funcionando los fideicomisos. Quizá lo que se acordó fue un poco a la ligera, sin medir realmente las consecuencias.
—Se ha centralizado el combate a la corrupción desde la figura presidencial ¿se puede avanzar desde esta postura?
Es muy, muy difícil. Ejemplos sencillos como centralizar todas las adquisiciones del gobierno en una sola oficina eso propicia mayor corrupción, no hay suficiente estructura para asegurar que se cumplan con todas las normas.
Si queremos erradicar la corrupción tenemos que tener el personal competente, personal honesto, que cuente con una integridad intachable y eso no se está haciendo (…) Una política preventiva es mil veces mejor que una política sancionadora.
- —¿Hay capacidades institucionales para recuperar recursos?
Un cambio de actitud sí veo en esta administración. Se está buscando sancionar cuando se tienen los elementos (…) La parte negativa, esta nueva política de austeridad está haciendo que las cosas que funcionaban bien, ahora ya no funcionan (…) Que tengamos información suficiente para recuperar dinero es algo bastante difícil y se requiere un proyecto con personal y equipos especializados en esto. - —¿Cómo observa los procesos de la “Estafa Maestra” y los desvíos en Pemex?
Creo que se tienen avances (…) Tengo la confianza de que existen elementos suficientes para (resolver) los dos casos.
Imco señala incremento en adjudicaciones directas
El Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (Imco), a través del Centro de Investigación en Política Pública, realizó un análisis a las compras efectuadas por la administración federal en el último año de la administración de Enrique Peña Nieto y del primer año de Andrés Manuel López Obrador, en donde destacó diferencias sustanciales.
- De acuerdo con el reporte del instituto, “las compras públicas de un gobierno deben garantizar bienes y servicios de la máxima calidad al menor precio posible. Por ello, deben ser planeadas y ejecutadas priorizando el beneficio de la población y no de intereses privados”.
Asimismo rescatan lo declarado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que sostiene que para evitar actos de corrupción durante los procesos y eficientar las adquisiciones se deben de tomar en cuenta tres elementos: competencia, transparencia y cumplimiento de la ley.
- En cuanto a lo investigado por el Imco a través de 353,889 procesos de compra publica verificables en el servidor de Compranet entre el 2018 y el 2019 se erogaron 687,378,032,049 pesos del erario federal, de los cuales 364,037,219,485 pertenecen al último año de EPN y 323,340,812,564 al primer año de AMLO. Con un número de adquisiciones de 169,187 y 184,702, respectivamente.
Esto quiere decir que la compra promedio de Peña Nieto en ese periodo fue de 2,151,685.53 pesos, mientras que de López Obrador fue de 1,750,608.07. Lo cual refiere que en el primer año de la administración de la 4T se gastaron 40,696,406,921 pesos menos que con EPN y se realizaron 15,515 compras más.
Sin embargo, el Imco no abordó el tema del ahorro en el erario nacional, sino el método por el cual se consiguió este mayor rendimiento de las finanzas nacionales, pues señaló que aunque se consiguieron importantes ahorros, la competencia brilló por su ausencia. Así que numeraron distintos puntos en donde puede mejorar la administración actual.
- Tanto en el último año de gobierno de Peña Nieto como en el primer año de López Obrador el porcentaje de contratos por adjudicación directa fue mayor al 80 por ciento.
- El porcentaje del monto adjudicado directamente en 2019, primer año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, fue cuatro puntos porcentuales mayor que en 2018, pasó del 35 al 39 por ciento.
- Los procesos de excepción se mantienen como la regla de contratación del Gobierno federal. En 2019, casi uno de cada dos pesos gastados fue mediante adjudicaciones directas e invitaciones restringidas.
- Las 100 empresas que más recursos recibieron durante 2019 acumularon el 41% de los recursos, mientras que durante el sexenio anterior este porcentaje no rebasaba el 22 por ciento.
- 66 de las 100 empresas que más recursos concentraron durante el sexenio de Enrique Peña Nieto dejaron de ganar contratos con la llegada a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Estas concentraron el 24% de los recursos en 2018, mientras que en el 2019 ese porcentaje bajó a tan solo 2 por ciento.
Estos señalamientos pueden propiciar actos de corrupción durante las compras públicas, por lo cual, el Imco sugirió que se establezcan mecanismos homologados y transparentes que favorezcan la participación de más proveedores de productos y/o servicios. También dijo que serviría la eliminación de competencia por errores de presentación y criterios administrativos, fallas no relacionadas con la calidad del bien o servicio. Así como evitar las adjudicaciones directas y la ambigüedad que las incentiva.
“Es fundamental fomentar la libre competencia en las compras públicas. Cualquier acción que limite la participación de empresas en alguna compra representa un riesgo de corrupción. México debe contar con un sistema que favorezca la competencia, la eficiencia y la transparencia”, postuló en su comunicado.
Tardan 6 meses en transparentar
El Gobierno federal tarda hasta seis meses en publicar en Compranet la adjudicación de contratos que debería hacer públicos durante los siguientes cinco días hábiles después de su firma.
- En su estudio «Compras públicas en México, Transparencia tardía: ejecutando los contratos a ciegas», el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) revisó alrededor de 350 mil procesos en los que constató esa tardanza, tanto en el sexenio pasado como en el actual.
- En 2018, durante el último año del Presidente Enrique Peña, el 59.5 por ciento de los contratos fue reportado de manera extemporánea, en tanto que en 2019, que es el primer año de la gestión de Andrés Manuel López Obrador, la proporción fue de 52.6 por ciento.
La falta de oportunidad para reportar las contrataciones, señaló el Instituto, es aún peor si se mira por tipo de contratación, pues para el caso de las adjudicaciones directas en 2018 el 72 por ciento de ellas no fueron reportadas oportunamente y en 2019 fue el 63 por ciento las que se subieron de manera tardía.
«En el caso de las compras públicas, la publicación de la información permite detectar ineciencias, anomalías y abusos, los cuales afectan la calidad de los servicios, adquisiciones e infraestructura pública», advirtió el Instituto.
«Por ello, es indispensable que en los procedimientos de contratación haya total claridad de qué, a quién y en qué condiciones está comprando el Gobierno, y que esa información sea pública de manera oportuna y previa a la ejecución del contrato», señaló. /Agencias-PUNTOporPUNTO
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