Solo tres de cada 100 homicidios dolosos se resuelven en el sistema de justicia penal mexicano, según un informe presentado por el centro de análisis México Evalúa.
- El reporte advierte “clara ausencia” de perspectiva de Estado para formar o fortalecer instituciones, renuencia para invertir en la justicia penal y consolidarla, así como abandono de los esfuerzos para cerrar los espacios de impunidad y acceso a la justicia.
- En el informe “Hallazgos 2021” el centro de análisis da seguimiento y evalúa el sistema de justicia penal en México seis años después de la entrada en vigor a nivel nacional de las reformas al sistema de justicia penal (SJP).
Por primera vez, el reporte incluyó un cálculo de impunidad estatal en delitos específicos, lo que reveló que la desaparición forzada (98.9 por ciento), la extorsión (98.2 por ciento), la violencia familiar (97.1 por ciento) y el homicidio doloso (96.9 por ciento) son los de mayor incidencia en el país.
Además, el análisis de México Evalúa señaló la insuficiencia de presupuesto para las instituciones así como las asimetrías evidenciadas por la distribución y la sobrecarga de trabajo de los operadores, lo que determina, “en gran medida”, que el 91.8 por ciento de los delitos investigados en el país queden impunes.
“El presupuesto no garantiza el éxito de una institución, pero sí lo condiciona. Sin recursos suficientes, ninguna institución de justicia podrá mejorar su capacidad de respuesta para la ciudadanía, la impunidad seguirá escalando y tendremos un Estado de derecho aún más débil”, comentó Edna Jaime, directora general de México Evalúa.
- El informe detalla que en 2021 el presupuesto a nivel estatal aumentó solo 0.07 por ciento con respecto a 2020.
- De ese presupuesto, el 50 por ciento se destinó a seguridad pública, 26 por ciento a las fiscalías, 22 por ciento a los poderes judiciales, 2 por ciento a las defensorías y apenas 0.43 por ciento a las comisiones de atención a víctimas.
- Aunado a ello, resalta que las personas que trabajan en las instituciones del sistema de justicia penal enfrentan una importante sobrecarga de trabajo.
En 2021, cada ministerio público llevó, en promedio, 169 carpetas de investigación a nivel nacional, cada perito atendió 356 solicitudes, cada defensor público representó a 271 personas y cada asesor de víctimas a 175.
- Por otro lado, “Hallazgos” llama la atención sobre la fallida transición de la Fiscalía General de la República, la apuesta por un enfoque punitivo mediante un mayor uso de la prisión oficiosa y la militarización de la seguridad pública.
- Entre sus datos recoge que actualmente 94 mil elementos de las Fuerzas Armadas son parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, y solo 29 por ciento del personal de la Guardia Nacional cuenta con certificación de capacidades y aptitudes para realizar funciones públicas.
- Y es justo la Guardia Nacional, creada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el cuerpo policial que acumula más quejas por violaciones a los derechos humanos: 350 en 2020, 504 en 2021 y 255 con corte a junio de 2022.
“Es urgente replantear las prioridades, fortalecer a las instituciones, dignificar a los operadores y colaborar con la sociedad para construir soluciones”, apuntó Chrístel Rosales, coordinadora del programa de justicia de México Evalúa tras la presentación del informe.
En México se ha detenido la normalización de desapariciones de personas
Con la emisión de instrumentos recomendatorios y la aplicación del protocolo homologado se ha detenido la normalización de la desaparición de personas y la carga desproporcionada que las instituciones de procuración de justicia depositan en las familias para encontrarlas, afirmó la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos al informar que a la fecha suman en el país 105 mil 871, de 1964 al 3 de octubre del 2022.
- La atención de esos instrumentos por las autoridades responsables resulta una oportunidad para eliminar “prácticas añejas que aún persisten en la procuración de justicia y que tienen por efecto perpetuar la endeble respuesta oficial frente a las víctimas de estos casos”, dijo.
- El Comité contra la Desaparición Forzada y el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de Naciones Unidas han expresado su preocupación por el número creciente de casos en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas.
La FMOPDH, integrado por 30 comisiones de derechos humanos y encabezado por la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez, reconoció por ello la importancia de continuar generando tales instrumentos.
En el marco de la crisis humanitaria, evidenciada por la desaparición de las personas en el país, diversas instancias han contribuido a dar cuerpo al derecho de las personas a ser buscadas, cuya responsabilidad recae en el Estado, precisó.
- Así que, además del Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, se tiene un amparo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y diversas recomendaciones, donde se solicita preservar el lugar de los hechos, garantizar la integridad de los indicios y hacer la búsqueda con perspectiva de género y enfoque diferenciado.
Por ello, resulta importante que las autoridades competentes acepten as recomendaciones, a fin de proteger el derecho de las víctimas a ser buscadas, afirmó.
Presentan más de 600 recomendaciones en desaparición forzada
Al destacar la grave problemática que enfrenta México en materia de desaparición de personas, organizaciones sociales de la mano de la ONU-DH, lanzaron la tercera edición de la publicación “La desaparición forzada en México: Una mirada desde los organismos del sistema de naciones unidas”.
- El informe conocido también como el libro verde, incluye más de 600 recomendaciones para hacer frente al flagelo de la desaparición forzada en nuestro país.
- Durante la presentación desde la Universidad Iberoamericana de León, Guanajuato, Guillermo Fernández-Maldonado Castro, representante en México de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, reconoció que la presentación de este informe tiene lugar en un contexto de violencia del país que ha tenido en días recientes expresiones muy críticas.
Ante lo cual, dijo, la ONU-DH expresa su solidaridad con la población, así como su disposición de colaborar con las autoridades.
El representante de la ONU-DH añadió que parte del informe pone énfasis en las acciones de defensa, así como la profesionalización y el fomento en los programas de las universidades de temas ligados a las desapariciones.
Asimismo, subrayó que desde la ONU-DH se ha mostrado preocupación por las acciones de violencia que limitan o restringen los derechos de las personas defensoras de los derechos humanos.
- Además de la falta de justicia y la atención a las víctimas para asegurar la reparación del daño, aunado a que se debe materializar la verdad para garantizar el derecho al saber y concretra las herramientas previstas en la ley para hacerle frente a las desapariciones.
- Por su parte, el rector de la universidad, Luis Alfonso González, mencionó que la desaparición forzada en México es sin duda, uno de los problemas más fuertes que tiene el país.
“Las diversas recomendaciones que Naciones Unidas manifiesta en el texto, sin duda alguna, nos ayudará como país a seguir caminando, para contribuir progresivamente en este problema que a todos y a todas nos atañe. Quisiera yo señalar la importancia que tiene la academia en esta tarea, concretamente la universidad, no solamente en el acompañamiento a las víctimas.
Además resaltaron la importancia del acompañamiento a las víctimas, así como la solidaridad con estas personas, ya que este problema compete a todos y a todas como país./PUNTOporPUNTO
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