La Jornada
La polémica por los deslaves en un talud de Santa Fe y las presuntas irregularidades en la aprobación de permisos de construcción derivaron en al menos cuatro demandas penales ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).
En un comunicado, la dependencia enumeró la averiguación previa y las carpetas de investigación abiertas hasta el momento.
La primera es la que interpuso la Dirección General de Servicios Legales de la Consejería Jurídica ante el representante social de la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana (Fedapur) de la Procuraduría.
Según la denuncia, la Consejería tuvo noticias de un desgajamiento de tierra en el talud de un predio en la colonia Prados de la Montaña, delegación Cuajimalpa, donde se encuentran dos antenas de telecomunicaciones de aproximadamente 18.5 toneladas de peso, propiedad de las empresas American Tower y Nextel. La dependencia comenta que “al parecer no cuentan con el permiso correspondiente para su instalación”.
La segunda denuncia fue interpuesta por la Dirección Jurídica y de Gobierno de la delegación Cuajimalpa ante el Ministerio Público de la Coordinación Territorial Cuajimalpa Uno, contra Arturo Rosette, propietario de la vivienda ubicada en Altavista 111, donde estaban las antenas, por los delitos de falsificación de documentos y uso indebido de documento falso.
La tercer denuncia fue de Juan Rivero Legarreta, vecino afectado por los deslaves, quien pidió a la delegación proceder contra quien resulte responsable por los daños provocados a su departamento ubicado en el Fraccionamiento Vistas del Campo, donde ocurrieron los deslaves, presuntamente provocados por las antenas de American Tower.
Esta denuncia está dirigida contra el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, el secretario de Protección Civil Fausto Lugo y a los encargados de la construcción y comercialización del fraccionamiento, así como a quienes resulten responsables de los daños que se pudieran ocasionar a su persona y su propiedad.
La última querella la interpuso Carlos Rosette Herrejón, propietario de la casa donde fueron colocadas las antenas de telecomunicaciones y que es la que se encuentra en más riesgo pues parte de la base de su estructura quedó “volando”.
Los deslaves comenzaron a finales de octubre. Decenas de vecinos fueron desalojados de sus departamentos como medida de prevención ya que los deslizamientos de tierra continuaron en los siguientes días.
El pasado miércoles 18, autoridades federales, locales y delegacionales se reunieron con representantes de los vecinos afectados y acordaron comenzar los trabajos de mitigación del talud, al mismo tiempo de que las autoridades de justicia continúan con la investigación para deslindar responsabilidades.
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