AGENCIAS
La magistrada presidenta de la Sala Distrito Federal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Madeline Ótalora Malassis, afirmó hoy que las sentencias electorales tienen efectos colectivos que impactan la vida política y social del país.
La magistrada se expresó así, al encabezar un panel de análisis de los Juicios Ciudadanos SM-JRC 124/2013, en el marco del Seminario “Cuotas de Genero, un Plan de Seis Etapas para su Implementación”, que se realiza en esta ciudad.
“Las sentencias que se dictan en materia electoral son sentencias cuyos efectos no se limitan a las partes, son efectos generales, son efectos colectivos y sociales”, dijo.
Resaltó que “por ello me parece que impactan aún más que cualquier otro tipo de sentencia en el diseño de la vida política y de la vida social que se busca” en México.
La especialista aseguró que “como juzgadores estamos obligados al emitir nuestras sentencias, a potenciar los derechos humanos”.
Manifestó que “a partir de febrero, cuando se promulgó la reforma constitucional, las cuotas de género ya pasaron un poco a ser historia en México”.
Esto, indicó, porque se integra por primera vez en la norma constitucional, en el artículo 41, el principio de la paridad de género.
Ciertamente está restringida, está limitada a esta paridad de género a los cargos únicamente de legislativos, tanto federales como locales, expuso.
“Me parece, como juzgadora, como ciudadana, que es un gran paso el que se ha dado con esto”, enfatizó.
Expresó que el juez, a partir de hoy, en las interpretaciones que tendrá que hacer de las leyes locales, acorde con un control de constitucionalidad, podrá hacerlo no solo a la luz del artículo cuarto constitucional que establece el principio de igualdad entre el hombre y la mujer.
También los podrá hacer ahora a la luz del 41 constitucional y del principio de la paridad de género, dijo.
Igualmente destacó que “estoy totalmente convencida de que una participación equitativa de la sociedad, dentro de los órganos públicos que toman las decisiones, es una de las mejores maneras para fortalecer nuestra democracia”.
Con esto, expresó, “porque se garantiza la representación de la mitad de la sociedad en estos órganos”.
“Cuántas veces no hemos visto que la ley no alcanza, la ley no es suficiente para lograr lo que el legislador o el constituyente pretendió”, indicó.
Es entonces cuando se requiere la intervención del juez, para dar no sólo una plena vigencia a la norma, sino una eficacia real al derecho humano contenida en la misma, señaló.
“Como juzgadores estamos obligados al emitir nuestras sentencias, a potenciar los derechos humanos”, dijo.
Hizo referencia a que la Suprema Corte de Justicia emitió un protocolo de una impartición de justicia con perspectiva de género.
Al citar un extracto, expuso que dicho protocolo establece que las sentencias tienen un poder individual y colectivo que impacta en la vida de las personas y conforman la identidad de poder judicial como un actor imprescindible en la construcción de un estado democrático de derecho.