Redacción
La senadora del PRI, Mely Romero Celis dijó que en México se debe prohibir que el cuerpo humano se utilice para realizar la gestación por sustitución o subrogación y se pronunció a favor de imponer castigos de hasta 17 años de prisión a este tipo de prácticas.
«No es posible consentir que las personas sean transformadas en meros productos capaces de ser adquiridos o arrendados por terceros», señaló la legisladora del PRI, al referirse que la maternidad subrogada es una forma de explotación de mujeres, con fines reproductivos que deja ganancias millonarias.
Por ello, se debe establecer en la ley que todo acto jurídico en el que se obligue a una mujer a renunciar a la filiación materna, a favor de un tercero, será nulo.
También planteó que se imponga una sanción de seis a 17 años de prisión y multa de 8,000 a 17,000 días de salario mínimo para aquellas personas que participen y promuevan la gestación por sustitución.
Mediante una iniciativa que reforma la Ley General de Salud, la legisladora se pronunció a favor de eliminar todo tipo de tráfico de personas, incluyendo la explotación de mujeres con fines reproductivos, denominada maternidad subrogada.
Indicó que esta práctica supone un severo retroceso en materia de derechos humanos y equidad de género, pues tal como señala un informe presentado ante el Parlamento Europeo, la maternidad subrogada constituye una objetivación tanto de los cuerpos de las mujeres como de los niños, y representa una amenaza a la integridad corporal y a las garantías de este sector de la población.
Consideró a este negocio «deleznable» porque lucra con la explotación y la violación sistemática de los derechos humanos de los más vulnerables; además es difícil de combatir, ya que las víctimas «se encuentran tan sometidas que no suelen buscar la ayuda de las autoridades».
La maternidad subrogada -dijo- representa ingresos millonarios para los delincuentes, tan sólo en India esta industria obtuvo ganancias por 2,000 millones de dólares durante 2011.
Explicó que este tipo de negocios tiende a utilizar a mujeres en pobreza extrema, quienes son ingresadas en estancias o granjas con el fin de que no puedan salir de ahí durante su embarazo hasta la entrega del recién nacido.