RITA MAGAÑA TORRES
El Senado convocó a reunión a la Secretaría de Medio Ambiente, la Comisión Nacional del Agua y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que informen el resultado de la investigación sobre el derrame de sustancias químicas en mantos acuíferos en Chihuahua, Jalisco, Sonora, Tamaulipas y Veracruz.
Ante la grave problemática por el derrame de sulfato de cobre en el Río Sonora, también el senador del PRI, Ernesto Gándara, urgió al gobierno federal y estatal coordinar un plan integral de reactivación de la economía y evaluación general de daños, con objetivos concretos a corto, mediano y largo plazo.
En el punto de acuerdo que presentó el priísta, el cual fue aprobado de urgente resolución, afirma que las autoridades federales y locales deben coordinar este plan de acción para que no solamente se reactive inmediatamente la economía de Sonora, sino también la confianza en esa región.
“Es una región emblemática del estado, ahí tenemos a dos capitales del siglo antepasado, que fueron Arizpe y Ures, y es una región histórica y social muy importante para los sonorenses”, mencionó el senador sonorense.
Señaló que son 22 mil personas que no solo necesitan y se les debe dar una disculpa por esta situación de negligencia, sino que también gobierno federal, representantes, legisladores, estado y municipio tienen que darle un seguimiento los próximos meses y también los próximos años.
Expuso que hay acciones y un marco legal que emitirá, después de la investigación, sanciones, pero consideró que no basta solucionarlo con una sanción, por más alta y estricta que sea, ni tampoco con la indemnización que pueda corresponder a lo que son sus terrenos y las afectaciones de la gente.
Luego a propuesta de la presidenta de la Comisión de Cambio Climático, la panista Silvia Garza, la reunión de trabajo se realizará con las comisiones unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Salud y Recursos Hidráulicos, porque dieron seguimiento a la información sobre la contaminación generada por empresas mineras y derrames de petróleo.
La legisladora reconoció que los beneficios económicos de las industrias minera y petrolera son importantes para el país; sin embargo, implican fuertes impactos contra el ambiente y la salud de los habitantes de comunidades, que deben detenerse y sancionarse.
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