La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) pondrá en marcha el Fondo Minero y será la responsable de vigilar que su funcionamiento se dé en un marco de transparencia, mediante el consenso y para atender las necesidades históricas en materia de servicios de las comunidades.
El objetivo es que en cada municipio donde se explota la minería, se lleven a cabo acciones que impulsen el desarrollo humano y propicien un mejor nivel de vida para sus habitantes.
Así lo dio a conocer el responsable del tema de Minas y Contratos de Explotación, Ricardo López Pescador, quien precisó que este Fondo Minero proviene de los nuevos derechos que deberán cubrir todas las empresas que tengan operación minera en México.
El 80 por ciento de la recaudación fisacal se va al Fondo y el 20 por ciento restante se queda en Hacienda, y los recursos del Fondo serán distribuidos, 37.5 por ciento lo manejará el estado y 62.5 por ciento las autoridades.
La SEDATU será la encargada de vigilar que los beneficios de este Fondo Minero se conviertan en diferentes obras y acciones que busquen el cuidado y tratamiento del agua, creación de drenajes, electrificación, caminos, clínicas de salud, y en acciones en materia educativa.
“Se pretende que los beneficios lleguen a las zonas mineras para incorporarlas al desarrollo que tienen las zonas urbanas. Se atenderán las demandas históricas y que son muy necesarias, pero que varias generaciones han demandado sin verlas hechas realidad”, apuntó López Pescador.
Son 24 estados de la República en los que se concentra la actividad minera y por su importancia, con base en el valor de la producción minera, destacan Sonora, Zacatecas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Michoacán, San Luis Potosí, Guerrero, Colima y Estado de México.
“Todo el proceso estará sujeto a una fiscalización muy puntual, y ello significa que los municipios no podrán usar estos recursos para cuestiones administrativas o para compromisos financieros de otra índole. El recurso no está diseñado para oxigenar las tesorerías municipales, sino para que el recurso baje contra el avance de obra, lo cual generará una mayor confianza”, apuntó Ricardo López Pescador.
El procedimiento para aplicar el Fondo garantizará que no se dé por medio de un interés político dirigido; será democrático e incluyente, porque en los comités en que definirán qué proyectos van a obtener recursos, participan representantes de la comunidad o núcleo ejidal, los gobiernos locales, las compañías mineras y el Gobierno de la República, a través de la SEDATU, y las decisiones se tomarán por consensos
La SEDATU avanza en el proceso de capacitación de los actores que participarán en el proceso de aplicación del Fondo Minero, a fin de que la aplicación se realice en términos de acuerdos entre los diferentes actores. “Esto significa que la toma de decisiones en los comités será incluyente, y no habrá imposiciones en la definición de proyectos y de obras.
El funcionario precisó, además, que se le dará prioridad a las obras que representen mayor beneficio social, y que otro de los objetivos es realizarlas con una visión dirigida a proteger y preservar el medio ambiente.
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