Sector privado en apoyo para garantizar el orden público

AIDA RAMIREZ MARIN

El gobierno y las instituciones cuentan con el apoyo del sector privado y de la sociedad para garantizar el orden público, afirmó el presidente de la Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Gerardo Gutiérrez Candiani.

“El Estado mexicano somos todos, y nos corresponde a todos sumar esfuerzos en favor de la legalidad y el repudio a los actos de violencia, vandalismo y alteración del orden público”, aseveró.

De esta forma, dijo que el sector privado expresa su solidaridad con las familias y las víctimas de los actos de violencia que han sucedido en algunas regiones del territorio nacional, en especial en el estado de Guerrero.

Sin embargo, consideró que la autoridad no se debe retraer ante las diferentes muestras de violencia que se han suscitado por parte de algunos grupos, que han usado como bandera el legítimo derecho de la sociedad a manifestarse de manera pacífica.

“Las manifestaciones violentas son injustificables, lastiman la paz social, el abasto, la generación de empleos y la inversión”, externó y por ello, “hacemos pública la petición a las autoridades de los tres órdenes de Gobierno de aplicar la ley de manera irrestricta: no más impunidad”, puntualizó Gutiérrez Candiani.

Por su parte, el sector patronal del país destacó la importancia de que en situaciones como la de Iguala prevalezca el Estado de derecho, mediante el diálogo verdadero, con instituciones sólidas y firmes.

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Juan Pablo Castañón consideró que “debemos tener instituciones sólidas y firmes, y nos debemos pronunciar también para que una causa justificada, plenamente humana, no sea cooptada por intereses políticos o de grupos”.

Al lamentar el sufrimiento de las familias de los normalistas desaparecidos, sostuvo que la sociedad y el Gobierno deben sumar esfuerzos y pronunciarse para evitar que causas justas sean utilizadas por grupos para desestabilizar.

El dirigente patronal insistió en que se deben “escuchar a las familias, pero que estas causas no sean contaminadas por grupos de interés”.

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