BBC
Un opositor detenido por las autoridades venezolanas el año pasado por su presunta participación en planes conspirativos contra el gobierno de Nicolás Maduro murió en prisión en la madrugada del viernes.
Rodolfo González, de 63 años, se ahorcó en su celda en Caracas después de que le informaron que sería trasladado a la cárcel de Yare, un penal del centro del país considerado de alta peligrosidad, según le dijo a BBC Mundo su abogado, José Vicente Haro.
«Rodolfo estaba en graves condiciones físicas y no se debió sentir bien para ir a una cárcel como ésta», explicó Haro.
El Ministerio Público designó a un fiscal para investigar las circunstancias de la muerte. No se conocen más reacciones de las autoridades.
Activo opositor al gobierno y excapitán de la Aviación Civil, González participó en varias manifestaciones registradas en febrero y marzo de 2014.
Fue detenido en abril del 2014 y acusado en mayo de ese año por el entonces ministro del Interior, Miguel Rodríguez Torres, de actuar como el operador logístico de las protestas registradas en Caracas a principios de ese año.
Su caso estaba basado en la denuncia de uno de los llamados «patriotas cooperantes», civiles que supuestamente presenciaron los hechos de las protestas y la Fiscalía ha usado en la investigación de los acusados.
Entre los cargos que le imputaron se mencionaron asociación para delinquir, tenencia de explosivos y tráfico de armas de fuego.
Su defensa negó todos los cargos y dice que era un «preso político» del gobierno.
Más de 40 detenidos
En un allanamiento de su casa cuando fue arrestado, las autoridades dijeron haber encontrado explosivos y armas.
Pero su defensa negó que González tuviera dichos artefactos.
El opositor se encontraba detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, ubicada en la capital venezolana.
Su familia denuncia que en la cárcel fue sometido a torturas psicológicas.
Organizaciones de derechos humanos han denunciado que los manifestantes detenidos son aislados, les prohíben visitas y castigados de manera arbitrarias.
«La condición física de todos los detenidos es responsabilidad del Estado y en casos como el de González se han denunciado que los presos son sometidos a tratamientos que violan sus derechos humanos», le dice a BBC Mundo Nizar El Fakih, abogado de la Universidad Católica Andrés Bello que ha seguido estos casos.
Al menos unas 40 personas siguen detenidas en cargos similares por las protestas contra el gobierno, según cifras del Ministerio Público.
La escasez, la inseguridad y la corrupción están entre las quejas de quienes se manifiestan en contra del gobierno.
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