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Integrantes de la organización Redefine Morelos y el Colectivo Pactos Violeta exigieron al gobernador del estado de Morelos, Graco Ramírez Abreu, y al secretario de Gobierno, Jorge Messeguer, retomen el tema de la despenalización de aborto en la entidad, tal y como lo prometieron en campaña.
Al realizar una manifestación en el zócalo de Cuernavaca, capital del estado, a propósito del Día Internacional por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe –que se conmemora cada 28 de septiembre–, las activistas también demandaron al Congreso local legislar sobre el tema desde una postura laica y alejada de moralismos.
En un comunicado, además de exigir que se despenalice el aborto, Redefine Morelos y el Colectivo Pactos Violeta expusieron que la cobertura anticonceptiva en México apenas alcanza al 58 por ciento de las mujeres indígenas, y el 44 por ciento en adolescentes.
Aseguraron que el aborto inseguro pone en riesgo la vida y la salud de las mujeres, y que según datos de la organización civil Ipas-México, en 2010 causó el 9.3 por ciento de las muertes en México.
También argumentaron que es urgente legislar la interrupción del embarazo como un derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo; así como el libre ejercicio de la maternidad voluntaria bajo los lineamientos de justicia y respeto a los Derechos Humanos, porque significa poder decidir si quieren o no tener descendencia.
Insistieron que el tema es de justicia social porque son las mujeres pobres las que mueren por abortos inseguros y son ellas quienes están en las cárceles.
“No existe un solo caso donde una mujer con solvencia económica esté presa. Tener legislaciones pocos flexibles es castigar a las mujeres más pobres y sin recursos”, subrayaron.
A las 6:30 de la tarde del sábado las y los activistas iniciaron una jornada informativa con argumentos “científicos y laicos” sobre el aborto.
Realizaron también una caminata alrededor de la plaza pública y escenificaron un performance con las cinco causales establecidas en el Código Penal de Morelos para la interrupción legal de un embarazo que –dijeron– son normas ignoradas por las autoridades.
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