AIDA RAMIREZ MARIN
La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) emitió este miércoles, dos recomendaciones a las autoridades municipales de Matamoros, Tamaulipas, por el Programa de legalización de vehículos a bajo costo.
Ello, porque considera que dicho programa no otorga certeza jurídica a los ciudadanos, pues se basa en resoluciones judiciales no definitivas, y de ahí que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) debe autorizar cualquier regularización vehicular.
El ombudsman del contribuyente indicó que en el documento, que publicó ayer en su página de Internet, se informa de la conclusión de la investigación abierta a Norma Leticia Salazar, alcaldesa de Matamoros, y a Luis Alfredo Biasi, secretario de Desarrollo y Bienestar Social de ese ayuntamiento, por haber aplicado dicho Programa.
Comentó que en su primera observación a dichas autoridades municipales, se cuestiona la difusión del programa entre la ciudadanía y el que se otorguen facilidades para una acción que no proporciona certeza jurídica a los propietarios de vehículos, pues su eficacia final no depende de las propias autoridades locales, al no ser de su competencia.
Observó que las autoridades municipales de Matamoros reconocen textualmente en su informe que el programa se lleva a cabo “por el momento”, al amparo de suspensiones y sentencias del Poder Judicial Federal que no tienen el carácter de definitivas.
En la segunda observación a las autoridades municipales, la Prodecon advierte que mientras la aduana correspondiente no valide, conforme a sus facultades, la legal internación y estancia de los vehículos, no se podrá producir ninguna regularización de unidades.
Lo anterior, explicó, porque es al Servicio de Administración Tributaria a quien le corresponde conocer de las presuntas resoluciones judiciales y en su caso, cumplimentarlas.
Es decir, los trámites y pagos que los ciudadanos realicen a las comercializadoras privadas no concluyen por sí solos con la internación legal definitiva del vehículo, mientras la aduana correspondiente no lo valide, reitera.
De esta forma, el organismo solicitó a las autoridades municipales informar a los ciudadanos que el trámite y pago a las comercializadoras que están en el predio “Mundo Nuevo”, facilitado por la alcaldía, no concluyen con la legalización de los vehículos.
Así, el organismo señaló que en un término de 10 días hábiles y conforme al artículo 1 constitucional que mandata la más amplia protección de derechos fundamentales a los gobernados, deberán responder si aceptan o no cumplir con las dos observaciones formuladas.
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