Alerta oposición que Senadores presentaron el documento a la Junta
El pasado 7 de diciembre, los senadores priistas, Tereso Medina Ramírez, quien es miembro de la CTM desde 1980 y quien ha ocupado varios puestos dentro de esa organización, e Isaías González Cuevas, integrante y ex funcionario de la CROC y quien sólo tiene estudios de secundaria, presentaron al Senado de la República la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo.
- Ahí proponen quitarle todos los candados a la subcontratación; es decir, le abre la puerta de par en par al outsourcing o subcontratación, con el mínimo de prestación laboral.
- De aprobarse tal cual fue presentada, dejaría como única obligación de una empresa con sus trabajadores el registrarlo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y darle una constancia de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
- La iniciativa se presentó cuando en el Senado de la República la atención estaba puesta en la aprobación de la Ley de Seguridad Interior y forman parte de las leyes secundarias que están contempladas en la materia y que debían emitirse antes de febrero de 2018.
Desde que se hizo pública esa iniciativa, académicos y expertos señalaron que el documento puede tener consecuencias en términos de desigualdad y bienestar en los mexicanos, ya que si el Gobierno federal busca avanzar hacia la flexibilización laboral, debería proponer a la par políticas para dar a los trabajadores contratados por outsourcing, acceso a la salud, una pensión, seguro de desempleo, indemnización, etcétera. O sea, todas las prestaciones.
- Además, en el terreno de las cifras y la experiencia, resulta evidente que esta política laboral no ha dado los frutos esperados en bienestar ni en generación de empleos de calidad.
El día de ayer, el Juzgado Primero de Distrito en materia administrativa de la Ciudad de México falló a favor de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, en un amparo promovido en contra de esas leyes secundarias. El amparo fue contra ambas cámaras y contra el Presidente de México.
En entrevista con SinEmbargo, el Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, representante del bloque conformado por el Partido del Trabajo (PT) y del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), destacó que el problema es que la iniciativa del PRI, de aprobarse tal y como está el dictamen, representará “la extinción del derecho laboral en México”.
Esto porque no sólo revierte todos los avances del Artículo 123, sino que además constituye una contrarreforma por la cantidad de requisitos que tiene para el derecho a huelga o para la contratación colectiva, “la hace tan difícil que terminará siendo imposible”.
“Es un dictamen tan peligroso como desafortunado”.
El dictamen está tan mal hecho, es tan atroz, que significa un deterioro tan grande de los derechos humanos de los trabajadores que muchísimas organizaciones de trabajadores en Canadá, Europa y Centro y Sudamérica, ya han externado su preocupación de que de aprobarse esta ley sería violatorio a los derechos humanos de los trabajadores mexicanos.
Esta Ley, en los términos que está el dictamen que se mandó, no significa más que mayor desgracia para los trabajadores mexicanos”, comentó Fernández Fuentes.
Las condiciones laborales en la República Mexicana son cada vez peores, y los cambios a la legislación que proponen dos senadores del Partido Revolucionario Institucional terminaría por darle la puntilla a los derechos de los trabajadores, alertan legisladores de oposición.
El fin del Derecho Laboral
- Entre las organizaciones que han criticado el dictamen del PRI están Global Junior, la United Electrical Radio and Machine Workers of America, International Association of Machines and Eerospace Workers, International Brotherhood of Teamsters y la Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas.
- Una de las razones de las críticas es que la Ley dejaría como única obligación de una empresa con sus trabajadores, registrarlo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y darle constancia de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
- Al respecto, Rodolfo Rubén Islas Ramos, secretario técnico de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD), dijo que aprobar las leyes secundarias es más una decisión de carácter político y que pasa por encima de una discusión de fondo del problema.
Islas Ramos se centró en lo que concierne a las Juntas de Conciliación y Arbitraje.
- “Hay una reforma vigente en materia constitucional del Artículo 123 que modificó de lleno nuestro sistema laboral. Veníamos de un sistema laboral con Juntas de Conciliación y Arbitraje integradas por una parte patronal, una de trabajadores y otra del gobierno.
- Ese es un sistema que ya no es vigente en ninguna otra parte del mundo y que nosotros mantenemos por dos razones: una, el poder corporativo que el Gobierno, el PRI, ejerce sobre sus sindicatos –CTM, CROC, CROM– y por otro, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que eso le garantiza el control de las negociaciones políticas”, expuso el legislador Islas.
Desde su perspectiva, hay un interés de parte del Gobierno de Enrique Peña Nieto de saltarse la discusión de fondo de la legislación de reglamentaria de esta reforma constitucional por compromisos que tiene, particularmente con el CCE.
- “Quien está más interesado en que la reforma se apruebe tal y como la propusieron estos dos senadores del PRI, es el Consejo Coordinador Empresarial. Son ellos los que no han querido entrar al debate o a la discusión o a la comprensión de la iniciativa que presentó el PRI.
- Han venido planteando que la representación tripartita en los órganos de conciliación, particularmente en el Instituto de Conciliación que ordena la Constitución debe seguir siendo tripartita, cuando la Constitución anuló cualquier forma de representación tripartita.
- Ese organismo debe ser público descentralizado, con una representación de profesionales en materia laboral que garanticen la independencia del Instituto, tanto frente a los Sindicatos como a los organismos empresariales”, explicó./CON INFORMACIÓN SIN EMBARGO
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