RITA MAGAÑA TORRES
Senadores del PAN, PRD y PT presentaron ante el pleno del Senado una iniciativa con proyecto de decreto para expedir la Ley General para la Garantía de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
La senadora del PAN, Mariana Gómez del Campo, reiteró que ésta es una propuesta alterna a la preferente del presidente Enrique Peña Nieto la cual no plantea un verdadero sistema de garantía de derechos de menores, sino que deja toda esa responsabilidad en un órgano asistencial, como el DIF.
Celebró que el Ejecutivo federal esté interesado en el tema, porque se trata de un sector vulnerable que enfrenta vacíos legales e institucionales que los mantienen en la indefensión ante problemas como el acoso escolar, violencia familiar y la migración.
Sin embargo, explicó que su iniciativa plantea un Consejo Nacional de Coordinación de la Política Pública para Niñas, Niños y Adolescentes como órgano rector a nivel presidencial, crea la Defensoría para Protección y Restitución de Derechos, como órgano desconcentrado.
Propone un Consejo Nacional de Monitoreo y Evaluación, que revise de manera confiable y objetiva la situación de la política en la materia y atienda las diversas situaciones que enfrentan niños y adolescentes en movilidad humana, incluye migración interna, internacional, desplazamiento interno, protección complementaria, exilio y asilo.
Establece que ninguna niña, niño o adolescente puede ser privado de su libertad por faltas administrativas como sucede para migrantes menores de 18 años.
Recupera las propuestas presentadas en el Senado a favor de la prevención, atención y seguimiento al acoso escolar y en pro de la convivencia libre de violencia en el entorno escolar y se promueven contenidos que fomenten el valor de la diversidad, los derechos humanos y la cultura de la paz.
En la exposición de motivos, los legisladores destacan que en materia de infancia y adolescencia, México tiene una serie de obligaciones internacionales no cumplidas, que van mucho más allá de la necesidad de más estructuras de protección o la asignación de mayores recursos.
Por ello, tanto organizaciones de la sociedad civil como internacionales, han evidenciado que el Estado requiere de un sistema de protección integral, que impulse la integración de los menores como verdaderos sujetos de derecho.
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