RITA MAGAÑA TORRES
Senadores del PAN, PRD y PT anunciaron que presentarán una propuesta alternativa para subsanar deficiencias de la iniciativa preferente del Ejecutivo federal para expedir la Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
Los senadores Mariana Gómez del Campo y Pilar Ortega, del PAN; Mario Delgado Carrillo, del PRD, y Layda Sansores, del PT, señalaron que el proyecto presidencial es asistencialista y tiene insuficiencias que no garantizan la protección integral de los menores.
En conferencia de prensa, Gómez del Campo reconoció que este sector enfrenta vacíos legales e institucionales que los mantiene en la indefensión, pero la iniciativa presidencial contiene carencias de fondo que más que beneficiar a la niñez y a la adolescencia podrían perjudicarla.
Por eso, expuso, en la propuesta alternativa no sólo se reconoce a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos sino que se impulsa su participación y se incorpora su voz en la toma de decisiones.
Además, se crea la defensoría para la protección y restitución de derechos, órgano desconcentrado que contará con presupuesto propio y con facultades para determinar el interés superior de la niñez, así como un consejo nacional de monitoreo y evaluación de la política en la materia.
En tanto, Mario Delgado dijo que la iniciativa del Ejecutivo carece de un sistema de evaluación, “se recarga” demasiado en el DIF y parece que pretende resolver los problemas que enfrentan los infantes con las procuradurías que se plantean dentro de esta institución.
Consideró que es insuficiente la atención que se propone para los niños migrantes y ambiguas las atribuciones del Ejecutivo federal, estados y municipios.
Además, no plantea un verdadero sistema de garantías de derechos, sino que deja en manos de un órgano asistencial, el DIF, todas las funciones de diseño, implementación, evaluación y protección.
Por su parte, Pilar Ortega celebró que el Ejecutivo se preocupe por el tema, pero en términos generales, su propuesta tiene un carácter asistencialista y lo que se requiere es un cuerpo normativo que realmente garantice la protección de niños y niñas.
En su oportunidad, Alma Meneses, de la Red por los Derechos de la Infancia en México, advirtió que la falta de una legislación general en el país provoca la desarticulación en acciones, planes, programas y mecanismos de defensa.
Esto genera problemáticas como la impunidad y el actuar discrecional por parte de las autoridades, dijo.
Karina Arias, del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, señaló que en la propuesta presidencial sólo se incluye a los niños migrantes no acompañados y tampoco reconoce las diferentes facetas en las que un menor puede participar en la movilidad humana.
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