El Plan B de la Reforma Electoral se perfila para ser la más impugnada en la historia del país, y por ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deberá resolver todos los recursos en poco tiempo.
- El Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República advirtió que su constitucionalidad debe estar resuelta antes de junio, debido a que el Artículo 105 constitucional prohíbe que se realicen cambios al marco legal en la materia 90 días antes del inicio de los procesos electorales.
Hasta el miércoles pasado, la Reforma Electoral del Presidente Andrés Manuel López Obrador ya contaba seis recursos: un juicio de amparo, cuatro acciones de inconstitucionalidad por parte de los partidos de oposición y dos más de legisladores. Además de una controversia constitucional del INE contra las reformas en materia de propaganda gubernamental aprobadas por Morena y sus aliados.
El Senado de la República prevé discutir y votar también esta semana las leyes del Plan B que se encuentran pendientes, como la compactación y eliminación de estructuras administrativas del Instituto Nacional Electoral (INE), y la cancelación de la “cláusula de vida eterna” para los minipartidos.
“Desde este momento el llamado Plan B ya se perfila para ser la Reforma Electoral más impugnada en la historia”, señala la investigación de César Alejandro Giles, titulada “Aspectos del proceso legislativo de la Reforma Electoral (Plan B)”.
“Se espera que el paquete que los senadores abordarán durante los próximos días motivará un mayor número de acciones jurídicas y sociales, pues los actores que promovieron acciones de inconstitucionalidad contra la reforma en materia de propaganda gubernamental adelantaron que harán lo mismo contra las reformas que tocan la estructura y funcionamiento del INE”, agregó.
- El Instituto Belisario Domínguez expuso que los inconformes con el Plan B advirtieron violaciones al proceso legislativo y modificaciones propuestas que ocasionarían el debilitamiento del INE, así como inequidad en las contiendas por la intervención de servidores públicos, lo cual podría poner en riesgo la organización del proceso electoral 2023-2024.
A diferencia de sus argumentos, el Gobierno federal y sus bancadas en el Congreso de la Unión defienden que el llamado Plan B generará un ahorro mayo a los tres mil millones de pesos en los procesos electorales.
Sin embargo, el análisis considera que la SCJN deberá resolver “a la brevedad” la constitucionalidad y validez del Plan B; y explicó que para invalidar el Plan B se requieren ocho de los 11 votos de los ministros.
- La disputa por las reglas electorales: El estudio publicado por el Senado recopila algunos de los argumentos a favor y en contra de la Reforma Electoral.
Morena ha señalado que con la reforma electoral se podrán ahorrar 3 mil millones de pesos, lo que estaría de acuerdo con la política de austeridad republicana impulsada por el presidente López Obrador.
A su vez, el Partido del Trabajo (PT) afirma que las modificaciones van a “limpiar al INE para continuar con la Cuarta Transformación” y terminarán con los “despilfarros y los sueldos exorbitantes“.
Por otro lado, la oposición argumenta que el “Plan B” es anticonstitucional y representa una reforma regresiva en materia electoral.
“Se dañan profundamente las capacidades de la autoridad electoral, desmantelando la estructura distrital del INE, ampliando los márgenes de impunidad de los delincuentes electorales y cooptando los instrumentos del INE”, señala Movimiento Ciudadano.
“La reforma violenta la competencia, la equidad en la contienda, y el único que se beneficia es el partido en el poder” agrega a las críticas el Partido Acción Nacional (PAN).
SCJN acumula 25 controversias constitucionales en contra del Plan B
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acumula ya 25 acciones y controversias constitucionales (y contando) en contra del llamado Plan B de la reforma electoral que impulsó el presidente Andrés Manuel López Obrador, todas ellas empujadas por partidos políticos como el PRD, PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, que buscan que se declare este plan como inconstitucional por los 11 ministros que integran la Corte.
- A estas fuerzas políticas se suman los posicionamientos de Ayuntamientos, diputados y senadores que han elaborado distintas impugnaciones en las últimas semanas en contra de lo aprobado por el Congreso de la Unión y que tiene como meta el desmantelamiento del Instituto Nacional Electoral (INE), bajo el argumento de que varios de sus párrafos contravienen la Carta Magna y pone en riesgo el sistema electoral mexicano.
Estos recursos en la actualidad son en contra de las modificaciones a la Ley General de Comunicación Social (LGC) y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), las cuales fueron aprobadas por el Grupo Parlamentario de Morena y aliados en diciembre de 2022, tanto en la Cámara de Diputados y el Senado de la República.
- Mientras que el Instituto Nacional Electoral (INE) es el único organismo autónomo que, hasta el momento, ha impugnado las reformas a la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, las cuales permiten a servidores públicos ejercer su libertad de expresión durante procesos electorales e incluso hacer proselitismo.
Todos estos recursos contra la primera parte del Plan B de la reforma electoral del gobierno federal fueron turnados al ministro Alberto Pérez Dayán, cuya ponencia tendrá que determinar en los próximos días si cumplen con los requisitos legales para su admisión y, en su caso, formulación de proyectos y análisis de los mismos.
Sociedad civil alistan Plan C para ‘tirar’ el llamado Plan B
En México opera un sistema de operación de la sociedad civil que tiene un objetivo: ‘tirar’ el llamado Plan B de reforma electoral propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
- El periodista Darío Celis contó que entre estas asociaciones están Somos Uniendo Caminos México y Grupo Amparos Estados, colectivos que incluso ofrecen asesorías para el trámite de amparos contra la reforma electoral de la 4T.
“Incluso están convocando a un Zoom masivo el próximo 6 de febrero para aclarar cualquier duda y orientar a la ciudadanía sobre la forma de ampararse contra el plan B del obradorismo”, destacó el columnista.
¿Quiénes están involucrados en el ‘Plan C’?
Celis comentó que grupos de abogados están colaborando con la academia, partidos políticos y sociedad civil para detener la implementación de los recortes al Instituto Nacional Electoral (INE).
“Circulan profusamente en las redes sociales y en grupos de chats de WhatsApp instructivos, recomendaciones y machotes de amparos individuales y de grupos para ejecutar inmediatamente”, agregó.
De acuerdo con Celis, el plan de la sociedad civil para oponer resistencia a la reforma de López Obrador seguirá estos pasos:
- Tormenta de amparos contra el llamado plan B de la reforma electoral.
- Marchas ciudadanas de decenas de miles dentro y fuera del país.
- Impulso de un candidato ciudadano de la alianza opositora.
Sobre el último punto, uno de los acuerdos de ‘Va por México’ es que se tome en cuenta a todos los ciudadanos en la ‘carrera’ por decidir quién será el abanderado de la coalición en 2024, “garantizando así la posibilidad de que participe alguien que proceda de la sociedad civil”.
La planeación incluye que la resistencia se haga sentir en la “opinión pública, el Congreso, el Poder Judicial”.
La reforma propuesta por el mandatario fue aprobada por la Cámara de Diputados en diciembre. El Senado avaló una porción, pero quedó otra pendiente, que será analizada la próxima semana.
El dictamen de la reforma electoral pendiente de aprobar es el que comprende reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; a la Ley General de Partidos Políticos, y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como a la expedición de la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral./Agencias-PUNTOporPUNTO
Documento íntegro:
178_ProcesoLegislativoPlanB
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