AGENCIAS
Un grupo de activistas e intelectuales exigió hoy en un mensaje publico a las autoridades crear una «Comisión de Verdad y Justicia» para investigar la desaparición de 43 estudiantes en el estado de Guerrero.
El texto fue firmado por el exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Juan Ramón de la Fuente; el presidente de la organización México SOS, Alejandro Martí; la presidenta de Causa en Común, María Elena Morera; el científico mexicano René Drucker Colín; y el líder del Consejo Mexicano de Negocios, Claudio X. González, entre otros.
Los activistas expresaron su indignación por la negligencia de las autoridades federales, estatales y municipales en la prevención de los hechos del 26 de septiembre, cuando desaparecieron los 43 estudiantes.
Ese día también fallecieron seis personas, entre ellas tres estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, y 25 más resultaron heridas en varios tiroteos protagonizados por policías locales presuntamente al servicio del cártel Guerreros Unidos.
Los líderes de opinión y de diversas organizaciones exigieron que esta Comisión de la Verdad y Justicia haga una «investigación exhaustiva del caso y que emita recomendaciones para la no repetición» de este tipo de hechos.
En esta comisión deben participar «mexicanos de reconocido prestigio en la defensa de derechos humanos y expertos internacionales con experiencia en la conducción de comisiones de verdad», apuntaron.
«Los mexicanos, en particular las víctimas de Ayotzinapa, merecemos verdad y justicia; de lo contrario, el riesgo de escalamiento violento del conflicto crece día a día», señalaron los líderes en su texto.
Asimismo, exigieron establecer protocolos de control de confianza para el registro de candidatos a los procesos electorales y una reforma que impida a un partido político participar en la siguiente elección cuando uno de sus representantes haya sido sentenciado por actos criminales durante su gestión.
También exigieron retomar la agenda anticorrupción y promover que los ciudadanos se involucren en el diseño de mecanismos para el combate a la corrupción, una adecuada fiscalización de recursos públicos y erradicar la impunidad.
Finalmente, piden impulsar una «reforma policial democrática» que permita contar con policías profesionales en todo el país, que rindan cuentas a la sociedad mediante de mecanismos de supervisión ciudadana.
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