RITA MAGAÑA TORRES
El Senado solicitó al gobierno de Sonora liberar de forma inmediata al dirigente de la tribu yaqui, Mario Luna Romero, e instalar una mesa de diálogo para solucionar el conflicto de la construcción del Acueducto Independencia en esta comunidad y garantizar el respeto de derechos humanos.
Con el voto en contra del PAN, el PRI, PRD y PVEM aprobaron un punto de acuerdo, en el que piden al gobernador se detenga de inmediato la escalada represiva contra las y los representantes de la tribu yaqui.
La perredista Dolores Padierna, expuso que el vocero de esa tribu, Luna Romero fue detenido el 11 de septiembre por personas vestidas de civil en vehículos no oficiales, desconociéndose su paradero, haciéndose evidente la violación de sus derechos humanos.
La aprehensión fue confirmada por el procurador de justicia estatal Carlos Navarro Zurch, días y argumentó que obraba orden de detención por delitos de privación de la libertad agravada y robo de vehículos, dijo.
Ante las irregularidades, puntualizó, diversas organizaciones civiles exigieron su liberación inmediata y denunciaron la falsedad de los cargos.
Argumentaron, precisó, que la detención de Mario Luna es parte de una estrategia de criminalización de la lucha yaqui en defensa del agua que les corresponde y porque rechazan la construcción del Acueducto Independencia para abastecer del vital líquido a la ciudad de Hermosillo.
Claudia Pablovich Arellano, del PRI, consideró que la detención de Luna Romero da muestras de la judicialización de la política en Sonora, de un ejercicio de gobierno sin diálogo público ni consenso, por lo que se pasan por alto las garantías individuales.
Refrendó la postura a favor de que establezcan mecanismos para abastecer de agua a Hermosillo, pero esto debe lograrse a partir de la voluntad gubernamental de concretar consenso y diálogo con la población.
Sin embargo, el senador del PAN, Héctor Larios, pidió que no se politice el tema, la detención de Luna Romero fue con apego a la ley, incluso existen videos que están investigándose, respecto de las ordenes de aprehensión que se han realizado en su contra.
Por ello, expresó que será la autoridad judicial quien decida con fundamento en las pruebas, si concede o no el auto de sujeción a proceso.
Refirió que existe una vieja pugna entre los integrantes del pueblo yaqui y un grupo de agricultores de Obregón, pero que habrá de cumplirse la resolución de la Suprema Corte que ordena a la Secretaría del Medio Ambiente realizar una consulta para que se manifiesten sobre el tema del acueducto.
De su lado, el panista Francisco Búrquez Valenzuela, señaló que existe un interés electoral en las acusaciones al gobierno estatal, pues mediante un proyecto hídrico pudo dotar de agua a toda la entidad.
En lo anterior coincidió Luisa María Calderón, quien consideró que la defensa de los derechos humanos debe realizarse también en otros estados, como en Michoacán donde se persigue a luchadores sociales.
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