AGENCIAS
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión pidió al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) cumplir estrictamente con su obligación de supervisar la programación dirigida a la población infantil y ejercer la suspensión precautoria de las transmisiones que puedan propiciar o favorecer la delincuencia entre niñas, niños y adolescentes.
A través de un punto de acuerdo, que ya fue notificado al Instituto, la Comisión Permanente instó al IFT a informar a la Secretaría de Gobernación de cualquier violación en materia de contenidos para que ésta ejerza su facultad de sanción.
Además pidió a los gobiernos federal, estatales y municipales del país llevar a cabo políticas públicas que salvaguarden el interés superior de la niñez y adolescentes, como promover la convivencia y cultura de la paz, con el objetivo de concientizar y sensibilizar a la sociedad de la importancia de respetar y garantizar la integridad y los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, así como para erradicar cualquier manifestación o modalidad de violencia en su contra.
Los legisladores señalaron que es necesario desarrollar modelos eficientes de atención integral a víctimas y transgresores en los casos de delincuencia infantil y juvenil, con apego a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para disminuir la incidencia.
También es necesario, señala el texto, prevenir, atender y reducir la delincuencia infantil; generando indicadores de gestión que faciliten el diagnóstico y caracterización de este problema.
En la exposición de motivos se señala que en México, UNICEF estima que el 62 por ciento de niñas y niños han sufrido maltrato en algún momento de su vida, situación que coloca al país en el sexto lugar en América Latina, al tener un alto número de homicidios de menores de edad, ya que tan sólo en los últimos 25 años, murieron asesinados diariamente dos niños o adolescentes, menores de 14 años.
Añade que se han identificado diversos factores de riesgo sobre el maltrato infantil que muestran una visión general para comprender sus causas, entre ellas hijos no deseados o que no cumplen las expectativas de los padres; tener necesidades especiales; llorar mucho o vivir con alguna discapacidad.
El texto señala que de acuerdo con cifras de las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia y de los sistemas estatales DIF, durante 2014 se reportaron 39 mil 516 casos de abusos en contra de niñas y niños, lo que representa un incremento de 50 por ciento respecto al 2013.
Las denuncias registradas el año pasado fueron por abuso físico (10 mil 538 casos); omisión de cuidados (nueve mil 190); maltrato emocional (cinco mil 896); abuso sexual (mil 411) y explotación sexual comercial (91).
«Estamos viviendo un contexto social en donde la violencia que sufren niñas, niños y adolescentes está siendo generada por ellos mismos, siendo testigos y teniendo conocimiento de alarmantes hechos en los cuales menores de 18 años de edad son víctimas de maltrato, lesiones y hasta privación de la vida, realizados por niñas, niños y adolescentes», refiere el texto.
Menciona que uno de los fenómenos que ha potenciado este tipo de hechos es el bullying o acoso escolar, cuya incidencia se ha incrementado.
Detalla que cifras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) el bullying aumentó en 10 por ciento durante los últimos dos años y destaca que en 2011 la CNDH reportó que el 30 por ciento de los estudiantes de primaria declaraba sufrir algún tipo de bullying. Para 2013, el porcentaje subió al 40 por ciento.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señala que México es el primer lugar internacional con problema de acoso escolar, ya que 18 millones 781 mil 875 alumnos de primaria y secundaria, tanto en escuelas públicas como privadas, padecen bullying.
Añade que, de acuerdo con la CNDH, en México, el 11 por ciento de los estudiantes mexicanos de primaria ha robado o amenazado a algún compañero, y en la secundaria el 7 por ciento lo ha hecho.
A manera de ejemplo de la situación, los legisladores mencionan que «recientemente se tiene registrados en nuestro país una serie de actos de acoso escolar tan graves que van desde impactar en la autoestima de los estudiantes hasta casos más drásticos en donde estudiantes han perdido la vida».
Y destaca «es de suma importancia no adoptar medidas que pudieran resultar perjudiciales ni tiendan a discriminar al menor, tales como el endurecimiento de penas o la reducción de la edad para ser sometidos al sistema de justicia para menores».
Respecto al problema de la delincuencia infantil y juvenil, el texto señala que se debe identificar las causas y señala que «preocupa la apología al delito que se observa en algunas transmisiones de radio y televisión, pues si bien no se puede determinar el grado de influencia de esa causa, la niñez es más vulnerable a influencias nocivas de los medios de información».
De ahí que, indica el texto, el Instituto Federal de Telecomunicaciones debe tener «un celo mayor» en el ejercicio de sus facultades de supervisión de la programación dirigida a la población infantil.
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