AGENCIAS
El gobierno de Chihuahua inauguró hoy el que será el primer Centro de Reinserción Social que albergará únicamente a indígenas.
El Centro de Reinserción Social de Guachochi, es para que “nuestros hermanos indígenas que tengan alguna pena que pagar, sea en Guachochi y sus familiares no tengan que estar yendo a muchos otros lugares”, expresó el gobernador César Duarte Jáquez.
Dicho centro, el número 8, estará a cargo de la Fiscalía General del Estado a través de la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales.
Previamente, los 184 reos indígenas habían sido trasladados a Guachochi, de diferentes penales de la entidad para apoyar su reinserción.
El Ejecutivo local indicó que los internos tendrán asesoría legal en su propia lengua, lo que les permitirá llevar un proceso más justo, lo cual evitará que sean víctimas de abusos en otros centros penitenciarios.
Quienes purguen una condena lo harán en mejores condiciones, acompañados por sus pares, con un trato más acorde a sus costumbres y cultura, lo que redundará en una mejor readaptación de los internos, se indicó en un comunicado.
Este nuevo modelo penitenciario permitirá respetar las creencias y costumbres de las razas indígenas, sobre todo la parte religiosa para que no se contraponga con la parte de seguridad y disciplina de los internos.
Asimismo, brindará mayor protección debido a su vulnerabilidad al formar parte de una minoría dentro de la población carcelaria.
El reclusorio cuenta con personal capacitado en usos y costumbres de las etnias que dominan el lenguaje, y actualmente la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales trabaja en la incorporación de un consejo técnico integrado por personas que pertenezcan a las etnias.
Este consejo personal ayudará con la valoración desde un punto de vista étnico sobre las faltas en que incurran los internos así como los beneficios que obtendrán.
Los internos de este centro penitenciario serán capacitados en oficios y labores de la región y se les enseñará a trabajar las tierras, y además podrán realizar trabajos en sus comunidades con el objetivo de facilitar su reincorporación, una vez compurgada su pena.
Asimismo, existe un patronato integrado con personal de las etnias de la región, para que el regreso de los internos a su comunidad sea más fácil y evitar el shock cultural debido a sus costumbres.
El penal número ocho cuenta con una capacidad para 320 internos y actualmente alberga una población de 280.
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