RITA MAGAÑA TORRES
El PAN en el Senado retiró su confianza al gobierno federal por la conclusión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso Ayotzinapa y demandará juicio político contra el ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo.
Además, pedirá al secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro Lemes, nombrar a un fiscal internacional y ratificado por el Senado, a fin de esclarecer el lamentable caso.
Los panistas también pusieron en marcha en redes sociales la campaña con el hashtag #SinConfianza NoHayGobierno.
Urgieron a acelerar la discusión para crear la Fiscalía General de la Nación y precisaron que sus exigencias no buscan golpear al gobierno del presidente Enrique Peña, pues él se pega sólo, además lo que se busca es llegar a la verdad jurídica del caso Ayotzinapa.
En conferencia de prensa, el coordinador de los panistas, Fernando Herrera, expresó que declaró que el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) generó una crisis de credibilidad en el gobierno federal.
Señaló que esa verdad histórica que, aparentemente, se construyó para dar salida a una presión social, fue contradicha por los resultados de esta investigación independiente, por eso hay enojo social, que no pasa con disimulo una actitud horrenda, como la cometida por el gobierno federal.
A su vez, María del Pilar Ortiz fijó la postura del PAN, al mencionar la exigencia de la comparecencia del secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio, y la titular de la PGR, Arely Gómez González, así como crear una fiscalía internacional, supervisada por la Comisión OEA.
“Presentaremos demanda de juicio político y responsabilidad penal contra el extitular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam, así como de quienes tengan responsabilidad directa en la investigación”, insistió.
En su momento, también Javier Corral explicó que los alcances de esta fiscalía internacional, sería conforme a los mismos procedimientos que lo hizo Guatemala, sin que sean las mismas circunstancias.
Basados en nuestros propios procedimientos legales, en el propio penal, el nombramiento de un fiscal internacional para darle seguimiento a estas investigaciones.
Si las consecuencias derivan en lo que derivó en Guatemala, celebraremos. El presidente de Guatemala pidió licencia ante el avance de las indagatorias y se separó del cargo para someterse a un proceso judicial de carácter penal.