En el cuarto año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, México se estancó en el lugar 126 del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) que elabora cada año la organización Transparencia Internacional; en la lista, el país recibió una calificación de 31, equivalente a la de Bolivia, Laos y Uzbekistán.
- “México no ha sido capaz de mejorar su calificación en el IPC por tercer año consecutivo. Después de cuatro años de gobierno de López Obrador, no se ha condenado a ningún alto funcionario o directivo en los casos de corrupción, algunos de los cuales envuelven a su red política”, sentenció la organización.
Y agregó: “la tensión entre el presidente y las instituciones con autonomía constitucional responsables del acceso a la información (INAI) y de garantizar elecciones libres y justas (INE) muestra una tendencia a socavar los controles y contrapesos necesarios para una democracia funcional”.
Por tercer año consecutivo, México obtuvo 31 puntos (de 100 posibles) en el Indice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, ubicándose en la posición 126 de 180 países.#IPC2022
Consulta el informe completo en https://t.co/Xbaeqz2Kpw— Transparencia Mexicana (@IntegridadMx) January 31, 2023
- De acuerdo con el IPC, México sigue siendo el país con la mayor percepción de corrupción al interior de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), cuyo país miembro Dinamarca tiene la menor sensación de corrupción en el globo.
- A nivel del continente americano, el país se encuentra en el cuarto inferior de la clasificación, muy por debajo de Canadá, Uruguay, Estados Unidos o Chile, pero por encima de Venezuela, Haití, Nicaragua, Honduras y Guatemala, países considerados por Transparencia Internacional como algunos de los más corruptos del planeta.
Según la organización, la corrupción en las Américas es uno de los productos de instituciones débiles que no rinden cuentas; se refleja en altos niveles de violencia, sobornos, redes de tráfico de personas y altos números de asesinatos, incluyendo a defensores de derechos humanos y periodistas.
En Latinoamérica, México está peor calificado que Uruguay, que ocupa el lugar 74, Chile el 67 y Costa Rica el 54, los únicos países de la región que aprueban
Crimen organizado
La falta de avances en la lucha contra la corrupción «ha derivado en la región en un debilitamiento de las instituciones democráticas y en un aumento de la violencia y un avance del crimen organizado en las instituciones públicas», alertó a la agencia AFP Luciana Torchuaro, asesora regional para América Latina de TI.
«Los gobiernos frágiles fallan en su labor de frenar a las redes criminales, el conflicto social y la violencia (…)», señaló en un comunicado Delia Ferreira Rubio, presidenta de la oenegé.
- Los datos globales revelan un estancamiento de la lucha contra la corrupción y ponen de manifiesto la relación que existe entre este flagelo y la violencia. «La corrupción y el conflicto se retroalimentan y amenazan la paz duradera», destaca el informe. El fenómeno es especialmente visible en América Latina.
- Los países con puntuaciones más bajas suelen estar en guerra o sufrir estallidos de violencia. Es el caso de Venezuela (14), Haití (17), Nicaragua (19) y Honduras (23), que tienen las peores notas de América Latina.
En esos países se han difuminado las líneas entre instituciones públicas y redes criminales, apunta TI. El índice de los últimos tres ha descendido de manera significativa desde 2017.
Retrocesos para prevenir y sancionar la corrupción
México tiene la mejor legislación anticorrupción de América Latina, pero sus autoridades son de las más ineficaces para prevenir y sancionar estas conductas, revela la «Evaluación Anticorrupción de América Latina 2021-2022«.
- El estudio, realizado por el Consejo de Abogados por los Derechos Civiles y Económicos del Centro Cyrus R.
- Vance para la Justicia Internacional, con sede en Nueva York, establece que las autoridades mexicanas encargadas de la lucha anticorrupción carecen de independencia y que la persecución penal se ha hecho con un sesgo político.
«La comunidad jurídica consultada identifica que la lucha anticorrupción está siendo utilizada para fines políticos, pues no se brinda el apoyo necesario al Sistema Nacional Anticorrupción y a otras entidades, al contrario, se les ataca desde el Poder Ejecutivo.
«Además, existe mucho interés por perseguir casos de corrupción de administraciones pasadas, pero no casos actuales, incluyendo el reciente caso de posible corrupción para beneficiar a uno de los hijos del Presidente», advierte.
En el último año, México presentó retrocesos importantes en sus esfuerzos para prevenir y sancionar la corrupción, los cuales, además de ser insuficientes, han sido utilizados para fines políticos, advierte la “Evaluación Anticorrupción de América Latina 2021-2022” del Consejo de Abogados por los Derechos Civiles y Económicos del Centro Cyrus R. Vance para la Justicia Internacional, de la barra de abogados de Nueva York.
- El estudio coloca a México en el lugar 9 de 17 países evaluados, con una calificación general de 5.64 puntos, en una escala del cero a 10. Nuestro país está por debajo de Perú (6.06) y arriba de Bolivia (5.50).
- Cabe señalar que este informe se basa en los conocimientos jurídicos y la experiencia de abogados dedicados a la práctica anticorrupción en diversos sectores, incluidos despachos de abogados, empresas, academia, organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos, entre otros.
Sobre México, el análisis de los expertos advierte que pese a que es el país con la mejor calificación a nivel regional en el rubro de legislación (9.30), se coloca como el sexto peor en materia de autoridades y en número 10 al hablar de la implementación de las leyes anticorrupción.
Por ello, el reporte sostiene que “México es uno de los ejemplos a nivel regional de cómo una buena legislación no es suficiente, si no hay instituciones independientes y con capacidad para implementar ese marco jurídico”.
El informe destaca que es preocupante el debilitamiento de las capacidades de algunas autoridades y el uso político de la agenda anticorrupción, ya que no se brinda el apoyo necesario al Sistema Nacional Anticorrupción y otras entidades, al contrario, se les ataca desde el poder Ejecutivo. Además, existe mucho interés por perseguir casos de corrupción de administraciones pasadas, pero no casos actuales, incluyendo el reciente caso de posible corrupción para beneficiar a uno de los hijos del presidente.
- Mientras que las autoridades anticorrupción no tienen la independencia necesaria para prevenir, investigar y sancionar la corrupción efectivamente, como es el caso de la Secretaría de la Función Pública.
- El estudio concluye que el principal desafío de México es aplicabilidad del marco jurídico debido a una “insuficiente voluntad política para su ejecución”.
Aunado a que preocupa a la comunidad jurídica los ataques de los más altos niveles del gobierno a organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación que denuncian casos de corrupción de la administración actual, ello al señalar que en países como México existen barreras, formales o informales, para la participación de la sociedad civil, así como límites o acciones de represión como mecanismo de desincentivo para investigar, descubrir o denunciar actos de corrupción./PUNTOporPUNTO
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