En México, las 27 mil 870 denuncias presentadas ante las 33 Fiscalías Anticorrupción del país derivaron en un total de 31 mil 445 carpetas de investigación y, de ellas, solo 243 terminaron en sentencias condenatorias por parte del Poder Judicial, lo que representa tan solo .008% del total de denuncias.
La Iniciativa de Transparencia, Anticorrupción y Digitalización (ITACDigital) de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, presentó la segundo informe “Fiscalías Anticorrupción. Transparencia, autonomía y resultados”, en el periodo 2019-2021.
- El cual advierte que el país continúa con deficiencias legales e institucionales para combatir, prevenir y sancionar la corrupción. Muestra una falta de interés de algunas Fiscalías Estatales contra la Corrupción de colaborar con la sociedad civil y con la academia en la búsqueda de alternativas mejores.
- De acuerdo con el estudio, solamente 10 mil 807 carpetas fueron resultas en un sentido que no abona en combatir la corrupción, en dichas carpetas recayó la determinación de no ejercicio de la acción penal, facultad para abstenerse de investigar o fueron archivadas temporalmente.
Solamente 2 mil 423 carpetas fueron resueltas en un sentido que favorece el combate a la corrupción a través de la judicialización, criterio de oportunidad, medios alternativos de solución de controversias, suspensión condicional del proceso, procedimiento abreviado o reparación del daño.
“El estudio lo que nos refleja es que nos falta todavía mucho camino por andar. Si nosotros hacemos el comparación del total de las denuncias que se reciben con el número de sentencias condenatorias, vemos que no llegamos al uno por ciento de este indicador”, señaló Mariana Cendejas, investigadora del ITACDigital, durante la presentación del estudio.
Datos que arroja el estudio
Los resultados de las fiscalías en su mandato de combate a la corrupción sigue siendo muy bajos si compara el número de denuncias con el número de sentencias condenatorias: 243 de 27 mil 870.
- La corrupción en México le cuesta al país 347 millones de pesos (del 5 al 105 del PIB) anuales.
- Solo 0.19% de las denuncias presentadas a nivel nacional lograron obtener una sentencia condenatoria.
- 7 de 33 fiscalías han conseguido sentencias condenatorias ejecutadas, dando un total de 34 casos.
- 17 mil 873 denuncias por delitos por hechos de corrupción permanecen impunes.
- 4 fiscalías con mayor presupuesto no han obtenido resultados en el combate a la corrupción.
- 10 de 33 fiscalías no respondieron a la solicitud de información.
- La Fiscalía Anticorrupción de la Fiscalía General de la República (FGR) no reporta sentencias condenatorias, a pesar de ser la segunda con mayor presupuesto y personal.
- Solo 12 fiscalías reportaron haber obtenido montos por hechos de corrupción.
- La cantidad total de $2,952,883,715.66 de montos recuperados sería más que suficiente para cubrir el presupuesto total asignado al Tribunal Federal de justicia Administrativa en 2022.
- Este monto alcanzaría para cubrir el presupuesto de las 18 fiscalías, el cual asciende a $2,069,22,852.11.
- Baja California y Baja California Sur siguen sin nombrar a las personas titulares de estas fiscalías y, por tanto, sus sistemas anticorrupción siguen incompletos.
Recomendaciones
La Iniciativa de Transparencia, Anticorrupción y Digitalización en el segundo lnforme “Fiscalías Anticorrupción. Transparencia, autonomía y resultados”. Sugiere que para incrementar el fortalecimiento institucional de las fiscalías en el combate a la corrupción sugiere:
- Una reestructuración del Sistema Anticorrupción
- Código único de delitos de corrupción
- Se autorice la extinción de dominio en delitos de corrupción
- Terminar con vacíos legales y sanciones
- Homologar a todas las Fiscalías Anticorrupción del país
- Mayor independencia de las Fiscalías Anticorrupción
- Capacitación talento humano
- Crear un Servicio Profesional de Carrera Anticorrupción
- Tener jueces especializados en corrupción
- Preparar fiscales en materiaprocesal, apelación y amparo para evitar que las sentencias condenatorias se evada de la ejecución
López Obrador tiene un marcado divorcio con la lucha anticorrupción
A pesar de que uno de los “objetivos superiores” de la actual administración es combatir la corrupción, el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene un marcado divorcio con la lucha anticorrupción, el cual pone en riesgo los avances logrados en los últimos años, indicaron especialistas.
“El Sistema Nacional Anticorrupción coordina a actores sociales y a autoridades de los distintos órdenes de gobierno, a fin de prevenir, investigar y sancionar la corrupción”, indica el sitio web del organismo, no actualizado desde el sexenio de Enrique Peña Nieto, pues aún mantiene la imagen institucional de ese sexenio.
- En 2015, la promulgación de la reforma constitucional que creó el Sistema Nacional Anticorrupción se presentó como “un avance histórico para el país en la lucha contra la corrupción”. Sin embargo, el presidente López Obrador considera que fue “una pantalla” para simular el combate a la misma.
“Nosotros sostenemos que el principal problema de México fue durante muchos años, siglos, la corrupción, y la Cuarta Transformación tiene como objetivo superior acabar con la corrupción”, comentó López Obrador el pasado 25 de enero.
“Le quiero decir con toda franqueza que ese sistema se creó en plena corrupción, para simular que se iba a combatir la corrupción. ¿Sirvió para eso? No, no ha servido, y nos cuesta mil millones de pesos al año”, añadió.
Delitos cometidos por servidores públicos en aumento
Los delitos cometidos por servidores públicos han registrado un aumento promedio de 9.6 por ciento en la mitad de las 32 entidades federativas, que a la par carecen de protocolos para indagar actos de corrupción.
Este aumento de carpetas de investigación iniciadas por las fiscalías locales contra funcionarios se observó al comparar la suma de enero a agosto de 2022 con el mismo periodo del año pasado, en el registro de datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
- La tendencia al alza se identificó en los estados de Baja California (9.6 por ciento), Baja California Sur (21.9), Campeche (ocho mil 800), Coahuila (11.6), Ciudad de México (3.7), Guerrero (27.1), Hidalgo (44.1), Nayarit (200), Nuevo León (4.3), Puebla (17.5), Quintana Roo (0.7), San Luis Potosí (2.9), Sinaloa (0.8), Tamaulipas (5.2), Yucatán (180) y Zacatecas (21.9 por ciento).
De éstas, el incremento más abrupto se observa en el estado de Campeche, pues dentro del periodo señalado en 2021 no documentó ninguna carpeta abierta, mientras que en este año ya suman 88.
Estas mismas 16 entidades se encuentran inscritas en el listado de las 28 entidades donde las fiscalías no cuentan con un protocolo para indagar actos de corrupción, de acuerdo con el reporte Levantemos la Voz de las Fiscalías Anticorrupción que presentó el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) y la organización Tojil.
Por el contrario, el estudio de la organización sí identificó estos protocolos en las fiscalías de Querétaro y Sonora
Para el primer caso, el número de carpetas abiertas por delitos cometidos por funcionarios públicos se ha mantenido en cero en los dos periodos comparados, mientras que en Sonora, la cifra ha disminuido 41.5 por ciento.
Instituciones académicas, expertos y entes internacionales definen a esta práctica como el abuso de poder público para obtener beneficios privados o personales.
- Incluso la Interpol ha advertido que “la mundialización de la economía” ha hecho de la corrupción “un delito sin fronteras”, donde se “abona el terreno” para que se desarrollen actividades en relación con la delincuencia organizada, “ya que los delincuentes se ven favorecidos por la complicidad de funcionarios públicos corruptos”.
- En la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) que presentó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) el mes pasado, la corrupción como uno de los problemas más importantes que aqueja a la población registró un incremento de 0.4 puntos porcentuales entre 2021 y este año, al pasar de 22.1 a 22.5 por ciento.
En cuanto a la evaluación sobre la labor de las autoridades, la encuesta mostró que 74.9 por ciento de la población ve a los policías de tránsito como los más corruptos, seguido de los jueces, con 67.3 por ciento; policías preventivos municipales, 66.8 por ciento, así como ministerios públicos y fiscalías estatales, con 64.7 por ciento.
En el estudio presentado por Imco se advierte que la falta de protocolos puede afectar el desempeño de servidores durante las audiencias y evitar la correcta resolución de los casos.
Entre otro resultados, se observa que de 29 mil 289 investigaciones que se iniciaron, 845 fueron judicializadas y únicamente 54 terminaron en sentencias condenatorias, las cuales fueron reportadas sólo en nueve fiscalías estatales.
Necesario, mayor apoyo a SNA por parte de López Obrador
A siete años de la publicación de reformas en combate a la corrupción en México, expertos advirtieron que existe falta de apoyo y voluntad política por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador y diversas autoridades para impulsarlas; además, señalaron que faltan adecuaciones en leyes y mejorar la profesionalización de servidores públicos que trabajan en áreas anticorrupción.
- Marco Antonio Fernández, coordinador del programa de Anticorrupción y Educación de México Evalúa y profesor e investigador de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey, explicó que durante el sexenio actual se ha tenido una erosión de las “precarias instituciones” que existen en el país para el combate a la corrupción.
- El especialista cuestionó las decisiones que ha tomado el presidente como unificar diversas áreas en instituciones con el fin de generar ahorros y que, consideró, han afectado el combate a la corrupción.
- Por su parte, Ricardo Alvarado Andalón, investigador de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, señaló que al jefe del Ejecutivo federal no le gusta el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) porque opina que éste viene de acuerdos de cúpulas entre las fuerzas políticas que gobernaban el país antes de su llegada.
“Eso menosprecia, por completo, el esfuerzo ciudadano que se hizo, entre 2015 y 2017, para hacer una reforma constitucional del tamaño que se hizo para la creación del SNA”, opinó el especialista.
A siete años de la publicación de reformas en combate a la corrupción en México, expertos advirtieron que existe falta de apoyo y voluntad política por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador y diversas autoridades para impulsarlas; además, señalaron que faltan adecuaciones en leyes y mejorar la profesionalización de servidores públicos que trabajan en áreas anticorrupción.
- Marco Antonio Fernández, coordinador del programa de Anticorrupción y Educación de México Evalúa y profesor e investigador de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey, explicó que durante el sexenio actual se ha tenido una erosión de las “precarias instituciones” que existen en el país para el combate a la corrupción.
- El especialista cuestionó las decisiones que ha tomado el presidente como unificar diversas áreas en instituciones con el fin de generar ahorros y que, consideró, han afectado el combate a la corrupción.
- Por su parte, Ricardo Alvarado Andalón, investigador de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, señaló que al jefe del Ejecutivo federal no le gusta el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) porque opina que éste viene de acuerdos de cúpulas entre las fuerzas políticas que gobernaban el país antes de su llegada.
“Eso menosprecia, por completo, el esfuerzo ciudadano que se hizo, entre 2015 y 2017, para hacer una reforma constitucional del tamaño que se hizo para la creación del SNA”, opinó el especialista.
- También, indicó que el SNA requiere de apoyo político porque, durante el tramo final de Enrique Peña Nieto y lo que va del sexenio de López Obrador no ha existido.
- Recordó que incluso se filtró una iniciativa de reforma que buscaba eliminar la Secretaría Ejecutiva del SNA, que es el órgano operativo del mismo sistema.
No hay ninguna discusión sobre qué deberíamos hacer (en el SNA) y eso se debe a que no hay apoyo político; a que no hay un respaldo a las decisiones que este organismo va a tomar”, dijo.
Señaló que, sin el respaldo político, por muy bien que la Secretaría Ejecutiva o el Comité de Participación Ciudadana del Sistema haga su trabajo, no habrá repercusiones en el sistema político, no se podrá investigar en la Fiscalía Anticorrupción, no se habilitarán las contralorías de la Función Pública. Esencialmente, sin apoyo, no se puede “alimentar” el proceso anticorrupción.
- Armonización de leyes: Ricardo Alvarado expuso que hay 16 leyes a nivel federal, en materia anticorrupción, que requieren de ajustes legales para poder cuadrar a la perfección con las facultades previstas en las primeras leyes secundarias para el Comité Coordinador pero que, hasta el momento, no se ha realizado ninguna.
Alvarado Andalón reprochó que, a lo largo de estos cuatro años de mandato, el Ejecutivo ha concentrado las funciones anticorrupción en la Secretaría de la Función Pública.
Mientras que, Marco Fernández indicó que las medidas para prevenir, investigar y castigar los actos de corrupción siguen siendo endebles pues el servicio nacional de carrera es precario; además, de que el presidente de la República ha reiterado, en distintas ocasiones, que no cree en la profesionalización del servicio público.
- Pendientes del combate al flagelo: Faltan armonizar 16 leyes a nivel federal en materia anticorrupción.
Ciudad de México, Tamaulipas y Nuevo León no cuentan con una propuesta final, en la actualidad, de Políticas Estatales Anticorrupción.
Baja California, Chihuahua y Morelos están aún en la recta final para avalar su Política Estatal Anticorrupción, a la espera de retroalimentación de la Secretaría Ejecutiva del SNA.
Hasta el 15 de diciembre, 10 estados con políticas anticohecho aún no tenían un programa de implementación./PUNTOporPUNTO
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