AGENCIAS
Agentes de la Guardia Civil procedieron ayer al arresto de 51 personas, entre políticos, alcaldes y empresarios, en el marco de una trama de corrupción destapada en ayuntamientos y gobiernos regionales. Los detenidos están acusado por un juez anticorrupción de cobrar comisiones ilegales por la adjudicación de obras y servicios y conseguir contratos por valor de 250 millones de euros en tan sólo dos años.
Como parte de la llamada Operación Púnica se detuvieron a media docena de alcaldes de la región de Madrid y a Francisco Granados, quien durante años fue vicepresidente y “número dos” del Partido Popular (PP) en esa región.
Suiza dio la alerta. La operación judicial empezó en enero, después de que la Audiencia Nacional accediera a una comisión rogatoria de las autoridades suizas por sospechas graves de blanqueo.
El PP, partido en el que milita el presidente Mariano Rajoy, y el PSOE, principal partido de la oposición, reaccionaron con la medida de suspender de militancia a sus correligionarios detenidos. La respuesta pretende hacer frente al creciente descontento que la corrupción genera entre los españolas.
Indignación. El sondeo mensual del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) reflejó en su última edición, el pasado 7 de octubre, que la corrupción es el segundo mayor problema que ven los españoles, sólo por detrás del desempleo. Y es que los españoles han asistido en los últimos años a numerosos casos de corrupción en ayuntamientos y regiones, vinculados generalmente al otorgamiento de licencias y adjudicaciones en obras y servicios.
El caso más grave que afecta al gobierno se bautizó como Gürtel. Un juez de la Audiencia Nacional investiga la supuesta contabilidad B del PP durante años, que esta formación niega, mientras su ex tesorero Luis Bárcenas lleva en la cárcel más de un año y surgen informaciones sobre el pago “en negro” de gastos del partido.
Los socialistas tienen su cruz en Andalucía, donde gobiernan desde que se instauró la democracia y donde una juez investiga un caso de ayudas del Gobierno regional a empresas en dificultades con un supuesto fraude en el uso del dinero del que se enriquecían particulares y cargos públicos.
Dirigentes sindicales y empresariales están en la picota por el uso de tarjetas de crédito opacas de las entidades públicas Caja Madrid y Bankia, un caso que tiene como principal protagonista al ex director gerente del FMI Rodrigo Rato, que presidió esas entidades.
Otro caso que ha indignado a los ciudadanos en estas semanas es el del ex presidente regional de Cataluña, el nacionalista Jordi Pujol, quien admitió haber tenido cuentas en Andorra, mientras varios de sus hijos son objeto de sumarios judiciales por presunta corrupción.
Tampoco se salva del escándalo la realeza. La hermana del rey Felipe VI, la infanta Cristina, está imputada junto a su marido Iñaki Urdangarin en un escándalo de tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, cuyo juicio está programado para antes de que finalice el año.
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