Capitalinos que hagan uso indebido de los servicios de llamadas de emergencia serán remitidos a la cárcel de tres meses a dos años. Incluso, la penalidad se duplicará cuando se hagan llamadas a instituciones públicas o privadas que presten servicios de emergencia, protección civil, bomberos, seguridad pública, salud, para burlarse o distraer al personal a cargo. Hace un año, la bancada del PRD del Congreso local presentó la iniciativa de ley que ahora está en manos del Gobierno de la Ciudad para su publicación en la Gaceta Oficial. Leonel Luna, líder de la bancada perredista, dijo que si este tipo de llamadas provoca un accidente o pérdidas materiales se sancionará a los responsables de dos años a cinco años de prisión y de 300 a 500 días multa./EL UNIVERSAL
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