AIDA RAMIREZ MARIN
Las Confederaciones Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y de Cámaras Industriales (Concamin), así como la Industria de Transformación reconocieron la labor de la Cámara de Diputados y del Senado de la República por la aprobación de la reforma constitucional por lo que se crea el Sistema Nacional Anticorrupción, con lo que se espera un ahorro de más de 340 mil millones de pesos.
El organismo patronal que encabeza Juan Pablo Castañón, calificó este hecho como “un gran paso para el país”, aunque observó que aún queda un largo camino legislativo e institucional por recorrer para contrarrestar a la corrupción y la impunidad.
“Urgimos a los congresos locales a corresponder el esfuerzo y trabajar para una pronta y expedita aprobación de la reforma constitucional”, indicó la Coparmex en un comunicado.
Por ello, indicó que las entidades federativas también deben avanzar de manera urgente en la armonización de sus legislaciones, al asumir el compromiso de un combate frontal a la impunidad y la corrupción, y vencer las resistencias que pudieran aparecer.
La Coparmex exhortó al Poder Legislativo a establecer un calendario claro y ágil para la discusión y aprobación de las leyes secundarias, que permitan hacer realidad este nuevo andamiaje institucional.
“Confiamos en que los consensos alcanzados para esta aprobación se mantengan a lo largo del proceso legislativo y así dar respuesta a la demanda ciudadana de mayor transparencia, rendición de cuentas y honestidad en todas nuestras instituciones”, se dijo en el comunicado.
Por su parte, Manuel Herrera Vega, presidente de la Concamin, señaló que la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción por parte del Senado representa un gran avance y sienta un buen precedente en materia de transparencia para México, al tiempo que exhortó a los congresos locales de todo el país a aprobar en breve la reforma constitucional.
“La corrupción es una de las actividades que más afectan a una nación, tanto en lo interno como al exterior. Es por ello que los industriales reconocemos a nuestros legisladores por las reformas constitucionales aprobadas, ya que representan un gran precedente de transparencia e incrementan el prestigio internacional de México como una nación de oportunidades para la atracción de nuevas inversiones”, dijo.
Según datos de Transparencia Internacional, México destaca por contar con la peor calificación de los 34 países integrantes de la OCDE en materia de transparencia. Nuestro país cuenta con 35 puntos de 100 posibles, mientras que otras naciones de Latinoamérica se encuentran mejor ubicadas, como Chile y Uruguay con 73 puntos y Brasil con 43. Estados Unidos tiene 74 puntos y España 60.
La Concamin destacó que de acuerdo con información del INEGI, por tipo de trámite la mayor incidencia de corrupción fue el contacto con autoridades de seguridad pública con 50.6 por ciento, seguido de permisos relacionados con la propiedad, con un 24.8 por ciento.
“Es justo reconocer que para llevar a cabo un acto de corrupción deben existir dos partes: el funcionario o servidor que hace mal uso de sus facultades públicas a cambio de algún beneficio, y otra persona del lado de la sociedad que ofrece algún beneficio a cambio de violar la ley.
“Por ello es muy importante que este Sistema le otorgue facultades a la Auditoría Superior de la Federación y al Tribunal de Justicia Administrativa, así como a los organismos de control interno en las entidades, para sancionar no sólo a los funcionarios sino también a las empresas y directivos involucrados”, indicó Herrera Vega.
Desde hace 14 años, la Concamin entrega el Premio Ética y Valores en la Industria, como un aporte de los industriales confederados integrados a Cámaras y Asociaciones, para difundir el compromiso empresarial por una sociedad sin corrupción y un Estado de derecho que se traduzca en condiciones que incrementen la productividad.
El líder de los industriales del país insistió que debe darse puntual seguimiento a este tema, para que no sólo sea un evento coyuntural derivado de los tiempos político – electorales, sino una transformación a fondo de la sociedad mexicana.
Por ello, el líder de los industriales del país exhortó a los congresos locales a la aprobación de estos cambios constitucionales, así como la discusión y aprobación de la legislación secundaria derivada del Sistema Nacional Anticorrupción, como los siguientes pasos para hacer efectivas estas reformas a 14 artículos de la Constitución.
De su parte, los empresarios afiliados a la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), aplaudieron las reformas constitucionales, pues indicaron que las inversiones en nuestro país requieren grandes medidas de fondo como lo son el combate a la impunidad, sanción a la corrupción y atención de la inseguridad, que cuestan al país más de 341 mil millones de pesos.
Rodrigo Alpízar Vallejo, presidente de la Canacintra, dijo que la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, es una medida de vital importancia cuando los costos de corrupción y la falta de transparencia equivalen hasta nueve puntos del Producto Interno Bruto Nacional (PIB).
En lo que se refiere a los municipios y estados, dijo que el costo de la corrupción se ha traducido en la falta de pago a los proveedores, lo que puede derivar en el cierre de miles de empresas que dependen de las ventas a gobierno, o que han apostado por la credibilidad de estos.