AGENCIAS
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Silva Meza, demandó a las instituciones del Estado colaborar para proteger los derechos y la integridad de la niñez mexicana.
El ministro detalló que 21.2 millones de menores de edad padecen pobreza, lo que representa 53.8 por ciento de la población con menos de 18 años, mientras que 4.7 millones viven con pobreza extrema.
Al inaugurar la Semana Nacional de los Derechos de la Infancia organizado por el Poder Judicial de la Federación (PJF), afirmó que la situación de urgencia y vulneración de los derechos de los más pequeños exige actuar.
Ellos necesitan vivir en ambientes libres de violencia, donde el cabal cumplimiento a sus derechos humanos sea su contexto natural de vida, expuso el servidor público, quien destacó la labor y el claro compromiso constitucional del Poder Judicial en ese esfuerzo.
Muestra de ello es que los juzgadores siguen proveyendo resoluciones jurisdiccionales que fomentan que tanto niños como niñas crean cada vez más en las instituciones.
Silva Meza recordó que el PJ propuso a los 23 países que integran la Cumbre Judicial Iberoamericana elaborar un protocolo de actuación judicial para grupos vulnerables, proyecto que se presentó en Chile en abril de este año y que fue aprobado por unanimidad.
Detalló que con este protocolo se logró que los Poderes Judiciales de Iberoamérica tengan un documento de aplicación regional, fundado en tratados internacionales de derechos humanos, que sistematice principios y buenas prácticas judiciales para el acceso pleno a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad.
El ministro Silva también recordó que la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, la Suprema Corte y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) desarrolló el curso virtual “Los derechos de la infancia y el acceso a la justicia”, que fue presentado al público el 14 de agosto.
En su primera generación, el curso abrirá 3000 espacios para que jueces y magistrados de los ámbitos federal y local, defensores y agentes del Ministerio Público puedan cursarlo, obteniendo y/o ampliando sus conocimientos tanto teóricos como prácticos.
La representante adjunta del Unicef en México, Alison Sutton, destacó los esfuerzos de este organismo y la SCJN en favor de los derechos de la niñez, como el lanzamiento del curso virtual “Los derechos de la infancia y el acceso a la justicia”.
Más de tres mil 500 funcionarios judiciales del país podrán prepararse para evitar que el paso por el sistema de justicia genere en niños y adolescentes sentimientos de miedo, temor o culpa, y no haya violaciones adicionales a sus derechos o daños irreparables para su bienestar y desarrollo.
Sutton precisó que también están en marcha dos proyectos, para diseñar y poner en práctica un micrositio en línea sobre derechos de la infancia y la adolescencia, que estará listo en noviembre, y un curso en línea sobre sicología forense especializada en menores de edad.
El magistrado Pedro Esteban Penagos López sostuvo, a su vez, que niños y niñas reclaman atención y de su formación dependerá la calidad de la futura ciudadanía, que constituye el principal sustento del sistema democrático.
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