En apoyo analítico con Eurasia Group, junto al ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, David Miliband, The Chicago Council on Global Affairs presentó el Atlas de Impunidad, un raking a nivel mundial de los países con menor y mayor número de impunidad, basándose en aspectos como irresponsabilidad gubernamental, abuso de derechos humanos, conflictos entre naciones, explotación económica, degradación ambiental, entre otros.
La lista fue encabezada por Afganistán, Siria y Yemen, quienes destacaron con la mayor puntuación, y Finlandia, Dinamarca y Suecia, fueron los países menos impunes del mundo. Pero, ¿y México?
Aunque la impunidad en el país ha sido revisada por órganos nacionales, y se ha señalado el actual sexenio de Andrés Manuel López Obrador constantemente, quedó en el puesto 45. No obstante, hay diferentes claves a considerar.
- Violencia y conflicto: Aunque México no figura entre los países con mayores niveles de impunidad, sino, los de una más ligera, el Atlas de Impunidad reitera que algunos estados con “instituciones económicas y políticas relativamente más fuertes”, aún pueden enfrentar serias dificultades para controlar la violencia y el crimen.
En sus ejemplos, destacaron a Brasil y México, países que se ubican entre los diez con el peor desempeño en el rubro del conflicto y la violencia, debido a los altos niveles de crimines perpetrados por actores no estatales como el narcotráfico, otros asuntos relaciones a las drogas.
“Ambos países obtienen una puntuación considerablemente mejor en las otras dimensiones de la impunidad, incluido el abuso de los derechos humanos, que se centra en las violaciones de los derechos humanos perpetradas por el estado, y la gobernanza irresponsable”, señalan.
Por ello sitúan a México como el quinto país del mundo con mayor índice de impunidad en dicha área.
- Abuso de derechos humanos: El Atlas de Impunidad sentencia que México, de la mano de Brasil y Colombia, ocupa el nivel 33 en cuanto al abuso de los derechos humanos, debido a una “falta sistémica de igualdad de trato legal y altos niveles de discriminación”.
Asimismo, acusan que México y Colombia tienen una puntuación baja en el rubro de las desapariciones por “motivos políticos”. En general, la problemática de América Latina se determinó en los problemas de inestabilidad política, corrupción y derechos humanos.
En cuanto al país peor evaluado en el continente, destacó Venezuela, que es, según el Atlas, especialmente afectado por la impunidad, ocupando el puesto número 11 en su ranking, en gran parte, “como resultado del gobierno autoritario de Nicolás Maduro, quien ha intensificado la represión incluso cuando adopta un enfoque más pragmático de la economía”.
El documento recuerda que la impunidad es “el ejercicio del poder sin rendición de cuentas, que se convierte, en su forma más descarnada, en la comisión de delitos sin castigo”.
- Los problemas de México: A un rango más nacional, Impunidad Cero, Reportes Sin Fronteras, Human Rights Watch, entre otros, han destacado que diversas problemáticas siguen imperando en el país, especialmente, los homicidios dolosos, feminicidios, narcotráfico y los ataques a la prensa mexicana.
El año pasado, se destacó como el año más mortífero para los comunicadores del país, incluso, se le llamó el “país en paz”, es decir, fuera de conflictos con otras naciones, más peligroso para los profesionales de la información, concentrando el 20 por ciento de los asesinatos a periodistas, a nivel global.
“México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Lo único importante es la oportunidad de recordar a los gobiernos y la sociedad que el periodismo, el derecho a la información y la democracia están en riesgo”, confesó.
Por otro lado, el informe sobre Violencia contra las Mujeres del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), confirmó que los feminicidios siguen a la alza, con un promedio de siete mujeres asesinadas al día, superando los registros de diciembre de 2022 y enero de 2021.
Y, pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ha promovido que toda muerte de mujeres deba investigarse bajo protocolo de feminicidio, apenas el 27 por ciento de los fallecimientos registrados fueron analizados de tal manera, durante el año 2021.
Por otro lado, las desapariciones forzadas que llegan a miles de casos, la trata de personas con fines de explotación sexual, y otros crímenes, siguen preocupando a la población mexicana, pues las principales víctimas van desde los más grandes, hasta niños y niñas.
Altos niveles de violencia e impunidad que imperan en México
A pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha asegurado que el “abrazos, no balazos” es la política de seguridad de su gobierno, Human Rights Watch (HRW) expresó su preocupación por los altos niveles de violencia e impunidad que imperan actualmente en México.
- Y es que en su “Informe Mundial 2023: Tendencias de los derechos en México”, la organización de derechos humanos no gubernamental señaló que bajo el mandato de AMLO se registran en el país 28 homicidios por cada 100 mil habitantes, lo que representa un récord histórico.
Incluso, subrayó que cerca del 90% de los crímenes no son denunciados, un tercio de los denunciados nunca son investigados y solo 16% de los que se indagan son resueltos en acuerdos prejudiciales o en tribunales, de acuerdo con datos tomados del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
“Las autoridades esclarecieron poco más del 1% de todos los crímenes cometidos en 2021″
Precisó que los casos más graves son los de las desapariciones, con más de 36 mil desaparecidos durante el mandato de López Obrador, quien llegó al poder desde diciembre de 2018. Cabe mencionar que estos casos muy raramente se investigan.
- El informe también destacó que México es uno de los países “más peligrosos del mundo para periodistas y defensores de derechos humanos”. Quince de estos profesionistas fueron asesinados entre enero y septiembre, y doce activistas en el primer semestre; en ambos casos, estos hechos “son raramente investigados o perseguidos”.
“Si bien las autoridades a menudo atribuyen esta violencia a cárteles delictivos, la mayoría de los delitos no se investigan y nunca se identifica ni se enjuicia a los responsables”
- Sobre el papel del Ejército, se recordó que López Obrador, quien antes de llegar al gobierno era partidario de que los militares regresaran a los cuarteles, en 2022 cambió de opinión e impulsó una reforma constitucional para que las Fuerzas Armadas puedan cumplir labores de seguridad pública hasta 2028.
Pero la tortura es “ampliamente practicada” tanto por la Policía como la fiscalía y el Ejército para obtener confesiones y extraer información, mientras que el sistema judicial “normalmente no logra garantizar el debido proceso” a los detenidos.
- Esto ha provocado que las prisiones están llenas de reos preventivos, que suponían en 2020 un 85% de los reclusos, porque lo más habitual es que los tribunales así lo ordenen para cada sospechoso sin sopesar las circunstancias de cada caso, “violando así los estándares internacionales”; aunado a que las cárceles están sobrepobladas y son “insanas”.
Además, AMLO dio a los militares numerosas responsabilidades del poder civil desde control migratorio al aduanero, pasando por programas sociales u obras públicas, dándoles el poder de detener civiles e investigar crímenes “algo que en el pasado contribuyó a atropellos de derechos humanos”, según la organización.
En el capítulo migratorio, México pasa por ser el agente principal de la “tercerización” de las políticas de Estados Unidos: en 2021, las autoridades detuvieron a más de 307 mil migrantes, la cifra más alta nunca registrada, y que fueron enviados a centros de detención “notablemente superpoblados e insalubres”, donde además muchos “son a menudo presionados para el retorno a sus países”.
Prácticamente los únicos capítulos donde el informe de HRW reconoce algún avance en México son los derechos sexuales, con varios estados que han legalizado el matrimonio homosexual o que han facilitado los procesos de cambios de sexo para personas trans a nivel administrativo.
A pesar de la militarización que vive el país y el incremento del poder de fuego y económico del Ejército mexicano en la administración de Andrés Manuel López Obrador, la impunidad persiste en los tres niveles de gobierno. Y es que en los últimos seis años únicamente siete de cada 100 casos de homicidios dolosos registrados a nivel nacional han sido esclarecidos por las autoridades estatales y federales, es decir, lograron una sentencia condenatoria; el resto siguen en la Impunidad por diferentes razones
- La organización civil Impunidad Cero, reveló —en su quinta edición de “Impunidad en Homicidio Doloso y Feminicidio 2022″— que la mayoría de este tipo de delitos se quedan sin resolver por falta de calidad en los datos que se proporcionan por las fiscalías de los estados, sobrecarga de trabajo en las policías de investigación, así como irregularidades que se cometen en los Ministerios Públicos de todo el país y que complican los procesos judiciales.
- De acuerdo con el estudio, las entidades con mayores tasas de víctimas de homicidios intencionales registradas por cada cien mil habitantes fueron Zacatecas con 97.6%, Baja California 82.5%, Colima 65.7%, Chihuahua 64.6% y Sonora 63.4%.
En tanto, los estados con mayor índice de impunidad acumulada desde 2016 por feminicidio fueron Oaxaca que tiene 100%, es decir, no ha logrado resolver ningún asesinato, también ocupa la primera posición Tlaxcala con 100%, le sigue Chihuahua 98.8%, Colima 92.1% y Puebla 88.7%. En contraste, entre los estados con menor nivel de impunidad acumulada en homicidio doloso destacan Yucatán, 38.5%; Aguascalientes, 58.1%; Querétaro, 69%; la Ciudad de México, 69.6%; y Coahuila, 70.9%.
En conferencia de prensa, Juan Antonio Le Clercq, coordinador del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CESIJ) de la Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP), aseguró que estas cifras revelan que la estrategia de seguridad en México “no ha funcionado”, al contrario, agregó que los niveles de impunidad persisten en territorio nacional.
“Estamos en un momento crítico donde deberíamos revisar que la estrategia, no solo de este sexenio, sino de toda una década, no ha funcionado”, aseveró el especialista en seguridad pública.
Hay “ausencia” de perspectiva de Estado
Por otro lado, el centro de análisis México Evalúa presentó un informe donde asegura que solo tres de cada 100 homicidios dolosos se resuelven en el sistema de justicia penal mexicano.
- El reporte advierte “clara ausencia” de perspectiva de Estado para formar o fortalecer instituciones, renuencia para invertir en la justicia penal y consolidarla, así como abandono de los esfuerzos para cerrar los espacios de impunidad y acceso a la justicia.
- En el informe “Hallazgos 2021” el centro de análisis da seguimiento y evalúa el sistema de justicia penal en México seis años después de la entrada en vigor a nivel nacional de las reformas al sistema de justicia penal (SJP).
Por primera vez, el reporte incluyó un cálculo de impunidad estatal en delitos específicos, lo que reveló que la desaparición forzada (98.9 por ciento), la extorsión (98.2 por ciento), la violencia familiar (97.1 por ciento) y el homicidio doloso (96.9 por ciento) son los de mayor incidencia en el país.
Además, el análisis de México Evalúa señaló la insuficiencia de presupuesto para las instituciones así como las asimetrías evidenciadas por la distribución y la sobrecarga de trabajo de los operadores, lo que determina, “en gran medida”, que el 91.8 por ciento de los delitos investigados en el país queden impunes.
“El presupuesto no garantiza el éxito de una institución, pero sí lo condiciona. Sin recursos suficientes, ninguna institución de justicia podrá mejorar su capacidad de respuesta para la ciudadanía, la impunidad seguirá escalando y tendremos un Estado de derecho aún más débil”, comentó Edna Jaime, directora general de México Evalúa.
- El informe detalla que en 2021 el presupuesto a nivel estatal aumentó solo 0.07 por ciento con respecto a 2020.
- De ese presupuesto, el 50 por ciento se destinó a seguridad pública, 26 por ciento a las fiscalías, 22 por ciento a los poderes judiciales, 2 por ciento a las defensorías y apenas 0.43 por ciento a las comisiones de atención a víctimas.
- Aunado a ello, resalta que las personas que trabajan en las instituciones del sistema de justicia penal enfrentan una importante sobrecarga de trabajo.
En 2021, cada ministerio público llevó, en promedio, 169 carpetas de investigación a nivel nacional, cada perito atendió 356 solicitudes, cada defensor público representó a 271 personas y cada asesor de víctimas a 175.
- Por otro lado, “Hallazgos” llama la atención sobre la fallida transición de la Fiscalía General de la República, la apuesta por un enfoque punitivo mediante un mayor uso de la prisión oficiosa y la militarización de la seguridad pública.
- Entre sus datos recoge que actualmente 94 mil elementos de las Fuerzas Armadas son parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, y solo 29 por ciento del personal de la Guardia Nacional cuenta con certificación de capacidades y aptitudes para realizar funciones públicas.
- Y es justo la Guardia Nacional, creada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el cuerpo policial que acumula más quejas por violaciones a los derechos humanos: 350 en 2020, 504 en 2021 y 255 con corte a junio de 2022.
“Es urgente replantear las prioridades, fortalecer a las instituciones, dignificar a los operadores y colaborar con la sociedad para construir soluciones”, apuntó Chrístel Rosales, coordinadora del programa de justicia de México Evalúa tras la presentación del informe./PUNTOporPUNTO
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