El presidente Andrés Manuel López Obrador se ha dedicado sistemáticamente a destruir a las instituciones públicas que actúan como contrapeso al Poder Ejecutivo y que son necesarias para el desarrollo de México y una democracia efectiva.
- A esta conclusión llegó la organización Signos Vitales, presidida por Enrique Cárdenas, exrector de la Universidad de las Américas Puebla.
En el informe “Balance Negativo: los derechos humanos en México” se determinó que la actuación del gobierno federal poco ha hecho para garantizar la justicia en el país y, por el contrario, impone políticas que sólo han debilitado la actuación institucional y ha impedido la construcción y consolidación de las que existen.
- “El actual gobierno federal ha hecho un esfuerzo sistemático para debilitar los contrapesos institucionales, así como para destruir capacidades del gobierno y desaparecer a los organismos que podrían y debían brindar equilibrios que toda democracia debe tener y que son imprescindibles para el desarrollo”, señala el informe.
- Aunque María Elena Morera, quien forma parte del Comité Ejecutivo de Signos Vitales, reconoció que el problema de la violación a los derechos humanos no es nueva en México, este gobierno ha sido complaciente, incluso omiso, en la persecución de la delincuencia.
- La activista criticó la estrategia de “abrazos, no balazos” del gobierno de López Obrador, enfocada en combatir las causas de fondo que generan la violencia, pues consideró que no rinde los resultados necesarios; al contrario, la violencia sigue en auge.
A su vez, lamentó la militarización de la Guardia Nacional, pese a que el carácter de su formación es civil y alertó sobre el empoderamiento de las Fuerzas Armadas para diversas tareas y que puede contribuir al engrosamiento de la corrupción.
“(El gobierno de López Obrador) será recordado por no perseguir a los criminales”, sostuvo Morera.
De acuerdo con Signos Vitales, del año 2018 al 2020, se ha registrado la mayor cantidad de homicidios dolosos en la historia de México con 33,740, 34,689 y 34,558 homicidios dolosos, respectivamente; de mantenerse la tendencia, 2021 podría ser el más violento.
“El escenario que deja la desatención y el poco acatamiento de los derechos humanos por parte del gobierno mexicano obliga a formar alianzas estratégicas para exigir, de manera mucho más contundente, el respeto pleno a los derechos que cada individuo tiene”, apuntó.
Corrupción pone en riesgo la independencia del poder judicial
El relator especial de Naciones Unidas sobre independencia de magistrados y jueces, Diego García Sayán, advirtió que uno de los principales riesgos para la independencia del Poder Judicial y su consiguiente efecto en las democracias en la región es la corrupción. Durante su participación en el seminario Independencia Judicial en México y Centroamérica, comentó que este fenómeno se ha constituido en un “poder fáctico” que favorece la impunidad en este tipo de casos.
- Mario López Garelli, asesor del secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, reconoció que en algunos países de la región se resienten presiones del crimen organizado y de organizaciones políticas que tienden a debilitar la independencia del Poder Judicial. Aseveró que hay otros factores, como la falta de recursos económicos, que impiden que éste realice sus funciones y facilite el acceso a la justicia.
- García Sayán destacó la importancia de contar con un poder judicial en el funcionamiento de las democracias latinoamericanas, de ahí la necesidad de consolidar su independencia frente al poder político y los poderes fácticos. Se estima que el peso de la corrupción en el mundo equivale a 2 por ciento del producto interno bruto, de ahí que se requiera blindar los poderes judiciales de la injerencia que podría tener en las resoluciones y que éstas permitan, a su vez, sancionar casos de corrupción.
“Si quieren que el sistema judicial funcione para enfrentar la corrupción, tiene que ser independiente para que prevalezca el interés social”. Reconoció que hay entornos políticos muy polarizados en esta región que complican los procesos de designación de jueces y magistrados, lo que “decididamente afecta las instituciones” y puede repercutir en la independencia del Poder Judicial. Llamó a mejorar estos esquemas de designación porque de lo contrario repercute en detrimento del acceso a la justicia de grupos más pobres o comunidades indígenas.
Durante el seminario organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, García refirió los efectos que ha tenido la pandemia en la región, que entre otros aspectos ha dificultado el acceso a la justicia, el incremento de la pobreza y el desempleo./Agencias-PUNTOporPUNTO
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reporte-4-2021
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