A pesar de la militarización que vive el país y el incremento del poder de fuego y económico del Ejército mexicano en la administración de Andrés Manuel López Obrador, la impunidad persiste en los tres niveles de gobierno. Y es que en los últimos seis años únicamente siete de cada 100 casos de homicidios dolosos registrados a nivel nacional han sido esclarecidos por las autoridades estatales y federales, es decir, lograron una sentencia condenatoria; el resto siguen en la Impunidad por diferentes razones
- La organización civil Impunidad Cero, reveló —en su quinta edición de “Impunidad en Homicidio Doloso y Feminicidio 2022″— que la mayoría de este tipo de delitos se quedan sin resolver por falta de calidad en los datos que se proporcionan por las fiscalías de los estados, sobrecarga de trabajo en las policías de investigación, así como irregularidades que se cometen en los Ministerios Públicos de todo el país y que complican los procesos judiciales.
- De acuerdo con el estudio, las entidades con mayores tasas de víctimas de homicidios intencionales registradas por cada cien mil habitantes fueron Zacatecas con 97.6%, Baja California 82.5%, Colima 65.7%, Chihuahua 64.6% y Sonora 63.4%.
En tanto, los estados con mayor índice de impunidad acumulada desde 2016 por feminicidio fueron Oaxaca que tiene 100%, es decir, no ha logrado resolver ningún asesinato, también ocupa la primera posición Tlaxcala con 100%, le sigue Chihuahua 98.8%, Colima 92.1% y Puebla 88.7%. En contraste, entre los estados con menor nivel de impunidad acumulada en homicidio doloso destacan Yucatán, 38.5%; Aguascalientes, 58.1%; Querétaro, 69%; la Ciudad de México, 69.6%; y Coahuila, 70.9%.
En conferencia de prensa, Juan Antonio Le Clercq, coordinador del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CESIJ) de la Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP), aseguró que estas cifras revelan que la estrategia de seguridad en México “no ha funcionado”, al contrario, agregó que los niveles de impunidad persisten en territorio nacional.
“Estamos en un momento crítico donde deberíamos revisar que la estrategia, no solo de este sexenio, sino de toda una década, no ha funcionado”, aseveró el especialista en seguridad pública.
Feminicidios no se castigan y no se investigan
La oenegé precisó que la impunidad acumulada para feminicidios desde 2016 a 2021 a nivel nacional es de 56.6%, es decir, menos de la mitad de las investigaciones iniciadas por feminicidio en el periodo del nuevo sistema de justicia penal han tenido una sentencia condenatoria. Además precisó que solo dos de cada 10 muertes violentas de mujeres el año pasado se indagaron como “asesinato de una mujer por violencia de género.
“Con esto podemos observar que menos de la mitad de los feminicidios registrados en el país han derivado en una sentencia condenatoria desde que comenzó a operar el sistema de justicia penal en 2016 y se comenzó a tipificar este delito en las procuradurías estatales”, explicó Monserrat López, analista de organización civil.
Esto pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que toda muerte violenta de una mujer debe investigarse como feminicidio. “Esto refleja los claros problemas de tipificación que existen en el país”, detalló López.
- Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp) precisa que durante 2021 se registraron tres mil 761 mujeres víctimas de homicidio doloso y feminicidio, esto equivale a 10.3 mujeres asesinadas diariamente. De ellas, 83% fueron mayores de 18 años, 6% fueron menores de 17 años y 11% corresponden a registros donde la edad de la víctima no fue especificada.
- En tanto, la tasa de agentes del Ministerio Público por 100 mil habitantes fue de 10.1, mientras que la tasa de policías de investigación fue de 12.5 y la tasa de peritos del Ministerio Público fue de 6.6. Cantidad insuficiente para documentar y almacenar las carpetas de investigación en todo el país.
La investigación se llevo a cabo mediante solicitudes de información a las fiscalías locales de los 32 estados del país, entrevistas con especialistas y consulta con personal de procuración de justicia de todo el país.
Hay “ausencia” de perspectiva de Estado
Solo tres de cada 100 homicidios dolosos se resuelven en el sistema de justicia penal mexicano, según un informe presentado por el centro de análisis México Evalúa.
- El reporte advierte “clara ausencia” de perspectiva de Estado para formar o fortalecer instituciones, renuencia para invertir en la justicia penal y consolidarla, así como abandono de los esfuerzos para cerrar los espacios de impunidad y acceso a la justicia.
- En el informe “Hallazgos 2021” el centro de análisis da seguimiento y evalúa el sistema de justicia penal en México seis años después de la entrada en vigor a nivel nacional de las reformas al sistema de justicia penal (SJP).
Por primera vez, el reporte incluyó un cálculo de impunidad estatal en delitos específicos, lo que reveló que la desaparición forzada (98.9 por ciento), la extorsión (98.2 por ciento), la violencia familiar (97.1 por ciento) y el homicidio doloso (96.9 por ciento) son los de mayor incidencia en el país.
Además, el análisis de México Evalúa señaló la insuficiencia de presupuesto para las instituciones así como las asimetrías evidenciadas por la distribución y la sobrecarga de trabajo de los operadores, lo que determina, “en gran medida”, que el 91.8 por ciento de los delitos investigados en el país queden impunes.
“El presupuesto no garantiza el éxito de una institución, pero sí lo condiciona. Sin recursos suficientes, ninguna institución de justicia podrá mejorar su capacidad de respuesta para la ciudadanía, la impunidad seguirá escalando y tendremos un Estado de derecho aún más débil”, comentó Edna Jaime, directora general de México Evalúa.
- El informe detalla que en 2021 el presupuesto a nivel estatal aumentó solo 0.07 por ciento con respecto a 2020.
- De ese presupuesto, el 50 por ciento se destinó a seguridad pública, 26 por ciento a las fiscalías, 22 por ciento a los poderes judiciales, 2 por ciento a las defensorías y apenas 0.43 por ciento a las comisiones de atención a víctimas.
- Aunado a ello, resalta que las personas que trabajan en las instituciones del sistema de justicia penal enfrentan una importante sobrecarga de trabajo.
En 2021, cada ministerio público llevó, en promedio, 169 carpetas de investigación a nivel nacional, cada perito atendió 356 solicitudes, cada defensor público representó a 271 personas y cada asesor de víctimas a 175.
- Por otro lado, “Hallazgos” llama la atención sobre la fallida transición de la Fiscalía General de la República, la apuesta por un enfoque punitivo mediante un mayor uso de la prisión oficiosa y la militarización de la seguridad pública.
- Entre sus datos recoge que actualmente 94 mil elementos de las Fuerzas Armadas son parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, y solo 29 por ciento del personal de la Guardia Nacional cuenta con certificación de capacidades y aptitudes para realizar funciones públicas.
- Y es justo la Guardia Nacional, creada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el cuerpo policial que acumula más quejas por violaciones a los derechos humanos: 350 en 2020, 504 en 2021 y 255 con corte a junio de 2022.
“Es urgente replantear las prioridades, fortalecer a las instituciones, dignificar a los operadores y colaborar con la sociedad para construir soluciones”, apuntó Chrístel Rosales, coordinadora del programa de justicia de México Evalúa tras la presentación del informe./PUNTOporPUNTO
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